José Luis Ábalos y Koldo García: los contratos sanitarios, las juergas y su estrecha amistad

POR SU INDUDABLE INTERÉS, THE OBJECTIVE PUBLICA A CONTINUACIÓN UN EXTRACTO DEL LIBRO ‘CONEXIÓN CARACAS MONCLOA’, PUBLICADO POR EL DIRECTOR DE THE OBJECTIVE, ÁLVARO NIETO, EN FEBRERO DE 2022 EN LA EDITORIAL B.

Cuando José Luis Ábalos llega a la sede central del PSOE como secretario de Organización, Santos Cerdán, otro de los hombres de confianza de Pedro Sánchez, le recomienda la contratación de Koldo García Izaguirre como asistente personal. Cerdán conocía a García de su Navarra natal, donde había empezado a destacar dentro del partido como chico para todo.

García, que no tiene estudios y cuyo historial laboral arrancó como portero de algunos locales turbios en Pamplona, enseguida se gana la confianza de Ábalos y este, cuando es nombrado ministro, se lo lleva como miembro de su gabinete. Pero es que además lo coloca, entre otras bicocas, como consejero de la empresa pública Renfe Mercancías, escándalo que también desvelamos cuando hicimos famoso a García al publicar que había sido el que, en su coche particular, había trasladado al ministro a Barajas la noche del ‘Delcygate’.

La vida de García es un culebrón en sí misma. La noche navarra le unió a Cerdán, quien acabó fichándolo de chófer del partido. Luego le propuso ir de relleno en la lista de las elecciones municipales en la localidad de Huarte, donde terminó de concejal por una serie de rebotes. Cuando Ábalos se hizo cargo de la secretaría de Organización del PSOE, se incorporó como escolta y conductor ocasional. Y, finalmente, cuando el dirigente socialista entró en el Gobierno, se lo llevó de asesor, dentro de los puestos de libre designación que suelen tener los ministros. A él y a su mujer, Patricia Úriz, a la que también colocaron como ayudante de secretaria en el ministerio.

Cuando estalló el ‘Delcygate’, y en respuesta a una pregunta parlamentaria, Ábalos justificó la contratación de García porque «salvó la vida de dos policías». Y algo parecido también debía de pensar sobre él Sánchez, pues el 23 de junio de 2014 le dedicó un artículo en la red social Facebook. Bajo el título «El último aizkolari socialista; un titán contra los desahucios», el presidente del Gobierno afirmaba que García es «uno de los gigantes de la militancia en tierras navarras», «un guerrillero de grandes dimensiones físicas y corazón comprometido, que es un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha». Y terminaba así: «Un inagotable aizkolari contra las injusticias, un ejemplo para la militancia». A pesar de tantos elogios en el pasado, García también fue destituido como consejero en Renfe Mercancías en cuanto Ábalos salió del Gobierno.

Episodios truculentos

La historia de García está plagada de episodios truculentos, hasta el punto de que ha sido condenado dos veces por agresiones. La primera de ellas, en 1991, se la impuso el Juzgado de lo Penal Número 3 de Pamplona y le acarreó una pena de dos años y cuatro meses de cárcel y la suspensión de todo cargo público por un delito de lesiones, aunque luego fue indultado en 1996 por el Gobierno del Partido Popular. Y en 2011 fue condenado por el juzgado de instrucción número 1 de Pamplona a una multa de 900 euros por haber agredido a un menor de edad que había entrado en un bar con una camiseta con la palabra «Independentzia» la noche que España ganó el mundial de fútbol. Acabaron los dos por los suelos en una pelea.

Por si eso fuera poco, García participó en una trifulca que tuvo el ministro en un pub de Mérida en febrero de 2019. Y, cómo no, también apareció en escena unos meses más tarde del ‘Delcygate’ cuando se destapó la famosa juerga de Ábalos en las islas Canarias, en noviembre de 2020. El diario ABC había destapado que, tras una serie de actos oficiales en Las Palmas y Tenerife debido a una crisis migratoria, Ábalos había pasado un fin de semana con su familia y su séquito en dos hoteles de lujo (Palacio de Isora y Santa Catalina) tras ir a visitar un viernes un centro de inmigrantes en Arguineguín. La noticia puso el acento en la doble moral del ministro, capaz de organizarse una breve visita a los inmigrantes con tal de tener una excusa para, en mitad de la pandemia y con restricciones de movilidad en toda España, poder pasar unos días de asueto.

