Puente pidió a la Fiscalía investigar a periodistas y medios desde su cuenta de correo oficial
El ministro se unió a una denuncia de dos jueces y la fiscal jefe de Valladolid asumió las pesquisas con carácter secreto
El ministro de Transportes y sus mails a la Fiscalía para investigar a periodistas cuando era alcalde de Valladolid. | Carmen Suárez
Ocurrió el 9 de enero de 2023. El ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, envió un mensaje a la Fiscalía desde su cuenta oficial de correo electrónico como alcalde de Valladolid para un asunto de carácter privado. Adjuntaba un documento de Word para denunciar presuntos delitos de injurias, estafa y falsedad en documento mercantil en relación a una serie de informaciones y tuits por los que un juez de esa ciudad investiga actualmente a tres medios de comunicación, dos periodistas y un abogado por un presunto delito de injurias.
En lugar de interponer su denuncia mediante procurador y abogado, como en otros casos por injurias por la supuesta publicación o difusión de «bulos», el entonces alcalde de Valladolid puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público desde su teléfono móvil y usando su mail corporativo del Ayuntamiento. «Adjunto denuncia firmada electrónicamente. La misma va acompañada de 13 documentos que dividiré en varios correos, pues en uno solo no caben», indicaba el titular de Transportes en el cuerpo del primero de los cuatro mails dirigidos a la Fiscalía provincial de Valladolid, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE
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El encabezado de los tres mails posteriores a la denuncia dejaba claro a la Fiscalía de Valladolid que el remitente era el entonces alcalde de la ciudad: «Documentos acompañados a la denuncia de Óscar Puente Santiago». El último de esos correos electrónicos enviados por el ahora ministro de Transportes se remitió el 10 de enero de 2023 a las 10.31 horas. Casi 24 horas después de enviar su primer mail con la denuncia, el alcalde mandó los tres últimos documentos aportados como prueba a la Fiscalía directamente desde su correo electrónico.
Puente, la fiscal y dos magistrados
La denuncia de Puente fue tramitada con rapidez por el Ministerio Público. Apenas 30 días después de ser remitida desde el correo oficial del alcalde, la jefa de la Fiscalía en esa provincia, Soledad Martín Nájera, designada para el cargo pocos meses antes por el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, interponía una denuncia ante los juzgados de instrucción de Valladolid para solicitar la apertura de una causa en relación a los hechos denunciados por Puente por la difusión de una presunta noticia falsa sobre el supuesto patrimonio en el extranjero del ahora ministro de Transportes.
Se trata de una información publicada por el digital Impacto España Noticias, y replicada después por la web y las redes sociales de Estado de Alarma TV (mercantil también investigada por la denuncia de Puente), un medio digital que el ahora ministro de Transportes calificaba en su denuncia como «habitual difusora de bulos». Las personas y medios de comunicación denunciados por Puente eran en gran parte los mismos a los que la Fiscalía provincial investigaba en secreto desde octubre de 2022 a raíz de otras dos denuncias presentadas, respectivamente, por el decano de los juzgados de Valladolid y titular del Juzgado de Violencia de Género de esa ciudad, Emilio Vega, y por la jueza Soledad Ortega, esposa del anterior y titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid.
Sin investigar antes la veracidad de las noticias y documentos publicados originalmente por Impacto España Noticias entre agosto de 2022 y enero de 2023, la Fiscalía dio por suficientes los indicios de que se trata de informaciones falsas para menoscabar la reputación de Puente y el resto de funcionarios judiciales de Valladolid aludidos. Es exactamente lo que alegaba el Ministro de Transportes en su denuncia. En esas noticias se desvelaban supuestas cuentas en países extranjeros del ministro y de varios funcionarios judiciales, entre ellos los magistrados Emilio Vega y Soledad Ortega.
En su denuncia, Puente tacha de bulo la información, asegura que es falso que disponga de cuentas en el extranjero y niega relación alguna con el decano de los juzgados de Valladolid. Los dos magistrados, por su parte, aportaron ante el Ministerio Público documentos del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) para certificar que, en contra de lo que se afirmaba en las informaciones, no existía ninguna investigación abierta contra ellos por delitos relacionados con la evasión o el blanqueo de capitales en países extranjeros.
La Fiscalía secunda al ministro
La fiscal jefe de Valladolid unió las denuncias de Puente y los magistrados bajo unas mismas diligencias de investigación penal, según consta en el escrito que aportó a los juzgados de Valladolid el 8 de febrero de 2023 solicitando la apertura de una causa de carácter secreto. El Ministerio Público, además, pedía practicar una batería concreta de diligencias para atribuir responsabilidades por los presuntos delitos de injurias, estafa y falsedad documental denunciados por Puente. La causa se mantiene abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, pero solo por un delito de injurias y tras haber permanecido bajo secreto de sumario hasta octubre pasado, según confirman a este diario fuentes jurídicas y documentos del caso.
