El Gobierno prepara el terreno para ceder la inmigración a País Vasco y Cataluña
El resto de comunidades no han mostrado interés por el traspaso y temen que provoque problemas de seguridad
Cataluña y País Vasco son las únicas comunidades que han mostrado interés por gestionar la inmigración. En la imagen, Carles Puigdemont y Pedro Sánchez. | Ilustración de Alejandra Svriz
El Gobierno está dispuesto a seguir adelante con una cesión amplia de las competencias de inmigración a Cataluña, pero también al País Vasco. De hecho, el pasado viernes ya dio un importante paso con el traspaso a Vitoria de las funciones de apoyo social, psicológico, jurídico y cultural y el asesoramiento sociolaboral de personas migrantes que hasta ahora estaban en manos del Estado.
Tras el acuerdo con Junts, el partido que lidera Carles Puigdemont, para que Cataluña asuma la mayor parte de la política migratoria, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que gobierna el País Vasco, tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad. El objetivo es asumir asuntos que hasta ahora gestionaba el Estado de una forma coordinada. En paralelo, el resto de las comunidades no parecen dispuestas a gestionar esta competencia.
En una respuesta parlamentaria a una pregunta del Grupo Popular a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Ejecutivo reafirma que la competencia de inmigración es del Estado, pero eso no impide mayores cesiones que las actuales. «Las comunidades autónomas ejercen competencias que tienen una evidente proyección sobre la población inmigrante, con base en competencias autonómicas como las de educación o de sanidad, entre otras», destaca.
Cesión integral de la inmigración
Admite que hay una interlocución constante con las comunidades para garantizar la coherencia en la aplicación de las políticas públicas en materia de inmigración a través de diferentes foros como el de la Conferencia Sectorial de Inmigración. Pese a que el Ejecutivo reconoce en sede parlamentaria que no ha abordado con ninguna comunidad autónoma en «particular» el asunto, lo cierto es que el BOE ya plasma una importante cesión.
El traspaso de la inmigración resulta clave para que siga vivo el débil Gobierno de Sánchez, consolidado a base de importantes cesiones. «Será preciso estudiar las vías constitucionales para que las comunidades autónomas asuman nuevas competencias en esta materia con el objetivo de configurar un modelo migratorio coherente, sin duplicidades ni disfunciones», asegura. Para reforzar la cesión amplia de las competencias de inmigración estima que nuestro modelo constitucional es particularmente flexible y dinámico, ofreciendo diversas vías para adaptar la distribución de facultades y potestades».
Mientras, el resto de las comunidades no han solicitado la competencia para, en la mayoría de los casos, evitar problemas de seguridad y diferentes baremos de control en la fronteras. Según recogía El País tras el acuerdo con Junts que permitió salvar tres decretos claves para Sánchez, Aragón era una de las regiones más incómodas con la cesión a Cataluña.
El presidente autonómico aragonés, Jorge Azcón, anunció «una batería de recursos para defender jurídicamente los intereses de Aragón». «Tenemos que saber si ahora es Cataluña quien va a decidir unilateralmente si acoge inmigrantes o si tenemos que asumir nosotros los inmigrantes que les puedan corresponder a otras comunidades como a Cataluña», aseguró. Por su parte, el Ejecutivo balear apostaba porque la competencia siguiese en manos del Estado. Como para otros gobiernos autonómicos, la coordinación en esta materia resulta trascendental.
Problema legal
Delegar de forma «integral» las competencias de inmigración en Cataluña choca de lleno con el artículo 149.2 de la Constitución, que atribuye al Estado central «la competencia exclusiva» de las políticas que afectan a «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo», advierten fuentes jurídicas del Supremo a THE OBJECTIVE.
Esa vía ha sido la utilizada en el pasado para transferir áreas como Educación o Sanidad a las comunidades autónomas y dice así: «El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado».
Sin embargo, la política de inmigración no es susceptible de ser transferida a una región porque colisionaría con el citado 149.2, advierten las citadas fuentes, en línea con lo expuesto por el sindicato Jupol tras conocerse el acuerdo. «Esto es reconocer, de facto, la independencia de Cataluña. El control de la inmigración es el control de las fronteras exteriores, que no pueden estar bajo el control de una Policía regional», subrayan refiriéndose al papel que podrían tener los Mossos.
Inmigración, Cercanías, universidad…
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes tres reales decretos correspondientes a los traspasos de competencias acordados con la comunidad autónoma vasca, entre ellos el de Cercanías, dos días antes de que se celebren las elecciones autonómicas vascas este domingo.
Junto al servicio ferroviario de Cercanías, el BOE publica otro real decreto que profundiza en el traspaso de las competencias de educación, en concreto en la homologación y equiparación de títulos universitarios. Este segundo acuerdo completa la transferencia aprobada en 2011 ya que hasta ahora la autonomía podía hacer homologaciones únicamente hasta el nivel de la enseñanza secundaria.