Pero el problema de aquel viaje iba mucho más allá de la doble moral. Como destapó posteriormente mi compañero Antonio Rodríguez, García llegó a pagar en metálico y con billetes de 500 euros una factura de gastos extras de 1.800 euros que incluía un masaje para Ábalos y diversas bebidas alcohólicas, entre ellas varias botellas de champán de la marca Moët & Chandon. Según supimos más tarde, ese día era el cumpleaños de uno de sus escoltas y decidieron celebrarlo por todo lo alto.

Lo sorprendente, aparte de la juerga en sí, fue cómo en España nadie pareció escandalizarse por el asunto. Se descubre que un asesor del Ministerio de Transportes ha pagado gastos particulares del ministro con billetes de 500 euros sacados de un sobre y casi nadie se cuestiona de dónde ha salido el dinero y quién ha pagado realmente la fiesta. Ábalos, obviamente, salió al paso de las informaciones diciendo que no se había utilizado dinero público.

En respuesta a preguntas del Partido Popular, el Gobierno contestó en febrero de 2021 que el coste oficial del viaje (ministro, jefe de gabinete, dos asesores y dos escoltas) fue de 7.150 euros, al tiempo que negó que se hubiera abonado partida alguna al margen de la agenda oficial. Según Ábalos, el alojamiento de su mujer y de dos de sus hijos lo pagó de su bolsillo: 381 euros por dormir en Tenerife y 168 por el hotel en Gran Canaria. No obstante, el PP siguió preguntando en días posteriores si se habían utilizado fondos reservados en ese viaje.

La versión de Ábalos deja muchas aristas sobre lo ocurrido. Si los gastos eran particulares, ¿por qué los pagó su asesor? ¿Y por qué se pagaron en efectivo en lugar de usar la típica tarjeta de crédito? En este punto conviene recordar que el propio Gobierno del PSOE puso en marcha un cambio en la legislación española para evitar los pagos en efectivo superiores a 1.000 euros con la idea de combatir el lavado de dinero negro. ¿Qué hacía un ministro de España moviéndose con grandes sumas de dinero en efectivo?¿De dónde sacó ese dinero?

Las respuestas pueden ser muy variadas, pero fuentes del Ministerio de Transportes confirman que durante el mandato de Ábalos se siguieron procedimientos un tanto sui generis a la hora de justificar los gastos del ministro. De hecho, era habitual que García se dotase de grandes sumas de dinero en efectivo antes de cualquier viaje para ir pagando los gastos que fueran surgiendo. La duda está en saber si tanto Ábalos como García fueron lo suficientemente escrupulosos a la hora de separar los gastos particulares de los oficiales.

García solía viajar con tres sobres con dinero en efectivo. Uno para pagar los gastos del ministerio, otro para saldar las facturas relacionadas con el partido y un tercero para los gastillos del propio ministro. Extraño método en un mundo tan digitalizado, pero todo es posible. Como nunca se pudo crear una comisión de investigación en el Parlamento para aclarar el asunto, nos quedaremos de momento con las ganas de saber si García llevaba bien las cuentas.

Inseparables

Koldo García y José Luis Ábalos son inseparables, incluso aunque el segundo haya dejado de ser ministro. La prueba es que ambos visitaron juntos once países en los tres meses siguientes a su salida del Gobierno, entre ellos la República Dominicana y Guinea Ecuatorial. Y eso a pesar de que García tiene concedida desde hace años una invalidez parcial por una discapacidad en los dedos de un pie que, supuestamente, no le permite andar con normalidad. «Trabajaba con permiso de la Seguridad Social», se justifican desde el Ministerio de Transportes. En su momento pidió la invalidez completa, pero no se la dieron y llegó a pleitear.

