Malestar entre los mandos y el jefe de la Guardia Civil de Cantabria por el escándalo del puticlub
El coronel no ha propuesto ninguna sanción contra el agente que presuntamente extorsionó al empleado de un prostíbulo
El club de alterne donde se desarrollaron los hechos. | TO
El escándalo por los incidentes que protagonizaron varios agentes en un prostíbulo de Santander y la falta de investigación en parte de los mismos por la Comandancia de la Guardia Civil de Cantabria han generado fricciones entre los mandos y el coronel jefe, Antonio Orantos, después de que este último encargase a un mando de confianza las pesquisas. Tal como publicó THE OBJECTIVE, el Instituto Armado ha propuesto sanciones para los agentes que discutieron con el portero del club del alterne, mientras ha eximido de castigo a un agente que presuntamente extorsionó a un trabajador del establecimiento, enseñando su placa y exigiendo que se le devolviese el dinero por el servicio que acababa de recibir.
Unos hechos que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, asociación profesional que representa a toda la escala de oficiales, ha denunciado ante el juzgado. Pide que se investigue al guardia civil en cuestión por un delito de extorsión y al jefe de la Comandancia por otro de omisión del deber de perseguir de delitos. Un escenario que ha enfriado, aún más si cabe, las relaciones que existen entre los mandos y el coronel desde que estallase este caso, entre octubre y diciembre de 2022. Tal es la situación que el responsable de la Comandancia no trata con muchos de ellos, según refieren a este diario fuentes del Instituto Armado.
No obstante, indican las mismas fuentes, no ha sido solo este caso el que ha enfadado a los oficiales cántabros. Hace un mes, trascendió que la Guardia Civil de Cantabria pagó gastos del coronel Antonio Orantos, con fondos de donaciones de distintos empresarios destinados a la celebración de la Fiesta de la Virgen del Pilar en febrero del año pasado, según publicó El Español. Los mandos lamentan «que esto esté ocurriendo» en Cantabria: «Jamás había habido problemas en esta Comandancia, siempre han existido buenas relaciones entre todos, y esperamos que eso vuelva a suceder. No entendemos por qué no se han investigado todos los hechos», apuntan.
Lo común, en estos casos, es que las pesquisas estén a cargo de los mandos naturales de los implicados, como puede ser el capitán jefe de la Unidad Operativa de Policía Judicial o el teniente coronel del Mando de Operaciones de la Guardia Civil de Cantabria, es decir, el ‘número 2’ de la Comandancia, y no bajo la dirección de un responsable externo, aseguran las mismas fuentes. El coronel, no obstante, se saltó toda la jerarquía y designó a un comandante, destinado en Madrid, como el instructor de la información reservada.
Las visitas al club de alterne
La polémica de este caso reside en que la jefatura del Instituto Armado en Cantabria, según la denuncia interpuesta por la Unión de Oficiales, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, solo ha abierto abierto un expediente disciplinario a una parte de los agentes que se vieron involucrados en los hechos mientras que contra otro guardia civil, que se negó supuestamente a pagar a la trabajadora sexual y enseñó, tras expresar lo anterior, su placa de guardia civil, no se ha tomado ninguna medida sancionadora.
En octubre, tras una celebración, varios guardias civiles se dirigieron al Club New Borgia, situado en Heras, Santander. A la entrada del mismo, sin embargo, se produjo una discusión entre uno de ellos y el portero del establecimiento. El primero quería entrar al club de alterne con un disfraz, pero el último se lo prohibió, lo que produjo un enfrentamiento acalorado entre las dos partes. La cuestión quedó ahí.
Tiempo después, un anónimo denunció los hechos ante otra asociación profesional, y esta lo remitió a la Comandancia de Cantabria. Fue cuando el jefe del Instituto Armado, Antonio Orantos, ordenó una investigación de lo ocurrido. En la misma, el personal del establecimiento no quiso denunciar los hechos y, al igual que hicieron los agentes implicados poco después, señalaron que no hubo ningún tipo de incidente.
Giro en la investigación
Aún así, la Jefatura ha elevado parte disciplinario, considerando los hechos como graves, y ha propuesto sanciones graves para los guardias civiles que discutieron con el portero. Contra un oficial, presente durante la noche en el local de alterne, se proponen dos faltas graves, con sanción de tres meses de suspensión. Una propuesta que la UO considera «absolutamente desproporcionada, máxime cuando ni tan siquiera ha quedado acreditada la participación del oficial en la discusión».
La investigación encargada por el coronel Orantos, no obstante, dio un giro cuando el encargado del establecimiento declaró que días más tarde, concretamente en diciembre de 2022, otro grupo de guardias civiles de Tráfico acudió al local. Según rezan las declaraciones que obran en el expediente, uno de ellos subió a la habitación con una mujer y tras no quedar contento con el servicio «acudió a un responsable, mostrando su tarjeta de guardia civil, para que le devolvieran el dinero». Este último, tras advertirlo, procedió a devolvérselo.
Un comportamiento que, de acuerdo con la denuncia de la Unión de Oficiales, puede constituir un supuesto delito de extorsión, recogido en el artículo 243 del Código Penal. Pese a conocer estos hechos, sin embargo, la Jefatura de la Guardia Civil en Cantabria no ha promovido ningún parte disciplinario contra el agente que supuestamente extorsionó al empleado en el club de alterne, solo ha sancionado a los gentes que presuntamente discutieron con el portero del local. Por esta razón, la Unión de Oficiales ha llevado el caso a los tribunales para depurar responsabilidades que, advierten, podrían llegar incluso hasta la Delegación del Gobierno.
