Los 80 nicaragüenses refugiados en Valladolid critican al Gobierno: «No han cumplido»
Aseguran que las condiciones laborales prometidas no se han cumplido y denuncian capítulos de acoso en el trabajo
Villalba de los Alcores, en Valladolid. | Wikimedia
Un año después de que España acogiese a 80 refugiados centroamericanos en el marco de los acuerdos que el Gobierno de Pedro Sánchez selló el año pasado con Canadá y Estados Unidos para aliviar la presión migratoria sobre Washington, la vida de estos ciudadanos, todos ellos de origen nicaragüense y afincados en distintas localidades de Valladolid, dista mucho de lo que tiempo atrás le prometió el Ministerio de Migraciones. En conversación con THE OBJECTIVE, algunos de ellos denuncian «que las condiciones laborales a las que se comprometió el Gobierno no se han cumplido». Al mismo tiempo, advierten de que son víctimas de «capítulos continuados de hostigamiento laboral y de racismo» por parte de compañeros y de la empresa que les contrató. «Nos dicen que usemos más condones; nos llaman exiliados… y nos tienen para hacer cualquier trabajo», revelan.
«No han cumplido con lo que nos dijeron». En un principio, según cuentan, la oenegé Accem y el departamento de Elma Saiz les garantizaron que trabajarían como instaladores en un parque fotovoltaico de Villalba de los Alcores (Valladolid). De hecho, explican, la mayoría de los trabajadores recibió formación previa para ello. Tres meses después de llegar al país, este periódico desveló que la planta en el citado municipio, en realidad, era solo un proyecto y no estaba previsto que los refugiados fuesen contratados allí por Cobra, la empresa que ha facilitado su integración laboral. Finalmente, tiempo después comenzaron a trabajar en otras instalaciones: «Nadie ha hecho nunca ese trabajo, somos todos peones de construcción, y cobramos menos de los que se nos dijo».
Estos trabajadores cuentan que el Gobierno les aseguró «que cobrarían 19.000 euros anuales», cuando «la verdad es que están percibiendo 17.000» por «un trabajo que no se corresponde con el convenio firmado». «Nos tienen aquí para hacer de todo, a mí esta semana me han obligado a hacer unos trabajos de electricidad, otros tienen que utilizar maquinaria pesada… Pero nada de instalar las placas solares, que es para lo que vinimos», denuncian. A esta situación, entre tanto, se suman distintos capítulos de acoso laboral que algunos de estos nicaragüenses han padecido en los últimos meses.
«Nos llaman ‘exiliados’»
«Hace unas semanas, nos mandaron a trabajar a Handario, al norte de Valladolid, después de que un hombre falleciese en un accidente laboral. Los compañeros nos dijeron que allí llovía y hacía mucho frío. Así que pedimos si la empresa podía prestarnos unas botas de agua y un forro térmico. La respuesta fue que ‘nosotros pedíamos y exigíamos mucho’, y que ‘utilizaremos más condones’», cuenta uno de los afectados. «También estamos acostumbrados a que nos llamen ‘exiliados’. Yo sé que lo soy, pero es una falta de respeto que se nos califiqué así», denuncian.
Su preocupación ahora, prosiguen, es que los otros 200 nicaragüenses que llegarán la próxima semana a Valladolid, cumpliendo con los acuerdos alcanzados entre España, Canadá y EEUU, «no pasen por las mismas situaciones que hemos pasado nosotros». «Nos han humillado. Estuvimos mucho tiempo pensando que nos quedábamos en la calle porque no empezábamos a trabajar, y no podíamos estar mucho tiempo en las casas de acogida. El Gobierno nos abandonó y la oenegé Accem también», manifiestan.
600 refugiados
Esta alianza entre los tres países se sustenta en la creación de cuatro Oficinas de Movilidad Segura en Costa Rica, Colombia, Ecuador y Guatemala. Un organismo ideado por la Casa Blanca y que gestiona la unidad de Naciones Unidas que se ocupa de los Refugiados (Acnur), y la que se encarga de las migraciones (OIM). De este modo, los solicitantes de asilo que se encuentran en estas entidades pueden pedir su reubicación a EEUU, Canadá o España, y cada país recibe de acuerdo con los cupos negociados entre los implicados.
Las oenegés encargadas de las oficinas establecen filtros para incluir a las personas más vulnerables dentro de este proyecto y también verifican que los solicitantes no estén registrados en ningún fichero policial, aseguran fuentes del departamento de Elma Saiz. El trabajo más arduo, sin embargo, es dar con un empleo para los refugiados o al menos para alguien de la unidad familiar, una tarea en la que colaboran ministerios, embajadas y organizaciones sin ánimo de lucro, al igual que para el traslado de todos ellos al país de destino.
En el caso de España, el Ministerio de Migraciones se comprometió a que llegasen a nuestro país más 600 personas procedentes de este programa piloto a lo largo del año, todas ellas con un empleo. Pero, con la llegada de 200 nicaragüenses la próxima semana, solo habrán entrado la mitad. Desde el departamento de Elma Saiz ya advirtieron a este periódico de que se trata de un proceso largo y, por tanto, es difícil concretar fechas. El objetivo es que los refugiados sean reasentados en sectores deficitarios, principalmente en zonas rurales en las que las empresas españolas no encuentran trabajadores residentes en el país.