Oficialmente, y según se han encargado de airear desde el Palacio de la Moncloa, Ábalos tuvo que salir del Gobierno debido a su vida disoluta, como desveló la periodista Ketty Garat en THE OBJECTIVE. Otras fuentes apuntan a diversos informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en donde supuestamente se mencionan hechos más graves.

Como desvelamos en su día, Ábalos aprovechó la pandemia para controlar personalmente buena parte de las compras de material sanitario que hizo el Gobierno en las primeras semanas de coronavirus. Gracias al estado de alarma, se pudieron gastar ingentes sumas de dinero sin seguir las tradicionales normas de contratación. Se suprimieron los concursos públicos y reinó la adjudicación directa.

El 14 de marzo de 2020, cuando el Ejecutivo aprobó oficialmente el estado de alarma, España pasó a tener un mando único administrativo, al frente del cual estaba el presidente del Gobierno. Sin embargo, según el decreto aprobado ese día, ese poder se delegaba en cuatro de sus ministros: Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Luis Ábalos (Transportes) y Salvador Illa (Sanidad)

Gracias a ese poder delegado, Ábalos firmó una orden ministerial el 20 de marzo en la que el Ministerio de Transportes asumió la compra de mascarillas. Hasta ese día, era Sanidad quien llevaba el peso de la contratación de material sanitario y no sin dificultades, porque el organismo dirigido por Illa apenas contaba con personal y recursos suficientes para afrontar una crisis de tanta magnitud: su ministerio se había quedado escuálido al haber ido transfiriendo durante años las competencias sanitarias a las comunidades autónomas.

Por tanto, el Boletín Oficial del Estado publicó la orden de Ábalos el sábado, 21 de marzo. En teoría,esa instrucción era para regular la compra y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes con el objetivo de garantizar el tránsito de mercancías y viajeros en condiciones adecuadas durante la vigencia del estado de alarma.

El problema es que, al haberse suprimido las tradicionales normas de adjudicación de contratos en la administración, la compra se hizo mediante adquisición centralizada, adjudicación directa y tramitación de emergencia. Es decir, se concedieron los contratos a dedo y se redujeron a la mínima expresión la transparencia y el control sobre los mismos.

Y luego pasa lo que pasa.  El 14 de abril de 2020, Vozpópuli abría su edición con el siguiente titular: «El Ministerio de Transportes compra ocho millones de mascarillas a una empresa sin experiencia en material sanitario». La información estaba firmada por los periodistas Alberto Sanz, Antonio Rodríguez y Gonzalo Araluce.

Resulta que, en virtud de la orden ministerial del 20 de marzo, el ministerio dirigido por Ábalos había ordenado la compra de 8 millones de mascarillas a la empresa pública Puertos del Estado y esa compra se adjudicó a Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL, una sociedad completamente desconocida en el sector sanitario español y dedicada a la ejecución de proyectos en África.

La compañía, con sede en Zaragoza, ofrece supuestamente asesoramiento técnico a empresas en campos como la salud, la energía o las infraestructuras agrícolas, y opera en países como Mauritania o Túnez. No obstante, en abril de 2020, que es cuando fue contratada, la empresa llevaba casi tres años sin comunicar ningún proyecto, desde que participó en la construcción de una central eléctrica en Angola en agosto de 2017.

Todo lo que rodea a la empresa Soluciones de Gestión huele especialmente mal. Pese a contar con apenas cinco trabajadores, según los datos del Registro Mercantil, logró contratos del Gobierno para la compra de material sanitario valorados en 40,5 millones de euros: dos de ellos del Ministerio de Transportes y otro del de Interior por recomendación del equipo de Ábalos, según confesó Marlaska en una respuesta parlamentaria

El primer contrato se hizo a través de Puertos del Estado (24,2 millones de euros por 8 millones de mascarillas), el segundo a través de Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias (12,5 millones de euros por 5 millones de mascarillas) y el tercero fue obra de Interior (3,48 millones de euros por 1 millón de mascarillas). Las adjudicaciones se hicieron a dedo y con una sola oferta presentada. En el caso del departamento de Marlaska, lo más sorprendente es que la entrega de la oferta por parte de Soluciones de Gestión se hizo en mano, una práctica casi erradicada en la Administración General del Estado, pues la totalidad de las empresas utilizan la vía electrónica cuando entregan la documentación.

