El Senado confía un contrato a una firma de la trama Ábalos que logró un pelotazo en Canarias
Eurofins Megalab se hace con un pliego valorado en 65.000 euros para hacer análisis clínicos en la Cámara Alta
Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, en su comparencia en el Senado el pasado 22 de abril. | Eduardo Parra (Europa Press)
El Senado ha adjudicado el contrato para realizar los análisis clínicos de los parlamentarios y trabajadores de la institución durante los próximos años a Eurofins Megalab. Este laboratorio está vinculado a la trama que tiene como protagonistas al comisionista Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García. La empresa, según ha constatado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, logró megacontratos con los gobiernos de Canarias y Baleares previa mediación del antiguo asesor del exministro.
El contrato de la Cámara Alta fue adjudicado el pasado 14 de octubre. La Mesa del Senado dio el visto bueno al encargo, que está valorado en 65.000 euros. El plazo previsto para su ejecución es de un año prorrogable a otros tres, según la información analizada por THE OBJECTIVE. Eurofins se impuso en las valoraciones a Synlab Diagnósticos Globales, su único rival. El laboratorio vinculado a la presunta trama de corrupción también optó en 2020 a un contrato parecido, en ese caso sin éxito.
En esa ocasión se trataba del servicio de laboratorio clínico externo para la realización de pruebas analíticas, en el contexto del protocolo de seguridad del Senado ante los riesgos derivados del contagio por coronavirus. El laboratorio relacionado con la trama compitió con otras cuatro empresas especializadas y quedó en penúltimo lugar en las valoraciones. Fuentes de la Cámara Alta señalan que el laboratorio obtuvo mejor valoración. Destacan también que no tiene ninguna limitación para contratar, pese a las pesquisas realizadas por la Guardia Civil.
El asesor de Ábalos y Torres
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha dado a conocer los audios y mensajes que se intercambiaron Koldo García y el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en agosto de 2020. El día 17 de ese mes, el exasesor de Ábalos solicitó al actual ministro de Política Territorial una reunión con representantes de Eurofins Megalab, cuyo delegado era Ignacio Díaz Tapia.
Torres accedió a la solicitud, como confirma otro mensaje. Una semana más tarde informó a Díaz Tapia de que ya había conversado con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que había «una buena recepción» al proyecto propuesto, que consistía en hacer pruebas PCR a los viajeros. El proyecto no cuajó, pero meses más tarde se puso en marcha uno similar, permitiendo a la trama Koldo cerrar varios acuerdos con el Gobierno de Canarias.
Eurofins Megalab recibió tres contratos del Servicio Canario de Salud (SCS). Fueron formalizados el 18 de diciembre de 2020, el 1 de enero y el 1 de febrero de 2021. El importe total rondaba los 5,4 millones de euros. El laboratorio realizó pruebas PCR a residentes canarios que regresaban desde la península durante las fiestas navideñas de 2020 y principios de 2021.
La trama también consiguió un contrato de 1,1 millones para realizar los test. En la operación habría vuelto a mediar Koldo García con la entonces presidenta regional, Francina Armengol. La actual presidenta del Congreso le facilitó el contacto de la consejera de Salud balear, que días más tarde escribe al asesor del exministro para decirle que va a ver a Díaz Tapia.
El papel de Koldo García
Como informó este diario, los socios de Aldama celebraban cada contrato que llegaba a Eurofins Megalab. Los grandes, relacionados con Administraciones y organismos públicos, los facilitaba Koldo García. Un negocio en ciernes para la venta de pruebas a una autonomía fue recibido de forma entusiasta por Tapia: «Eso va a ser la polla».
Pese a la carga de trabajo, Díaz Tapia, Javier Serrano, César Moreno, socios de Aldama, seguían buscando nichos de mercado. Incluso pusieron en el punto de mira en México e Italia para vender sus productos sanitarios. En España, en ese momento, la prioridad eran los compromisos con la Policía y las gestiones para vender PCR a la Guardia Civil.
En septiembre de 2018 formalizaron un contrato con la Policía de 600.000 euros. En mayo del año siguiente llegaría otro de 150.000. El primero era para hacer PCR a los agentes, y el segundo para realizar las pruebas a los inmigrantes en Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE).
La trama estaba preocupada por los pedidos, que en algunos casos se pagaban en cash. Díaz Tapia llevaba la voz cantante en el grupo de WhatsApp que conformaban, denominado «4 mosqueteros». De hecho, es el que da las buenas noticias sobre nuevos encargos. El 28 de diciembre de 2020, anuncia a sus socios: «Me acaba de llama K [al que los investigadores señalan como Koldo García] para la Policía. Me ha dicho que si estamos preparados para hacer una comunidad autónoma completa».
