Interior estudia suspender a los guardias que tiraron piedras contra los inmigrantes en Melilla

La Dirección General de la Guardia Civil, órgano dependiente del Ministerio del Interior, estudiará sancionar a los agentes que arrojaron piedras contra algunos de los miles de inmigrantes que, el pasado 24 de mayo, intentaron cruzar el paso fronterizo entre Nador y Melilla, en la que fue una de las mayores tragedias que se conocen hasta la fecha en la valla. Una veintena de ellos murió y otros 77 permanecen en paradero desconocido. 

Este departamento, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, analizará si la actuación de los guardias civiles es constitutiva de infracción, después de que el viernes la Fiscalía de Extranjería censurase la intervención de estos agentes del Grupo de Respuesta y Seguridad (GRS) del Instituto Armado en el escrito en el que archivaba de forma definitiva las diligencias abiertas hace seis meses para investigar los sucesos de la valla. 

El Ministerio Público cesó la cuestión afirmando que no advertía indicios de delito en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, acogiendo con ello la tesis defendida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pero, al mismo tiempo, alertó de que, en las imágenes y vídeos estudiados, un grupo de agentes de la Guardia Civil arrojaba piedras contra los migrantes. Razón por la que daba traslado de las mismas al departamento dirigido por María Gámez por «si fueran constitutivos de infracción disciplinaria». 

Desde la Guardia Civil, no obstante, señalan que todavía «es pronto para aventurar un dictamen», puesto que deben estudiar «con calma» el decreto de archivo de la Fiscalía. Si finalmente acreditan una infracción por parte de los funcionarios, la sanción dependerá del tipo de falta que imputen al agente: leve, grave o muy grave. Con castigos que van, en el mejor caso, de la suspensión de funciones durante cuatro días, o de empleo entre uno y tres meses, a la expulsión del servicio, en el peor. 

«Conducta proporcionada»

De las grabaciones obtenidas, dice la Fiscalía, los componentes del operativo policial «mantuvieron en todo momento una conducta proporcionada a la gravedad de los hechos que se estaban produciendo, consistentes en el ataque masivo a una frontera española por un grupo de entre 700 y 800 personas, incontrolado, agresivo y armado con elementos contundentes». 

Todos, salvo «los agentes que, desde el entrevallado colindante con el patio del lado marroquí, arrojaron piedras en un momento concreto contra los inmigrantes que se hallaban encaramados contra los peines invertidos». El fiscal, no obstante, matiza que «no consta» que las acciones citadas «causaran consecuencias lesivas», pues «no existen elementos que permitan deducir que hubiera la intención de lesionar por parte de los agentes». 

La falta de esta prueba, señala el Ministerio Público, impide que dicha intervención sea perseguible penalmente. Sin embargo, continua, no es óbice para se dé «traslado de lo acaecido y del material videográfico al Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil por si procediera procediera la incoación de los correspondientes expedientes disciplinarios», concluye el fiscal, quien no cuantifica el número de guardias en el decreto de archivo de las diligencias. 

«Defenderemos a los compañeros»

Desde la Agrupación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la organización decana del Cuerpo, critican que la Fiscalía «ponga en la diana disciplinaria a los guardias civiles» que actuaron en la frontera de Melilla el pasado mes de junio, cuando llevan décadas «quejándose de la falta de protocolos» en las fronteras «sin que ningún Gobierno les escuche». 

«Llevamos años denunciando la caducidad de cascos y escudos que se rompen ante las piedras y palos de quienes buscan una vida mejor. Llevamos años con escasez de plantillas para reforzar nuestras fronteras y, ahora la culpa de una nefasta gestión será de los guardias civiles, de trabajadores que lo están dando todo en la frontera ante la dejadez de quienes cobran y tienen cargos de responsabilidad, precisamente, para solucionar estos problemas», critican desde la AUGC.  

Pese a ello, aseguran desde esta asociación, sus servicios jurídicos defenderán a los compañeros si finalmente se abren expedientes disciplinarios contra ello. «No vamos a permitir que el eslabón más débil de la cadena sea quien sufra las consecuencias». En todo caso, serán una magnífica oportunidad para poner en evidencia, una vez más, las condiciones de trabajo en la frontera, la falta de medios y de protocolos», censuran.