El Gobierno retrasa a 2029 el traspaso de Tráfico a Navarra tras el varapalo del Supremo
Los dos ejecutivos deben buscar ahora un cambio normativo para lograr la competencia, tal como exige el Alto Tribunal
El ministro del Interior. | EP
Los gobiernos central y navarro han puesto en el año 2029 la fecha tope para materializar el traspaso de la competencia de Tráfico a la comunidad foral tras el varapalo del Tribunal Supremo, según apuntan a THE OBJECTIVE fuentes gubernamentales. Ambos ejecutivos tendrán que empezar prácticamente desde cero en ese asunto, después de que el Alto Tribunal tumbase el Real Decreto a través del cual sellaron la transferencia en marzo de 2023. Un proceso que, dejando a un lado aspectos técnicos, incluye ahora buscar un cambio normativo, tal como exige el TS para que Navarra asuma Tráfico, que dilataría la cuestión al menos otros cinco años en el mejor de los casos, indican las mismas fuentes.
Los magistrados concluyeron que no cabía emplear esa figura de traspaso —el Real Decreto— para atribuir la competencia puesto que Navarra no la incluía previamente en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) ni estaba amparada en su derecho histórico. En otras palabras, no se podía ceder una materia que la comunidad autónoma no había tenido nunca sobre papel.
De modo que, señaló el Alto Tribunal, la única vía para que Navarra asuma esas competencias es o «bien reformando la Lorafna —equivalente a un estatuto de autonomía— o bien mediante una ley orgánica del artículo 150.2 de la Constitución, que establece que «el Estado solo podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación».
Desde el Ejecutivo de María Chivite, indican las fuentes consultadas por este diario, se decantan más por la primera opción. La reforma de la Lorafna, no obstante, dificultaría bastante el asunto, según precisan fuentes jurídicas, porque «exige un procedimiento muy complicado de modificación al ser una ley paccionada». En concreto, ese cambio, que no permite la inclusión de enmiendas posteriormente, exige la aprobación de tres quintos del parlamento autonómico y debe después tramitarse en el Congreso y en el Senado, donde previsiblemente el Partido Popular tumbaría esta iniciativa.
Incertidumbre
El retraso de la transferencia que, según advirtió Chivite, seguirá adelante con el «compromiso unánime de avanzar en el autogobierno», dilata aún más la incertidumbre en la que viven los doscientos agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra. Porque, tal como aclaró la delegada del Gobierno, Alicia Echeverria Jaime, en una reunión con la asociación AEGC este martes, la sentencia «solo es un cambio de escenario que obliga a alargar los plazos pero no a cambiar de idea».
Desde la Asociación Española de Guardia Civiles trasladaron a la delegada su «preocupación por la falta de información sobre lo que va a ocurrir con los agentes afectados», que no pueden hacer ningún plan de futuro al no saber cuál será su destino tras la cesión de competencias. El Gobierno navarro aseguró hace meses que estaba trabajando en una pasarela para que los guardias civiles se integrasen en la Policía Foral, pero los funcionarios afectados no saben nada más al respecto. «Lo que pedimos es que sea en igualdad de condiciones que los forales», señalan desde la AEGC.
En cualquier caso, esa propuesta deberá reformularse o acordarse de nuevo porque la Junta de Seguridad que tramitaba esa figura ha cambiado de interlocutores, según advirtió a los agentes la delegada del Gobierno. Los planes previos a la sentencia del Ejecutivo vasco eran que la transferencia se llevase a cabo en un proceso de cuatro años que culminaría en 2027, en el que los agentes podían integrarse en la Policía Foral; o en otras unidades de la Guardia Civil en Navarra o de otras comunidades autónomas.
El TS riñe a Navarra
Por otro lado, los magistrados del TS fueron especialmente críticos con los argumentos esgrimidos por la Comunidad Foral de Navarra contra el recurso de Jucil, que tumbó la transferencia. El Gobierno de María Chivite negó a esta asociación profesional tener legitimación activa para presentar el recurso ante el TS porque «el traspaso litigioso», a su juicio, «no afectaba a los guardias civiles ya que las funciones que se traspasaban siempre las había desempeñado la Policía Foral».
Una alegación que los jueces tachan de «contradictoria». «Si esto es así no se entiende la razón del traspaso y, además, quebraría la premisa de la que parte la Abogacía del Estado (…) Hay que entender que la Policía Foral solo tenía al tiempo de promulgarse la Lorafna unas funciones subordinadas a la Guardia Civil y no a la inversa», apuntalan.
De hecho, insiste el TS, «paradójicamente, la mejor defensa de la legitimación activa de Jucil la hace la propia Comunidad Foral de Navarra». «Para negársela sostiene que el traspaso no afecta a la Guardia Civil y a renglón seguido, alega que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están satisfechos. Para ello nos dice que podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas ‘en otros destinos geográficos’, es decir, yéndose de Navarra o, en fin, podrán integrarse en la Policía Foral de Navarra».
Lo que para la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo es, en ambos casos, un claro perjuicio para los agentes y avala el recurso de Jucil. «Es obvio que cualquiera de esas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial», zanjan los magistrados. El Ejecutivo navarro diseñó la denominada «pasarela» para que los agentes pudiesen moverse a la policía autonómica. Un año después de la firma del acuerdo, sin embargo, los 200 agentes siguen sin saber nada de esta fórmula.
