Un clan de narcos intenta dinamitar una investigación judicial con tretas de película
Los imputados han intentado torpedear la causa en la Audiencia Nacional denunciando supuestas malas prácticas de los investigadores
Seis años de investigación, 33 detenidos, 36 inmuebles bloqueados por valor de 11 millones de euros, 76 vehículos incautados, 700.0000 euros en efectivo y 239 kilos de coca aprendidos conforman uno de los mayores golpes que la Guardia Civil ha dado a uno de los clanes de la droga más importantes en España. Una organización liderada por Antonio M., denominado como Niño Skin, ligado también a los Ultra Sur, y que los instructores de las pesquisas policiales, de la unidad de delitos económicos y telemáticos del Instituto Armado en Madrid, ha puesto en jaque por la presunta comisión de delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, en una causa que instruye el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional desde 2018.
Tres años después, en agosto de 2021, el operativo policial explotó y culminó con la detención de la mayoría de los investigados, entre ellos, los hermanos Juan y Marina B. M.; y B. Villacís, hermano de la exvicealcadesa de Madrid; todos ellos investigados y vinculados, antes de presuntamente integrar la red criminal, a los grupos ultra relacionados con el Real Madrid. Un entorno donde, según las pesquisas, habrían fraguado relación todos los implicados en este caso de narcotráfico que investiga el juez Santiago Pedraz.
Una película de Netflix
La investigación policial, forjada por numerosas pruebas aportadas por la Guardia Civil e incluso por información de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, Drug Enforcement Agency (D.E.A., por sus siglas en inglés), se ha visto envuelta en numerosos escándalos a lo largo de su recorrido judicial. Tanto es así que lo que ha devenido en los tres años siguientes a los arrestos bien podría ser una película de Netflix. Con un guion en el que se entrelazan guardias civiles infiltrados en el entorno de la organización del Niño Skin, un presunto amor entre un agente y una mujer vinculada al clan y grabaciones de llamadas por parte del entorno de los acusados a investigadores del Instituto Armado.
Algo «insólito», señalan fuentes de la investigación a THE OBJECTIVE, en una causa judicial, pero que, igualmente, ha dilatado las pesquisas en el tiempo: el principal objetivo, cuentan, de los acusados, así como minar la moral de los investigadores. Todo se enmarca, indican, en una estrategia diseñada por los implicados en este caso narcotráfico para ir torpedeando la investigación de la Guardia Civil. Un plan que ha derivado en distintas artimañas que el grupo criminal ha ido ejecutando para dejar en evidencia a los instructores policiales así como las pruebas que iban recabando contra ellos.
¿Una historia de amor?
La primera de ellas se inició en la primera de 2022 con un mensaje de whatsapp, tal como contó El Mundo, dirigido a uno de los investigadores de la unidad de delitos económicos y telemáticos de la Comandancia del Instituto Armado en Madrid, el brigada Bravo. Un texto que reza: «Pablo, que te di mi teléfono pero nunca me has llamado». El agente que no se llama así, responde a través de su teléfono profesional, frío: «Perdón se ha equivocado, aquí no hay nadie con ese nombre». Dos mensajes inocentes que supondrán el inicio, aunque parezca imposible, de una supuesta relación.
Él, según explicó más tarde ante el juez, descubre en las pesquisas que, en realidad, S.C. está vinculada a uno de los investigados. Así que le sigue el juego y queda con ella en varias ocaciones con el objetivo de obtener información del presunto clan de narcos. La supuesta infiltración llega hasta el punto de que ambos se citan en un hotel, pagado por el agente, para mantener relaciones sexuales. Ella, por otro lado, aprovechará una de sus conversaciones para grabarle. Un audio en el que «él admite que su grupo usó balizas de seguimiento en las pesquisas policiales sin autorización legal y presentó informes sobre vigilancias que nunca se produjeron».
