Los expertos avisan de que cambiar el 'sí es sí' como dice el Gobierno sería inconstitucional

La ley del solo sí es sí hace aguas. Apenas lleva cinco semanas en vigor, pero ya ha generado un goteo de revisiones a la baja de las sentencias. Cinco condenados han sido, incluso, excarcelados. La nueva norma homogeneiza los delitos de abuso y agresión y rebaja el tipo mínimo de la pena. Los violadores aprovechan la ola para pedir que se les aplique el principio de retroactividad al ser una normativa más beneficiosa para el reo. El Gobierno se ha mostrado dispuesto a modificarla para cerrarles el grifo, aunque los expertos avisan de que los mecanismos que plantea pueden resultar inconstitucionales.

De momento, una veintena de condenados por agresión sexual ha conseguido reducir la pena. Estas rebajas han generado un clima de alarma social. Los abogados consultados por THE OBJECTIVE tranquilizan a la sociedad porque «los beneficiados no son tantos». Aun así, el Gobierno ha salido al paso anunciando que pondrá remedio. Abrió la veda la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el martes aseguró que estaban estudiando fórmulas para modificar de nuevo el Código Penal.

La reforma que entró en vigor en octubre unifica los delitos de abuso y agresión sexual e introduce nuevas tipificaciones, al rebajar la pena mínima de ocho a seis años. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya alertó en febrero del año pasado en el punto 245 de su informe preceptivo sobre el anteproyecto de la norma que la reforma comportaría revisiones de las condenas máximas establecidas.

División en el Gobierno

Los expertos sostienen que, para remediarlo, habría bastado con incluir una disposición transitoria. De esa manera se habría establecido el procedimiento a seguir en aquellos casos que ya cuentan con una condena en firme. Como la ley del solo sí es sí no dice nada al respecto, automáticamente se aplica la norma más favorable al reo, aunque sea con carácter retroactivo, como establece el artículo 2.2 del Código Penal.

Solventar ahora el problema a través de una disposición, ya sea transitoria o adicional, puede suponer un problema. «Tratar de enmendar, añadir o cambiar un párrafo puede resultar inconstitucional», afirma el penalista Alfredo Arrien, abogado en Paredes y Asociados. «Las normas no se pueden revisar a excepción de que sea más beneficiosa para el reo. Si se cambia una coma, tendrá poco recorrido: el Tribunal Constitucional lo tumbará», insiste el letrado.

Una visión que comparte Félix Pedreira, profesor de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. En su opinión, el problema que ha generado la ley del solo sí es sí no se puede subsanar con una disposición transitoria porque «el Constitucional diría que se está dejando de aplicar el principio de legalidad, que es la base del Estado de derecho».

El Gobierno está dividido con la fórmula que debe utilizar para paliar las consecuencias de la ley del solo sí es sí. La impulsora de la norma, la ministra de Igualdad, Irene Montero, defiende que el problema no es la ley, sino su aplicación y «una interpretación voluntarista judicial en contra de los avances del feminismo». Deriva la responsabilidad a un poder judicial «machista» que está aplicando incorrectamente la normativa. Unas palabras que ha reprobado el CGPJ, que considera «intolerables» esos ataques.

«Unificar doctrina»

Montero demanda una formación específica de los jueces para la correcta aplicación de la norma. El PP ha exigido cesar a la ministra de Igualdad porque es «pura soberbia y pura ideología» y está dejando «menos protegida» a la sociedad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido al paso de las críticas. Descarta una reforma inmediata de la ley y exhorta a esperar a que los tribunales «unifiquen su criterio y la doctrina».

«La posición de Pedro Sánchez es la más sensata», reconoce Alfredo Arrien. En su opinión, el Tribunal Supremo puede sentar doctrina a través de una Sentencia de Unificación de Doctrina porque «el poder ejecutivo no puede intervenir en el judicial». El abogado afirma que, como marca el artículo 1.6 del Código Penal, «la ley y la costumbre» también generan jurisprudencia.

La única forma de evitar que los condenados se acojan a una reducción de las sentencias sería cambiar la normativa. Aun así, los condenados podrían pedir que se les aplicara la ley del solo sí es sí. Incluso si ha sido derogada. Lo harían en virtud de la llamada ley penal intermedia, aquella que está en vigor cuando se comete el delito. «Los trámites ya no se paralizan, se tiene que aplicar si la nueva ley es más desfavorable», insiste Pedreira, profesor de Derecho Penal.

«Hay que hacer una reforma de la reforma. Una disposición transitoria puede dejar sin efecto la ley, pero solo desde el día en que se publica», señala Alfonso Galán, Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Otras medidas que pretendan tener efectos retroactivos pueden conllevar el riesgo de que se declaren inconstitucionales. Destaca que, aunque ha saltado la alarma social, los beneficiados son «pocos» y que, hasta ahora, las penas por delitos sexuales en España «eran muy altas, casi como las de homicidio».