Una empresa extraña

Así pues, una compañía que apenas había facturado 100.000 euros en sus últimas cuentas publicadas y que había arrojado unos números rojos de 1,1 millones de euros (año 2018), pasó a convertirse en uno de los principales proveedores de mascarillas del Gobierno. Sin tener una gran experiencia en el sector y sin producir directamente el material, su misión se limitó a intermediar con China, pero tampoco constaba que tuviera especiales vínculos con aquel país.

El Ministerio de Transportes y Puertos del Estado nunca aclararon por qué se recurrió a esta empresa. Pero las principales firmas del sector sanitario español, y en especial las que se habían dedicado tradicionalmente a importar material desde China, dieron de inmediato la voz de alarma y expresaron su malestar al Gobierno, lo que acabó provocando que en los meses sucesivos el Ejecutivo fuera un poco más cauto en la adjudicación a dedo de contratos y diversificara el número de proveedores.

El accionista mayoritario de Soluciones de Gestión es Erromar Soluciones, con sede en Guecho (Bilbao). Y el administrador único de esta sociedad es Purdey Investment, a quien representa José Ángel Escorial Senante (también detenido por la Guardia Civil). Según publicó El Mundo, Escorial fundó dos empresas offshore en Malta en septiembre de 2008: Delta Advisory and Management Services Limited y Arce Investment Consulting Limited. Además, Escorial se presenta en las redes como consejero de un fondo especializado en el sector inmobiliario, Goya Global Holding, y es consejero delegado de la empresa Malta Capital, aunque no tiene actividad actualmente.

El día 16 de abril de 2020, Vozpópuli destapó que «el proveedor de mascarillas de Ábalos es socio en Angola de una empresa procesada por corrupción». Y es que Soluciones de Gestión se involucró en dos proyectos en Angola a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE), Boavista II, con Cueto Comercial 92, una compañía procesada por corrupción en el caso Defex. La UTE se creó para la implantación de una central térmica flotante y para construir un centro médico en Luanda.

La empresa Cueto Comercial 92 se hizo famosa en mayo de 2019 porque el magistrado José de la Mata la involucró en el presunto desvío y apropiación de fondos en contratos de suministro de material policial. El juez detalló que existían indicios sólidos de que esa sociedad y Defex, empresa pública española de venta de armas, mantenían una operativa en Angola para «contratos públicos mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos angoleños». Curiosamente, la oficina de Soluciones de Gestión en Madrid está en el mismo edificio que la de Cueto.

Pese a las reiteradas consultas al Portal de la Transparencia y reclamaciones de información a las diferentes administraciones, los pliegos de estos contratos y los detalles de Soluciones de Gestión siguen siendo un misterio.

El escándalo de las mascarillas, unido al Delcygate y posteriormente a su participación directa en el rescate de Plus Ultra, han dejado a Ábalos con la permanente sombra de la corrupción a sus espaldas, si bien es cierto que todavía no se ha conseguido demostrar ninguna ilegalidad en los tribunales y tampoco está claro si actuaba por interés propio o para beneficio de su partido. En este sentido, resulta extraño que Sánchez le echase del Gobierno y del PSOE, pero le haya permitido conservar el escaño en el Congreso de los Diputados, por lo que Ábalos mantiene el aforamiento y solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo.

Todos los indicios apuntan a que Ábalos fue destituido de forma preventiva: Sánchez soltó lastre ante el temor de lo que pudiera aparecer en el futuro. Y la prueba es que lo quitó a la vez del Gobierno y del PSOE, para que no hubiera contaminación posible cuando estallara la bomba. Eso sí, le dejó con el escaño y el aforamiento, por si acaso llega a tener problemas con la Justicia.