‘Seísmo judicial’
Unas declaraciones que provocarán un seísmo en la causa judicial. El juez instructor, Santiago Pedraz, deduce testimonio y considera investigado al brigada; la Guardia Civil lo aparta del caso y lo envía a labores administrativas; y la defensa de los acusados utiliza las grabaciones para poner en duda las investigaciones sobre tráfico de drogas y blanqueo de capitales. ¿Quién dice la verdad? Fuentes de la Benemérita defienden a toda costa la actuación del agente, que cumplía con su trabajo y verbalizó, sostienen, esas cuestiones sobre la investigación «para ganarse la confianza de su falsa novia». «Nadie se atreve a decir esas afirmaciones de forma tan velada, y menos con una desconocida. Es de sentido común. Se han traspasado todas las líneas rojas».
«Es que yo hice todo eso, le dije todas esas mentiras y le seguí la corriente porque sabía quién era ella y para conseguir información, señoría», le cuenta el brigada al juez en su declaración. Ella, sin embargo, siempre mantendrá que las grabaciones las realiza por venganza: «Él me decía que estaba en trámites de separación y otras relaciones que he mantenido luego sus parejas, en vez de recriminárselos a ellos, me lo han recriminado a mí». ¿Amor o infiltración mutua? Por ahora, el juez ha enviado el asunto a los juzgados de Plaza Castilla al no considerarlo como parte de la causa y el brigada presentó en paralelo una querella contra su supuesta novia, aunque esta finalmente no ha sido admitida a trámite.
Llamada al jefe del grupo
El segundo capítulo tardará en llegar un año. En esta ocasión, la trama, según defiende el Instituto Armado, utilizará supuestamente a otra persona de su entorno, I. R., para llamar al jefe del grupo de delitos económicos, el capitán A.M.S, y grabarle. Un audio que presentará poco después como prueba el acusado Juan B. M., en un escrito ante la Audiencia Nacional, para pedir al juez que aparte al mando policial de la dirección de las pesquisas por referirse en «términos insultantes, amenazantes y coactivos» a los investigados, tal como publicó THE OBJECTIVE.
Otra artimaña, insisten las mismas fuentes, para dinamitar la investigación. La llamada que ha denunciado uno de los investigados por tráfico de drogas iba precedida de una serie de amenazas al mando policial, según los registros a los que ha podido tener acceso este periódico. En concreto, de una conversación en la que el interlocutor le dice previamente, haciéndose pasar por un compañero de la Guardia Civil: «Amigo, los jefes empiezan a estar divididos (…) Cuídate mucho, amigo, estás mirado con lupa. No te fíes de tu grupo entero, ya hay alguno que echa balones fuera y apunta a lo fácil (…) Cuidado con tus próximos pasos. El papel empieza a no aguantarlo todo. Bravo se lo merecía, tú no».
Todo, apuntan desde el Instituto Armado, con el objetivo de amedrentar al mando del grupo policial, en vísperas de presentar en el juzgado el informe definitivo sobre blanqueo de capitales al que vinculan a los investigados con el lavado de dinero a partir de los beneficios del narcotráfico, circunstancias que finalmente llegan a producirse tras presentarse el citado documento el pasado mes marzo. Fecha en la que piden apartar al capitán de la instrucción por la grabación telefónica que se aporta al proceso, eso sí, recalcan las fuentes, «omitiendo que el mando desconocía por completo con quien hablaba» y que resultó ser una persona relacionada a la presunta organización, pero sobre la que no pesa ninguna imputación en el caso.
De hecho, tras la llamada, según consta en una cadena de mensajes, ambos interlocutores aclararon el asunto tras conocer la identidad del que realizó la misma. Ahora, la Guardia Civil está investigando estas llamadas y presentará diligencias ante el juez por estos hechos, indican a este diario. Un bache más en la causa judicial para que la todavía está lejos la fecha del juicio pese a que en unas semanas cumplirá seis años.