Pilar Llop defiende la 'ley del solo sí es sí' pero evita aclarar si Justicia fijó las penas
Podemos derivó la responsabilidad a su ministerio a pesar de que la nueva norma fue alumbrada desde la cartera de Igualdad
La ministra de Justicia, Pilar Llop, en el Congreso. | Alberto Ortega (Europa Press)
PSOE y Podemos mantienen el fuego cruzado a propósito de la ley del solo sí es sí. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha evitado aclarar este martes si el departamento que lidera fue el que estableció la horquilla de penas que ha favorecido la rebaja de 17 condenas por delitos sexuales y hasta cinco excarcelaciones. Hace apenas 24 horas, la formación morada derivó la responsabilidad a Justicia, a pesar de que la nueva norma fue alumbrada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.
Llop ha recordado que cuando se gestó no formaba parte del Gobierno. «Yo no estaba en el Consejo de Ministros, pero es evidente que comparto que se trata de una buena ley», ha afirmado tras presentar la partida de Justicia en el Congreso de los Diputados. El diputado del PP Luis Santamaría le ha reprochado haber mantenido hasta ahora «un silencio atronador».
La ley del solo sí es sí se originó a raíz de la polémica suscitada por el caso de La Manada. Con la nueva normativa desaparece el abuso sexual, aunque eso no quiere decir que se despenalice, sino que se equipara con el delito de agresión sexual. Desde su entrada en vigor en octubre se castiga a toda aquella persona que «realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra sin su consentimiento».
Llop pide calma
Ese cambio ha supuesto que se hayan redefinido las penas, que oscilan entre uno y cuatro años para las infracciones leves hasta una condena de 1o a 15 años para los delitos agravados. El cambio legislativo ha disminuido los tramos de pena mínima, lo que ha permitido que muchos condenados por un delito contra la libertad sexual soliciten una revisión a la baja de sus sentencias, ya que se debe aplicar la norma más favorable al reo, aunque sea con carácter retroactivo, según establece el artículo 2.2 del Código Penal.
La ministra asume que este escenario ha generado un debate. Lo ha calificado de «estrictamente jurídico» ya que versa sobre la aplicación de las penas con la entrada en vigor de la norma. Llop ha esquivado la polémica al no aclarar quién fijo las penas de la nueva norma. En cambio ha mandado «un mensaje de calma y tranquilidad» a las víctimas.
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que el sector socialista del Ejecutivo quiso reducir la condena máxima de 15 a 12,5 años, algo a lo que se negó Montero. En el resto de Europa las sanciones son levemente inferiores a las de nuestro país: solo en Francia y Reino Unido los casos más graves se castigan con penas de la misma intensidad.
«Es una ley compleja que lo que hace es cambiar absolutamente el modelo que teníamos en materia de delitos sexuales al incorporar lo que antes eran abusos sexuales, atentados contra la libertad sexual sin violencia ni intimidación, dentro del concepto de agresión sexual, y lo que se ha hecho es ampliar la horquilla penológica», ha explicado la ministra.
El papel de la Fiscalía
Llop ha destacado el decreto emitido por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que insta a no rebajar las penas que sigan vigentes. Una decisión que el PP ha tachado de errónea. «¿Han perdido el juicio político por completo? Sánchez ordena al fiscal general, que él mismo ha nombrado, que de una instrucción contraria a la ley que él mismo ha aprobado. Todo para intentar tapar el bochorno del desaguisado de la ley del solo sí es sí. Tapar un error con otro», ha escrito en su perfil de Twitter el senador Javier Maroto.
La ministra ha invitado a «ser prudentes» porque en los próximos días se pronunciará el Tribunal Supremo, que va a establecer unos criterios de carácter interpretativo «o lo resolverá si le llega algún tipo de revisión de sentencia, algún recurso». Llop ha insistido en que del alto tribunal espera lo mismo que de todos los poderes públicos, «que se remuevan todos los obstáculos que impiden o dificultan la plenitud de la libertad y la seguridad de los derechos de las mujeres».
«Lo importante es centrarnos en las víctimas, en su protección, que es lo que hace esta ley», ha insistido Llop. La titular de Justicia ha puesto de relieve que la Fiscalía también haya subrayado la «dimensión victimológica» frente a la «dimensión punitiva» de la norma que entró en vigor en octubre. Ha lanzado, además, un mensaje a Podemos al reconocer el esfuerzo de los jueces por la aplicación de la ley del solo sí es sí.
La semana pasada, Montero demandó una formación específica de la judicatura para «la correcta aplicación» de la norma. El PP exigió el cese de la minsitra porque es «pura soberbia y pura ideología» y está dejando «menos protegida» a la sociedad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió al paso de las críticas. Descartó una reforma inmediata de la ley y exhortó a esperar a que los tribunales «unifiquen su criterio y la doctrina».
«Tenemos 106 juzgados exclusivos y 355 compatibles en toda España en materia de violencia sobre la mujer que trabajan diariamente, que se dejan la piel por la protección y la seguridad de las mujeres», ha recalcado Llop. La ministra también ha puesto de relevancia el Pacto de Estado renovado este año por todas las fuerzas políticas excepto Vox, a la que ha señalado como una organización «de carácter reaccionario».
