La mujer de Koldo García pagó al contado un piso de 365.000 euros en plena pandemia
La adquisición de este inmueble hizo saltar las alarmas en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
Ilustración de Alejandra Svriz.
Patricia Úriz –pareja del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, e investigada en la operación Delorme– compró al contado un apartamento en Benidorm (Alicante) valorado en 365.000 euros. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la mujer del hombre de confianza del exministro –durante su etapa en el Ministerio de Transportes– no solicitó ninguna hipoteca para adquirir la vivienda frente al mar en diciembre de 2020, en plena pandemia.
Según consta en el Registro de la Propiedad, Úriz adquirió el 3 de diciembre de 2020 un apartamento turístico ubicado en la cuarta planta del edificio Copacabana, sito en la avenida Madrid. La vivienda, de 110 metros cuadrados (79 metros cuadrados de vivienda y 31 metros de solana), consta de salón comedor, cocina, cuarto de baño, cuarto de aseo y tres habitaciones.
La adquisición de este inmueble, junto al de otras tres viviendas y tres terrenos, por parte del entorno de Koldo García hizo saltar las alarmas en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que detectaron un incremento injustificado del patrimonio familiar del exasesor de Ábalos durante la pandemia. Los investigadores lo cifran en 1,5 millones de euros.
Koldo García, uno de los cabecillas de la trama que ahora investiga la Audiencia Nacional, ha asegurado en una entrevista concedida a Ok Diario que dichas adquisiciones están sujetas a sus correspondientes hipotecas. Sin embargo, THE OBJECTIVE ha podido comprobar que el que fuera mano derecha del exministro ha mentido. Según consta en la nota simple, el apartamento adquirido por Úriz fue comprado a tocateja. Por ese motivo, los agentes ahora intentan averiguar el origen de los fondos presuntamente ilícitos empleados para la compra de la vivienda.
‘Caso Koldo’
Una serie de adquisiciones para las cuales habrían utilizado supuestamente el dinero de las mordidas en las adjudicaciones de los contratos por la vía de urgencia para la compra de mascarillas y otros materiales durante el covid-19. De este modo, García y Uriz habrían tratado de ocultar las comisiones que cobraban con inversiones inmobiliarias.
La Guardia Civil detuvo el pasado 20 de febrero a Koldo García, Patricia Úriz y a otras 18 personas, entre ellas, el hermano del primero, Joseba García, y el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama. Se les acusa de delitos de operación criminal, tráfico de influencias y cohecho. La Audiencia Nacional investiga presuntas mordidas en contratos durante la pandemia cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias. El montante ascendería a más de 50 millones de euros.
Pese a que la información sobre el caso estalló hace varias semanas, THE OBJECTIVE ya informó en marzo de 2023 de que la Fiscalía europea investigaba también los contratos covid adjudicados por los gobiernos de Canarias y Baleares al proveedor de mascarillas del exministro de Transportes, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, cuyo responsable, José Angel Escorial, también ha sido detenido.
Ambos ejecutivos autonómicos, gobernados por el PSOE, usaron el procedimiento de emergencia –sin publicidad ni licitación previa– para adjudicar a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas cuatro contratos por valor de casi 13 millones de euros, con cargo a los fondos Feder de la UE, para traer a España material sanitario durante el año 2020.
En el mes de septiembre de 2022 la Fiscalía Anticorrupción remitió a la UE las diligencias de investigación abiertas medio año antes por una denuncia en la que se pedía indagar en todos los contratos adjudicados la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Entre ellos, los otorgados por Baleares y Canarias. La misma empresa había recibido otras tres adjudicaciones de los ministerios de Transportes e Interior por importe de 40,5 millones de euros en 2020, de los cuales casi 37 millones fueron pagados por el departamento dirigido entonces por Ábalos.
