El Congreso da el primer paso para suprimir el delito de sedición

La propuesta del PSOE y Unidas Podemos para suprimir el delito de sedición se abrirá definitivamente paso en el Congreso, que esta noche ha apoyado tramitar la iniciativa después de un agrio debate repleto de críticas al Ejecutivo por parte de la oposición, que la considera un pago al independentismo.

Al filo de la 1 de la madrugada, tras una maratoniana jornada parlamentaria en la que el Gobierno ha conseguido sacar adelante los Presupuestos Generales de 2023, la cámara baja ha apoyado la toma en consideración de la iniciativa, con 187 votos a favor, 155 en contra y seis abstenciones que los diputados han ido anunciando uno a uno y a viva voz.

El PSOE y Unidas Podemos han defendido su propuesta de suprimir el delito de sedición, reivindicando la apuesta por el diálogo y la convivencia del Gobierno en Cataluña frente a la «cultura del no por bandera» del Partido Popular. El diputado del PSC Francisco Aranda y el presidente del grupo de Unidas Podemos en la cámara baja, Jaume Asens, han sido los encargados de defender la proposición de ley que aboga por convertir el delito de sedición en «desórdenes públicos agravados», con una rebaja de 15 a 5 años de la pena máxima de prisión, y que contempla hasta ocho años de inhabilitación.

En un discurso eminentemente dirigido a la bancada popular, el diputado socialista Aranda ha reivindicado la apuesta por la convivencia y el diálogo que, según él, realiza el Gobierno de Pedro Sánchez frente a la falta de alternativas ofrecidas por el PP. «Digánme: ¿qué ofrecen? No ya a los españoles; a los catalanes. ¿Qué ofrecen? Yo se lo digo: nada«, ha espetado el diputado a la bancada popular, a quien ha reprochado estar instalada en el 2017, cuando tuvo lugar el proceso independentista catalán por el que fueron juzgados algunos líderes catalanes.

No menos agresiva ha sido la intervención del diputado de Unidas Podemos Jaume Asens, quien, aparte de al PP, ha lanzado también duras criticas contra JxCat, a quien ha acusado de estar «alejado de la realidad» y de «atentar contra la inteligencia» de la gente. Según Asens, no es cierto lo que ha dicho ni JxCat ni ANC de esta reforma: ha asegurado que no es un acto de «renuncia y traición a Cataluña» y ha dejado claro que no aceptan «lecciones de nada».

«Recordamos cuando se llamaban CiU y apoyaban los recortes del PP y criminalizaban las protestas», ha indicado, y ha añadido: «Ustedes no se solidarizaron con nosotros; nosotros sí con ustedes». El diputad morado, que considera la sedición una «reliquia del pasado llena de polvo», ha defendido que esta reforma política es «un paso importante para recuperar la normalidad democrática en Cataluña» y «desjudicializar el conflicto», y ha señalado que borrar la sedición del Código Penal es una «cuestión de higiene democrática».

Gamarra carga contra una reforma «hecha para los golpistas»

La respuesta del PP también ha seguido ese camino de confrontación que ha afectado a toda la sesión parlamentaria. La portavoz de la formación el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha reprochado esta noche al Gobierno la «tramposa y fraudulenta» propuesta de reforma del delito de sedición, hecha «al dictado de Junqueras y a la medida de los golpistas», en alusión a los condenados por el «procés».

Gamarra ha hecho una durísima intervención en la que ha calificado la iniciativa de los socios del Gobierno de «vergonzante» y ha dicho que si la propuesta es «tan importante» y tan «europea», ¿por qué no viene el presidente Pedro Sánchez a defenderla». «Hace mucho que enterraron a Montesquieu y desenterraron a Maquiavelo», les ha espetado Gamarra a PSOE y Unidas Podemos antes de querer rebatir uno de los argumentos que defienden los proponentes: que se quiere homologar este delito con Europa.

Según Gamarra, en muchos países europeos están establecidas duras condenas para quienes atentan contra el orden constitucional. Y ha insistido: «ustedes han asumido todos los argumentos de los condenados por sedición, se han convertido en sus abogados defensores y tratan de engañar con la legalidad de esta reforma que favorece a personas con nombres y apellidos que todos conocemos».

Además, ha criticado que el PSOE no se haya tomado este debate con «un poquito más de interés» y ha lamentado el discurso de su portavoz en el debate, Francisco Aranda, al tiempo que ha incidido en que hoy no se habla de «convivencias sino de connivencias», ya que tras la aprobación de los presupuestos con el apoyo de ERC y de Bildu también «hoy es el día de cobro». «Sus socios exigen pagos al contado», ha recalcado antes de enfatizar: «entregan la dignidad de España y España no se va a olvidar»

Sánchez defiende su reforma

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado antes de que iniciara la sesión parlamentaria que el Estado de derecho «continuará teniendo herramientas para defenderse» tras la supresión del delito de sedición y su sustitución por un delito de desórdenes públicos agravados, y ha aludido al artículo 155 de la Constitución. En concreto, Sánchez ha defendido que existe una «triple garantía» ante amenazas al orden constitucional, dado que se puede aplicar el artículo 155 del Código Penal y habrá penas homologables a la justicia europea.

«Tenemos que extraer lecciones de lo que nos ocurrió en 2017. La política tiene instrumentos, el diálogo y el reencuentro. La Constitución cuenta con un instrumento que es el artículo 155 ante cualquier intento de violentar el orden constitucional y la integridad territorial, como se produjo bajo la administración del PP», ha afirmado Sánchez en declaraciones a los periodistas desde el Congreso.

Sánchez no ha aclarado si hay margen para reformar también el delito de malversación: «Ahora corresponde a la tramitación parlamentaria», y ha argumentado que su voluntad como presidente es homologar el Código Penal a los estándares de las democracias europeas. La misma respuesta ha dado al ser preguntado a qué se debe el cambio por el que finalmente se suprimirá la sedición, mientras que al ser cuestionado sobre su compromiso de traer al expresident Carles Puigdemont a España ha señalado que eso «corresponde a la Justicia» y no solo a la española sino también a la europea.