La ley de salud mental y la financiación de la ELA, otra vez aplazadas por las elecciones
La Ley de Garantías, que el Gobierno había prometido sacar adelante en diciembre, también deberá ser presentada de nuevo en la próxima legislatura
El ministro de Sanidad, José Miñones, durante una rueda de prensa. | EP
La inesperada convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio abre un nuevo escenario, en el que la disolución de las Cortes supone que decaigan importantes proyectos legislativos para la farmacia y la sanidad. De esta forma, ante el fin de la legislatura, todos los proyectos normativos en tramitación dejan de tener vigor. En el ámbito sanitario, una decena de leyes y normas en trámite quedan paralizadas hasta que se vuelva a recuperar el nuevo pulso sanitario con un nuevo equipo de Gobierno. Y es que si en una próxima legislatura se quieren volver a tratar, tendrán que ser presentados de nuevo.
De esta manera, ya no se tramitarán leyes sanitarias que habían iniciado su recorrido legislativo, como el proyecto de ley de la llamada ley de equidad o ley Darias, que fue presentado por el Gobierno y que prevé blindar el acceso universal a la sanidad pública e impide nuevos copagos, o el proyecto de ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley General de Salud Pública y que era uno de los compromisos más conocidos del actual ministerio, sobre el que sin embargo, se sigue sin conocer muchos aspectos, entre ellos el de la ubicación territorial de la propia agencia, que no será en Madrid, y al que aspiran al menos seis autonomías.
Tampoco habrá tiempo para tramitar la proposición de ley de la ELA, presentada a iniciativa de Ciudadanos y cuyos afectados ya temían que no saliese adelante en lo que quedaba de legislatura tras haber sido bloqueada por el Gobierno hasta en 47 ocasiones. Ni habrá luz verde para la ley de salud mental tras más de un año y medio atascada en el Congreso y presentada a iniciativa de Unidas Podemos. Además, el Ejecutivo había destinado 100 millones en 2021 para esta materia. La Ley de Garantías y Uso Seguro del Medicamento, que el Gobierno había prometido sacar adelante antes de diciembre, deberá ser presentada de nuevo en la próxima legislatura. Con las farmacias y hospitales con desabastecimientos de medicamentos como nunca antes se ha conocido, esta ley suponía una nueva etapa en el sector farmacéutico español.
Tampoco será posible aprovechar la tramitación de leyes para, mediante la incorporación de enmiendas, generar nueva normativa. Una posibilidad que estaba siendo considerada por el Ministerio de Sanidad, según las fuentes consultadas.
Decretos que no seguirán su tramitación
En este contexto, varios decretos tampoco seguirán su tramitación aunque el Gobierno siga contando con sus capacidades. La razón, según las mismas fuentes, es que la tramitación requiere de unos plazos con los que ahora no cuenta el actual Ejecutivo.
De manera que se pueden considerar como propuestas que no tendrán continuidad a corto plazo, al menos hasta la llegada de un nuevo Ejecutivo.
De esta forma, los decretos que ya habían tenido consulta previa, como el de las medidas frente al tabaquismo, el de sistemas de vigilancia epidemiológica o el polémico decreto que limitaba la publicidad sanitaria no verán la luz. Tampoco los que ya habían sido anunciados por la Dirección General de Cartera Básica y Farmacia, entre ellos, el decreto de regulación de procedimientos de HTA (evaluación de tecnologías sanitarias), el de cambios en el sistema de determinación de Precio y Reembolso y el biomarcadores en la cartera básica de servicios. En ninguno de estos tres se conoce si quiera el documento de consulta pública previa.
Funcionamiento de la CIPM
Por su parte, la dinámica de funcionamiento de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM) no variará al considerarse un órgano técnico de la administración. Así, se prevé una próxima reunión el día 15 de junio y otra en el mes de julio que, aunque no está publicada la previsión de fecha concreta, podría ser el jueves 13 de julio.
Plan Estratégico de la Industria
Por último, el Plan Estratégico de la Industria, que lleva aparejados objetivos por parte del sector de una inversión global de más de 8.000 millones de euros en España para el próximo trienio, podría seguir trabajándose tal como se había previsto, e incluso podría ser aprobado por el Gobierno en su Consejo de Ministros si se llegará a un acuerdo con el sector, tal como se había previsto, en el mes de junio, aseguran los expertos consultados, que agregan que el Gobierno tendrá que valorar si cree que es conveniente proseguir con este proyecto, y aprobarlo en periodo electoral.
En este sentido, también el sector tendrá que valorar si prefiere propiciar un acuerdo con este Gobierno o esperar al resultado de las elecciones.
