Canarias perdonó 2,1 millones al proveedor de Ábalos tras servir mascarillas de peor calidad
Soluciones de Gestión entregó 837.300 mascarillas quirúrgicas a precio de FPP2, pero el ex ‘número dos’ de la sanidad canaria modificó el contrato y no hubo sanción
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (c), saluda al exdirector del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez (i). | EFE
El Gobierno de Canarias perdonó un pufo valorado en 2,1 millones de euros al proveedor favorito de mascarillas del exministro José Luis Ábalos pese a haber entregado un lote de 837.300 unidades defectuosas durante la primera ola de la pandemia. Así consta en el expediente público del contrato de 6,87 millones de euros que el Servicio Canario de la Salud (SCS) adjudicó el 22 de abril de 2020 a la compañía zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL para llevar a los hospitales de Canarias un total de 2,75 millones de mascarillas protectoras «NK95/FPP2», a un precio de 2,50 euros la unidad.
Las mascarillas fueron entregadas pocos días después de la adjudicación otorgada por el gobierno autonómico que encabeza el socialista Ángel Víctor Torres. Sin embargo, según se reconoce en el expediente público consultado por THE OBJECTIVE, a instancias del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sevilla y del Hospital Universitario de Canarias, unas 837.000 de las mascarillas entregadas por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL acabaron siendo «catalogadas como no aptas para FFP2, valorándolas como quirúrgicas».
«El número de mascarillas afectadas por estos modelos asciende a 837.800 unidades valoradas en 2.094.500 €», señalaba el SCS en un informe incorporado al expediente. A pesar de ello, en una resolución firmada el 4 de noviembre de 2020 por el entonces director del SCS, Conrado Domínguez, se aprobó modificar el contrato y dar una segunda oportunidad al proveedor favorito de Ábalos.
Según consta en la modificación del contrato, suscrita por el exalto cargo de la sanidad canaria al que la trama de Tito Berni contactó en varias ocasiones para intentar hacer negocios sanitarios, el exdirector del SCS ordenó pagar a Soluciones de Gestión SL esas 837.700 mascarillas como quirúrgicas a un precio de 0,845 euros la unidad. Es decir, acabaron siendo pagadas por el Gobierno canario por un importe total de 707.518,50 euros a pesar de que no eran de la calidad prometida inicialmente.
Pacto entre Canarias y el proveedor de Ábalos
Como «propuesta de compensación» para subsanar los perjuicios ocasionados por las mascarillas defectuosas, según consta en el expediente del Servicio Canario de la Salud, la compañía zaragozana se comprometió a «completar el pedido hasta alcanzar el importe de 2.094.500 euros con 550.000 mascarillas FFP2 NR modelo SBL902 del fabricante chino Anhui Suboloun Garment. Esa remesa sería entregada finalmente por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL en febrero de 2021 al Gobierno canario, y se pagó al mismo precio pactado en abril del año anterior (2,5 euros la unidad) a pesar de que los precios de mercado habían bajado considerablemente.
La entrega de esas 555.000 nuevas mascarillas FPP2 NR «como compensación y resarcimiento de la situación generada», por tanto, se dilató hasta febrero de 2021: cinco meses después de la modificación del contrato. Y esto a pesar de que, en su informe, Conrado Domínguez justificó la conveniencia de modificar el contrato (en lugar de exigir a Soluciones de Gestión el reintegro de las cantidades pagadas por las 837.300 mascarillas defectuosas) por la «disponibilidad inmediata» de la empresa zaragozana para suministrar el nuevo material.
«Valorando los tiempos de entrega de un nuevo pedido, así como la disponibilidad inmediata de contar con dicho material, esta Dirección acepta como compensación y resarcimiento de la situación generada ajena a esta Administración, la propuesta planteada por la referida entidad», indicó el exdirector del SCS en ese informe incorporado al expediente del contrato suscrito con Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas.
En total, en diciembre de 2020, el gobierno de canarias acabó pagando 707.518,50 euros por las mascarillas quirúrgicas que Soluciones de Gestión había entregado en abril de 2020 haciéndolas pasar como FPP2 sin estar homologadas para ello. Meses después, el SCS abonaría otra factura de 1.387.500 euros por las nuevas mascarillas que la compañía zaragozana acabó entregando en febrero de 2021.
