El PP baraja incluir en el TC a un ex fiscal general de Rajoy para compensar el 'efecto Pumpido'
Los ‘populares’ sostienen que el nombramiento de Julián Sánchez Melgar no contradice su intención de despolitizar la Justicia
Sánchez Melgar durante una comparecencia en el Congreso. | Marta Fernández (Europa Press)
PP y PSOE están muy cerca de cerrar un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pacto incluye remozar otros órganos institucionales. Los de Alberto Núñez Feijóo han rebajado algunas de sus exigencias y están dispuestos a aceptar que el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido presida el Tribunal Constitucional, como pretenden los socialistas. Para compensarlo barajan incluir en el tribunal de garantías al magistrado Julián Sánchez Melgar, que fue fiscal general con Mariano Rajoy. Los populares sostienen que su nombramiento no contradice su intención de despolitizar la Justicia.
La situación de las instituciones judiciales es crítica. El mandado de los vocales del CGPJ lleva cuatro años caducado, es necesario renovar a los magistrados del Constitucional que corresponde designar al Consejo y al Ejecutivo (dos cada uno) y, como consecuencia de la reforma legislativa que impide a los vocales en funciones hacer nombramientos, el Supremo se encuentra al borde del colapso. Sin embargo, PSOE y PP solo retomaron las negociaciones tras la dimisión de Carlos Lesmes.
Los líderes de las principales fuerzas políticas acordaron desde un principio que la negociación del Constitucional y del CGPJ irían de la mano. Los mediadores del PP demandaron criterios de «idoneidad» para los candidatos y un cambio de modelo en la elección de los vocales del Consejo para que sean elegidos por los profesionales, como exige Europa. Han acordado que sus miembros redacten un informe no vinculante para acometer el cambio de sistema y que los jueces que entren en política no puedan regresar a la Justicia hasta dos años después de cesar.
La línea roja del PP
El PP mantiene la línea roja de no aceptar perfiles políticos en el nuevo CGPJ, lo que descarta a Victoria Rosell, la candidata que pretende incluir Podemos. La juez fue diputada nacional de la formación morada y ahora desempeña el cargo de delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Sin embargo, los populares estarían dispuestos a aceptar un escenario similar en el Tribunal Constitucional.
El PSOE quiere incluir en el acuerdo que Cándido Conde-Pumpido se convierta en el nuevo presidente del tribunal de garantías. Una opción que descartaban los populares por considerarlo un perfil demasiado político. No en vano, desempeñó el cargo de fiscal general entre 2004 y 2011 nombrado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Los magistrados conservadores valoraron votar por otra magistrada progresista, María Luisa Balaguer, aunque esa posibilidad se ha desinflado en los últimos días.
La opción Balaguer cobró fuerza porque se le considera una persona menos alineada con las tesis gubernamentales. Los magistrados conservadores llegaron a estar muy molestos con el jurista gallego porque les descalificó por votar en contra de los decretos del Estado de alarma, aunque luego se disculpó. Los socialistas no cejan en su empeño de promocionar a Conde-Pumpido. Tanto que el PP habría terminado por aceptar. Para contrarrestar ese movimiento, los de Feijóo barajan designar a Julián Sánchez Melgar a través de la plaza que les corresponde vía CGPJ.
Sánchez Melgar ocupó la Fiscalía General del Estado a finales de 2017. Lo nombró Mariano Rajoy para sustituir a José Manuel Maza, que murió de forma repentina en Argentina. El nuevo fiscal general apenas duró seis meses en el cargo. La moción de censura que desalojó al PP de La Moncloa le obligó a hacer las maletas. Pedro Sánchez designó primero a María José Segarra y más tarde a Dolores Delgado, que había sido su ministra de Justicia.
La fiscal Delgado
El PP se aferra a ese nombramiento para legitimar la promoción de Sánchez Melgar, que es magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo. Los populares sostienen que el cargo de fiscal general nunca ha sido político, aunque lo nombre el Gobierno de turno. Comenzó a serlo, alegan, desde que Sánchez designó a Delgado en febrero de 2020.
Otras fuentes consultadas por THE OBJECTIVE explican que hace años que existe un pacto no escrito para que los magistrados conservadores voten a la persona que elija el Gobierno. Una contrapartida por el apoyo de los jueces progresistas a Pedro González-Trevijano, que fue elegido presidente del Constitucional por unanimidad en noviembre del año pasado.
El nombre que baraja el PP nació en Palencia hace 67 años. Ingresó en la carrera judicial en 1983 y ascendió a magistrado cuatro años después por el turno de pruebas selectivas. Estuvo destinado en la Audiencia Territorial de Barcelona y fue Decano de los Juzgados de Santander. Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, ha presidido también la Audiencia Provincial de Ávila. Ingresó en el Supremo en el 2000. Fue ponente de la doctrina Parot y como fiscal, siguió la estela de Maza querellándose contra los responsables del procés.
Los nuevos nombramientos supondrán una mayoría progresista en el Constitucional. Los populares consideran que Sánchez Melgar ejercería de contrapeso a Conde-Pumpido, cuya designación toma especial relevancia para los socialistas porque ese órgano debe pronunciarse sobre temas tan sensibles como el ingreso en prisión de José Antonio Griñán, la ley Celáa, la de eutanasia, la del aborto, la de Memoria Democrática o la norma catalana que ataca el uso del español en las aulas.
