Marlaska promete subir el salario a los policías mientras recurre la sentencia que le obliga a ello
Interior ha recurrido en la Audiencia Nacional el fallo que le obligaba a cumplir el acuerdo de equiparación salarial
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | EP
Un plan para incrementar la flota de helicópteros de la Policía Nacional; aprobar una nueva ley de condecoraciones; actualizar la jornada laboral de los agentes o llevar a cabo un incremento salarial, mejorando las retribuciones de los funcionarios dentro de «las posibilidades reales» fueron algunos de los compromisos para esta legislatura que verbalizó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la reunión que mantuvo con los vocales y portavoces del Consejo de la Policía, el órgano representativo de todos los policías, el pasado martes.
Casi seis años después de que ocupase la cartera de Interior, el ministro presidió el pleno por primera vez y aprovechó para anunciar toda una batería de medidas y aclarar ciertas polémicas surgidas en las últimas semanas, como la posible perdida de competencias en inmigración de la Policía en Cataluña tras el acuerdo con Junts que negó rotundamente. El esfuerzo de Grande-Marlaska por contentar a agentes y sindicatos, sin embargo, apenas ha durado tres días. Y es que mientras el ministro prometía una mejora de los salarios, el Ministerio recurría recientemente una sentencia de la Audiencia Nacional que le obligaba precisamente a ello, denuncian fuentes jurídicas y policiales a THE OBJECTIVE.
La Abogacía del Estado ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el fallo del pasado mes de junio que obligaba al Ministerio a negociar con los sindicatos el cumplimiento de la tercera y octava cláusula del acuerdo de equiparación salarial, firmado en 2018 con las organizaciones policiales. En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, el departamento de Interior señala que la sentencia «incurre en infracción del ordenamiento jurídico y, además, en incongruencia interna y falta de motivación».
Manifestación en marzo
Ante esto, la plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación —con los cuerpos autónomicos como Mossos d’Esquadra o Ertzaintza—, que aglutina a la mayoría de organizaciones de Policía y Guardia Civil, ha convocado una manifestación el próximo 16 de marzo en Madrid. «Sin un diálogo social efectivo con el Ministerio del Interior y, en consecuencia sin avances para poner fin al agravio comparativo que sufren los funcionarios policiales, saldremos a la calle», advirtieron en un comunicado los agentes.
El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 3 estimó en junio el recurso de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y ordenó al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska renegociar el acuerdo de la equiparación salarial tras incumplir las cláusulas tercera y octava. Un extremo, rezaba la sentencia, que debía ser acatado por Interior siempre y cuando el Gobierno no aprobase un proyecto de ley que recogiese las demandas económicas de los sindicatos.
En un acuerdo histórico, en 2018, el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, firmó la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con los cuerpos autónomicos. Un compromiso de 800 millones de euros por el que los agentes vieron incrementado su salario progresivamente en los tres años siguientes. Los sindicatos, sin embargo, siempre han denunciado que el convenio firmado no supuso una equiparación real. En sucesivas protestas en la calle, los agentes han criticado que mossos o ertzainas siguen cobrando hasta 600 euros más de pensión que un policía nacional.
100 millones menos
Las dos organizaciones policiales acudieron a los tribunales en octubre de 2021 ante la inactividad de la Administración en relación con el incumplimiento de estas dos cláusulas. Un compromiso que la Secretaría de Seguridad de Estado, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado en enero de 2022, se negó a trasladar al Consejo de Ministros, tras la petición de la AUGC.
De este modo, Interior ha eludido destinar 100 millones de euros durante tres ejercicios económicos para el reingreso de los agentes en segunda actividad al servicio activo, tal como recoge el tercer punto del acuerdo; y el compromiso de promover la aprobación de una ley que evite disfunciones salariales entre los cuerpos policiales españoles en el futuro, que recoge el octavo.
«Efectiva cuanto antes»
En el fallo, el tribunal señaló que el Ministerio del Interior «habrá de procurar, con todos los medios a su alcance cumplir con las obligaciones y compromisos adquiridos». Aunque, señalan los magistrados, «no le es jurídicamente exigible que consiga la tramitación de una Ley de Presupuestos Generales del Estado que incluya entre sus partidas las necesarias para cumplir con el incremento retributivo», estos compromisos pueden «ser asumidos por el Gobierno de España».
«La prioridad es que la equiparación tiene que ser efectiva en las nóminas de los policías y los guardias civiles cuanto antes», insistía el juzgado. No obstante, matizaba, al precisarse de una ley presupuestaria, es el Ejecutivo quien debe presentar un proyecto de ley, a instancias de Interior, que recoja el cumplimiento total del acuerdo. De no incorporarse a esta norma lo acordado, los magistrados indicaban que Interior debería iniciar una «renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes».