Doble vara con otras empresas
Tan solo seis días después de perdonar al proveedor favorito del exministro Ábalos (que se llevó otros 40,5 millones de euros en contratos de mascarillas del Gobierno de Pedro Sánchez, gracias a los ministerios de Transportes y del Interior), el Servicio Canario de Salud (SCS) actuaría de forma diametralmente opuesta con otra empresa que también entregó mascarillas defectuosas al Hospital Universitario de Canarias.
Se trata de la empresa Ossaforma SL. El SCS le había adjudicado un contrato para suministrar 30.000 mascarillas FPP3 a un precio de 9,15 euros la unidad cada una. Lo hizo el 22 de abril de 2020, el mismo día que se suscribió el contrato de 6,87 millones con soluciones de Gestión. Según consta en el expediente público, Ossaforma SL entregó el 29 de mayo de ese año 30.000 mascarillas de la «Marca Lianyi Ref GB2626-2006».
Tras los correspondientes análisis efectuados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sevilla y del Hospital Universitario de Canarias, se determinó que las mascarillas entregadas por Ossaforma SL no se consideraban aptas como FPP3 sino como FPP2 europea. Además, el material entregado por esa empresa carecía de un «certificado original y legible» que garantizase su homologación como FPP2.
En este caso, a diferencia de lo ocurrido con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, no se dio a la empresa Ossaforma la oportunidad de resarcir el daño provocado sino que se procedió a la «resolución inmediata del contrato» con fecha de 10 de noviembre de 2020.
La extinción del contrato con Ossaforma SL la firmó (solo seis días después de perdonar al proveedor favorito de Ábalos por hechos muy similares) la entonces directora general de Recursos Económicos del SCS. Se trata de la misma mujer que se encuentra imputada en el caso mascarillas canario junto a Conrado Domínguez por presuntas irregularidades en un contrato de mascarillas de cuatro millones de euro con la empresa de coches RR7.
Dos contratos más pese al ‘pufo’
A pesar de la diferencia de criterio con respecto a otras empresas y de ese pufo inicial de 833.700 mascarillas defectuosas (que Canarias acabó pagando como quirúrgicas, pese no ser el modelo contratado), el SCS acabaría adjudicando otros dos contratos en 2021 a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. La empresa zaragozana recibiría un segundo contrato por importe de cinco millones de euros el 29 de marzo de 2021 para llevar otros dos millones de mascarillas KN95 a Canarias, a un precio de 2,5 euros la unidad. De nuevo, el precio pactado un año antes, por encima del que marcaba el mercado en el momento en el que se procedió al encargo.
La segunda adjudicación de nuevo iba firmada por la otra exfuncionaria canaria imputada en el caso mascarillas. De acuerdo al propio expediente, «en el precio total no está incluido el flete y seguro Madrid-Tenerife Norte, que se facturará a parte según se indica en la proforma». Precisamente el tercer contrato entre Soluciones de Gestión y el Servicio Canario de la Salud que dirgía Conrado Domínguez, sería una adjudicación por importe de 417.814 euros para el flete de las mascarillas NK95 que la empresa zaragozana se había comprometido a llevar a Canarias en abril de 2020. Ese casi medio millón de euros para el transporte de las mascarillas se modificó en junio de 2021. Gracias a esto último, el flete acabaría siendo adjudicado con cargo a los fondos FEDER de la Unión Europea.
Como ya adelantó este diario, Conrado Domínguez es considerado como una de las piezas clave en la rama sanitaria del caso Tito Berni, según fuentes cercanas a la investigación. Su nombre aparece en informes policiales como uno de los políticos con los que mantuvo contactos y reuniones la trama de corrupción presuntamente liderada por el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo.
En su declaración ante la juez que instruye el caso Tito Berni, el empresario José Suárez Esteve admitió la existencia de una conversación de Whatsapp «con el Director General de Sanidad de Canarias, Conrado, que estaba muy interesado en obtener drones para un proyecto». Su nombre también figura en varias de las conversaciones entre los investigados por la trama de Tito Berni (en una de las cuales se menciona al exministro Ábalos), así como en una de las agendas y algunas de las fotografías que figuraban en los teléfonos móviles entregados a la Policía Nacional por Antonio Navarro (alias El Mediador) en el origen del caso Tito Berni.
En esos documentos, según informes policiales del caso, se mencionan presuntas gestiones con Conrado Domínguez para intentar reducir una multa a uno de los empresarios ganaderos de la presunta trama, Alberto Montesdeoca, y una presunta reunión con el exdirector del SCS para tratar un posible negocio de «máquinas expendedoras de vending» con la Consejería de Sanidad del gobierno autonómico de Canarias.
