El expresidente del Constitucional de Perú avisa: «Puede suceder lo mismo en España»
Ernesto Álvarez denuncia que todo «extremista de izquierdas» desea controlar el TC para permitir «cualquier dislate y la destrucción del Estado de Derecho»
El expresidente del Tribunal Constitucional de Perú, Ernesto Álvarez Miranda. | Cedida
El Congreso de Perú se encontraba votando este jueves una moción de vacancia -como se denomina en el Parlamento peruano a la moción de censura- contra su presidente, Pedro Castillo. Para evitar que prosperase, el ya expresidente ordenó la disolución del Congreso y decretó un gobierno de excepción para ostentar el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Un golpe de Estado «en toda regla», según el expresidente del Tribunal Constitucional del país, Ernesto Álvarez Miranda, que conversa con THE OBJECTIVE sobre lo sucedido en el país latinoamericano, su futuro inmediato y qué conclusiones podemos extraer en España.
«La conformación misma de la forma de gobierno en Perú es un presidencialismo matizado, con algunas instituciones parlamentarias como la moción de vacancia por incapacidad moral permanente», explica el actual decano de la facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Esta -la moción de vacancia- «es una pequeña puerta que la Constitución peruana ha dejado para la eventualidad de que se demuestre la indignidad de la persona que es jefe de Estado y de Gobierno».
Pero el caso es que Castillo, ganador de las elecciones hace año y medio, creyó que prosperaría su método expeditivo para neutralizar la moción de vacancia. Pero sus planes fracasaron: tenía en contra a su propio partido, a algunos de sus ministros, a la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional y las Fuerzas Armadas. También le ignoró el Congreso, que aprobó por mayoría la moción con 101 votos a favor de 130 en total. Tras la votación, la abogada izquierdista Dina Boluarte fue nombrada presidenta. Y Pedro Castillo permanece detenido después de que se le hayan abierto diligencias por rebelión y conspiración.
La moción que se planteó contra Castillo se fundamenta en que, según explica Álvarez Miranda, «desde que fue electo, comenzó a reunirse con gente de mala reputación en Breña (Lima) y repartió dádivas como si se tratase de una serie de humor italiana en la que todos aceptan la inmoralidad del alcalde del pueblo y participan de ella. Hasta la esposa y la hija adoptiva repartieron porciones del presupuesto en algunas pequeñas localidades de la sierra peruana». Esto motivó que distintos periodistas y políticos cercanos al presidente peruano destapasen su entramado de corrupción, y se desvincularan de él.
También se han desvinculado de él los dirigentes de Unidas Podemos en nuestro país, que celebraron en 2021 la llegada al poder del presidente peruano, pero que ahora se escudan en que últimamente había asumido postulados de «ultraderecha». El único que ha permanecido firme en su defensa del expresidente es el fundador del partido morado Juan Carlos Monedero, que ha aseverado en su cuenta de Twitter que un Parlamento «corrupto» llevó a Castillo a cometer la «estupidez» de disolverlo.
Lanza un aviso a España
Esta defensa lleva al expresidente del Tribunal Constitucional peruano ha advertir de que algo similar «por supuesto que podría suceder en España», por cuanto «el extremista de izquierdas cree en el totalitarismo y en el líder providencial»: «Esta gente utiliza el Derecho y la Constitución, así como los resortes democráticos para sus fines. Para ellos no basta con tener el Gobierno, es necesario obtener el poder, pero el poder en una democracia está distribuido. Ellos aspiran a poder remodelar la sociedad».
Y Álvarez Miranda se refiere en concreto a Monedero: «Ha sido asesor económico de Chávez y tiene fotos con Castillo y la actual presidenta. Esperemos que Dina no le haga caso a una persona profundamente ideologizada que considera que hay que empobrecer a las sociedades y destruir a las clases medias para que las clases populares dependan del subsidio y así se incorporen a la esfera del poder político sin raciocinio. Esto sería retornar a la Edad Media, donde existe el súbdito y no el ciudadano. Por suerte en Perú hay liderazgos económicos y políticos que nos protegen de ese afán totalitario».
Tampoco es ajeno al empeño del Gobierno de España por «controlar el Tribunal Constitucional. Y lanza un aviso: «El Constitucional es la llave para interpretar la Constitución y permitir o no cualquier dislate o destrucción del Estado de Derecho. Ustedes tienen un gran problema. Son un enorme país, rico en Historia y en Presupuesto, pero tienen al enemigo en casa, en el Gobierno: los separatistas quieren la destrucción, y la extrema izquierda no cree en los valores y principios que comparten la mayoría de españoles, sino que los quiere destruir».
