Ada Colau aprueba por Navidad 5,6 millones en subvenciones para lograr la «justicia global»
La alcaldesa de Barcelona también aprovecha el periodo navideño para destinar 160.000 euros al control de las colonias de gatos silvestres
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante el acto de entrega de la Medalla de Oro al mérito cultural del Ayuntamiento de Barcelona al cantautor Jaume Sisa. | Europa Press
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aprovechó el pasado 30 de diciembre, último día hábil del año, para aprobar subvenciones por un valor total de seis millones de euros. La más generosa y llamativa de todas consiste en 5.570.000€ para la «cooperación internacional y justicia global». Esta, en concepto de «subvención sin contraprestación». Es decir, que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal no recibirá nada a cambio por parte de las entidades beneficiadas.
Las entidades que pueden optar a tan generosa cuantía son los grupos de investigación vinculados a la Universidad, así como las entidades dedicadas al ámbito de la Justicia Global y la Cooperación Internacional. El órgano instructor de esta convocatoria es la Jefatura de Justicia Global y Cooperación Internacional, que depende de la Gerencia del Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI. Esta jefatura está dirigida por David Llistar Bosch, que, paradójicamente, defiende la tesis de la «anticooperación» frente a la «globalización capitalista».
Llistar Bosch es partidario de la solidaridad exclusiva con los países del sur, por cuanto considera que son explotados por Estados Unidos, Reino Unido «y sus aliados». En este sentido, los países fijados como «prioritarios» por el consistorio barcelonés son Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez, Mozambique, Senegal, Colombia, Cuba y aquellas poblaciones palestinas de Cisjordania y franja de Gaza.
Esta subvención otorgada en Navidad se enmarca dentro del Plan de Cooperación Internacional y Justicia Global 2022-23 del Ayuntamiento que dirige Ada Colau, y al que ha destinado un total de 7,5 millones de euros. Este importe irá destinado, según asegura el consistorio en la convocatoria, a iniciativas de «sensibilización en el ámbito de los derechos humanos, la justicia de género y la soberanía alimentaria, así como proyectos orientados a trabajar la cultura de la paz, la crisis migratoria, y las financias éticas y solidarias».
Pero decíamos que la alcaldesa de Barcelona aprobó el pasado 30 de octubre subvenciones por un total de seis millones de euros. Y la otra destacada es la de 160.000 euros al control de las colonias de gatos asilvestrados en la Ciudad Condal. Esta partida es polémica, aunque lleva años emitiéndose: durante la pandemia, el consistorio eliminó las subvenciones de 50.000 euros dedicadas al bienestar animal, pero incrementó un 10% las destinadas a las colonias felinas: de 144.000 euros a 160.000. Estos soliviantó a las 33 entidades animalistas que dejaron de recibir dinero público, pero satisfizo a las 13 entidades que gestionan las 640 colonias de gatos que existen en Barcelona, y que integran a más de 7.000 de estos animales.
Subvenciones irregulares
Cabe recordar que la Fiscalía, el pasado mes de noviembre, pidió prorrogar seis meses la investigación a la alcaldesa de Barcelona por presuntas irregularidades en subvenciones del Ayuntamiento a entidades sociales afines a los comunes, tales como el Observatorio DESC, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) o Ingenieros sin Fronteras (ESF).
La Fiscalía lo ordenó así en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción 21, encargado del caso, después de que la Audiencia de Barcelona ordenara reabrir la causa al estimar un recurso de la Asociación para la transparencia y la calidad democrática, que impulsó la causa y pidió reabrirla cuando se archivó.
Antes, la Fiscalía había pedido en mayo archivar provisionalmente la causa e instó a «desterrar la tentación de atribuir posibles responsabilidades penales a la investigada sobre el endeble argumento de ser la máxima responsable del Ayuntamiento», y también se opuso al recurso que pedía reabrir el caso. Sin embargo, una vez reabierta la causa, apostó por pedir una prórroga de la instrucción durante seis meses más para practicar las diligencias necesarias para esclarecer el caso.