«Que las mencionadas publicaciones se efectúan con el claro ánimo de socavar la imagen pública del denunciante es evidente. En paralelo a su publicación se ha llevado a cabo una campaña en redes sociales que también se denuncia a través del presente escrito», indicaba el Ministerio Público en la denuncia que dio origen a la causa abierta actualmente en el Juzgado de Instrucción número 2 de esa ciudad. Entre otras diligencias, la Fiscalía pedía la identificación de los periodistas y los responsables de los medios de comunicación que publicaron las supuestas noticias falsas sobre el ahora ministro de Transportes y los dos magistrados.
Los vínculos de Puente con la Justicia
La fiscal jefe de Valladolid también interesó la suspensión de las cuentas de Twitter de otras personas denunciadas por compartir las supuestas fake news investigadas, entre ellos un abogado y padre de tres hijos que denunciaba en sus redes sociales una presunta trama de funcionarios judiciales supuestamente vinculados a su caso de divorcio. Un pleito en el que dice haber sufrido numerosas irregularidades y por el que afirma que sus hijos llevan dos años bajo «secuestro administrativo» como consecuencia de sus denuncias contra la actuación del juez decano y de otros funcionarios judiciales, entre ellos la magistrada Soledad Ortega y el fiscal de delegado para delitos contra la mujer en Valladolid, Manuel Javato, cuñado de Óscar Puente.
Varios de los funcionarios a los que señalaba el abogado en sus redes sociales figuran ahora como acusación particular en el caso por injurias abierto a instancias del juez decano de Valladolid y del exalcalde de esa ciudad, casado con otra magistrada de los juzgados de instrucción vallisoletanos y hermano de la fiscal y alto cargo del Gobierno Sofía Puente, actual Secretaria General en el Ministerio de Justicia con Félix Bolaños.
Divorcio de fondo
Impacto España incluía en sus informaciones una serie de documentos mercantiles y bancarios que, según las denuncias de Puente y los funcionarios judiciales señalados, serían completamente falsos. En su información, el digital también aludía a una cuenta en Andorra de una presunta trabajadora del juez decano de Valladolid, Ainhoa Martínez Tirapu, que precisamente es la exmujer del abogado Pablo Martínez. Este último también se encuentra entre los investigados por injurias a raíz de la denuncia enviada por Puente a la Fiscalía desde su correo oficial como alcalde.
El letrado, en plena batalla judicial por recuperar la custodia de sus hijos, había compartido en sus redes sociales las noticias publicadas en los medios mencionados anteriormente y también una serie de comentarios y cartas en las que relataba estar siendo víctima de una supuesta trama de corrupción judicial para separarle de los menores e impedirle ejercer con la custodia como padre.
El abogado, sin condena alguna ni antecedentes por violencia de género, se enfrentará a un juicio el próximo mes de febrero contra su exmujer y madre de sus tres hijos, en una larga causa que empezó con un divorcio y en la que dice haber sufrido numerosas irregularidades. El instructor del caso por el que Pablo Martínez denuncia irregularidades fue precisamente el juez Emilio Vega. Durante el procedimiento de divorcio entre Martínez y Tirapu, esta última fue contratada por el centro de menores Zambrana de Valladolid, supervisado por los magistrados Emilio Vega y Soledad Ortega, según fuentes cercanas al abogado.
El decano de Valladolid deja su puesto
Tras ser denunciado en varias ocasiones por el abogado, el magistrado Emilio Vega se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, del que es titular su esposa, la magistrada Soledad Ortega, quien también figura ahora entre las acusaciones particulares en la causa por injurias contra Martínez, tres medios de comunicación y dos periodistas.
Pese a ser reelegido a finales del año 2022 para un segundo mandato de cuatro años como decano de los juzgados de Valladolid, el magistrado Vega ha anunciado que abandona su puesto actual y se marcha a cubrir una nueva plaza en la Audiencia Provincial de León. Dejará el decanato de Valladolid el próximo 31 de enero, según avanzó El Español y confirman fuentes jurídicas a este diario.
Entre las personas investigadas en relación a los hechos investigados por la Fiscalía -a instancias de Óscar Puente y del juez decano de Valladolid- se encuentran también el periodista que firmaba las informaciones de Impacto España Noticias, así como el director de Estado de Alarma TV, Javier Negre, el supuesto administrador único del medio digital El Diestro, el usuario cuenta de Twitter (ahora X) @eslamonda y el abogado Pablo Martínez, contra quien se dirigían inicialmente las denuncias de los magistrados Vega y Ortega.
