La Justicia descarta el blanqueo de capitales en las subvenciones de Ada Colau a ONG afines

Portazo de la Justicia a investigar por blanqueo de capitales y desvío de fondos públicos a Ada Colau. La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado añadir esos delitos a la causa en la que se investiga por presunta prevaricación a la exalcaldesa por las millonarias subvenciones concedidas a entidades y ONG afines durante su mandato, según un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

La Sección Quinta de ese tribunal ha desestimado un recurso de apelación presentado por la asociación que preside el exjuez Fernando Presencia, investigado en la Audiencia Nacional por estafa procesal, quien pedía que se admitiera su personación en la causa contra Colau y que se ampliaran los delitos a investigar. Los magistrados de la Audiencia Provincial descartan ambas peticiones y subrayan que no existe «indicio alguno sobre que en la presente causa» Colau «hubiera obtenido algún provecho económico para sí».

Se descarta así la posibilidad de investigar los supuestos delitos de blanqueo de capitales que denunciaba Presencia, imputado presuntamente por presentar denuncias masivas contra políticos, jueces y fiscales sustentadas en documentos falsos. «La falta de indicios en relación con el hecho denunciado determina que debe acordarse la inadmisión de la denuncia formulada, lo que impide revisar la concurrencia de causa de conexidad con las presentes actuaciones», indica el auto de la Audiencia de Barcelona.

Las subvenciones de Colau

Tanto el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, como la Fiscalía y las dos organizaciones que ejercen de acusación popular en la causa contra Colau por regar con subvenciones a entidades afines (la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democráctica y la Associació de Juristes Constitucionalistes per Les Llibertats) habían pedido desestimar el recurso de apelación interpuesto por el exjuez Presencia. Lo hicieron por la falta de relación entre los hechos investigados en la causa y lo denunciado por la asociación presidida por el exmagistrado, inhabilitado para la carrera judicial precisamente por prevaricación.

«En la presente causa se investigan subvenciones para determinar si fueron adjudicadas a través de los cauces administrativos correctos y con pleno respeto a la legalidad, sin que obre indicio de que la investigada recibiera algún premio, pago o gratificación por su concesión», indicaba el juez instructor el pasado mes de febrero en una providencia recurrida por la asociación que preside el exjuez Presencia, quien había aportado una serie de documentos para denunciar supuestos fondos en Luxemburgo a nombre de Colau que, según sostenía, «pueden provenir de la concesión de ayudas por 3,4 millones de euros que su consistorio concedió a tres entidades afines».

Esta denuncia, ahora desestimada definitivamente por la Audiencia de Barcelona, había enmarañado la causa abierta en 2021 para investigar presuntas irregularidades en la subvenciones directas concedidas a las entidades Observatori de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la organización Ingeniería Sin Fronteras (ESF).

Se trata de organizaciones sociales donde la exalcaldesa y varios miembros de su antiguo equipo de gobierno habían trabajado antes de dar el salto a la política. Entidades que, según una de las acusaciones populares, formarían parte de una presunta ‘red clientelar’ de asociaciones a las que el Ayuntamiento de Barcelona otorgó subvenciones directas y cesiones de espacio público por importe de 40,8 millones de euros entre 2015 y 2019.

Única imputada

La Audiencia Provincial de Barcelona ordenó reabrir el caso el pasado mes de diciembre y practicar nuevas diligencias de investigación. Los magistrados consideraron que Colau y la interventora pudieron haber incurrido en indicios de delitos, sobre todo prevaricación, en la concesión directa de determinadas subvenciones a las citadas entidades sociales. Los magistrados dieron permiso al juez instructor para alargar la instrucción y practicar nuevas diligencias de prueba. Añadieron que las ayudas excepcionales deben estar debidamente justificadas si se conceden sin un verdadero concurso público, y vieron indicios para mantener a Colau como investigada.

El pasado mes de junio, el juez instructor acordó prorrogar la investigación hasta el próximo 29 de diciembre, pero descartó abrir nuevas líneas de investigación y rechazó revisar las cuentas o memorias económicas de las entidades sociales afines a Colau que recibieron subvenciones directas durante su mandato. El juez se opuso a revisar las cuentas de esas asociaciones al considerar que se trataría de una investigación de carácter «meramente prospectivo» y alejada de las irregularidades en las que se centra la causa.

Una de las acusaciones particulares había pedido requerir las cuentas de esas ONG afines a Colau con la pretensión de demostrar que las subvenciones que recibieron se usaban para pagar sueldos y mantener cargos, en lugar de ser destinadas financiar proyectos sociales, en las mismas entidades en las que la exalcaldesa y su equipo habían trabajado antes de 2015. Esta solicitud, denegada por el juez instructor, también ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia de Barcelona por esa acusación popular, junto con la negativa del magistrado de imputar a otros exintegrantes del equipo municipal de gobierno de Colau, como los diputados de Sumar Gerardo Pisarello y Eloi Badia, entre otros.

Asimismo, en línea con lo solicitado por la Fiscalía, el juez instructor descartó imputar a la interventora delegada del Ayuntamiento que declaró en febrero en calidad de testigo. La propia Audiencia de Barcelona había indicado, en diciembre del año pasado, la necesidad de tomar declaración a esa funcionaria por ser quien firmó los convenios para la concesión de las subvenciones concedidas y abonadas, sin publicidad ni licitación previa, a las entidades vinculadas al Observatorio DESC, donde Colau trabajó como asalariada hasta 2015. 

La funcionaria explicó en sede judicial, el pasado mes de febrero, que ella había advertido de que el sistema por el que se concedieron las subvenciones tenía algunas irregularidades que se arrastraban desde antes de que Colau fuera alcaldesa, pero que no veía relevancia penal en ellas. La Fiscalía ya solicitó el pasado año el cierre de la causa, al entender que las irregularidades investigadas no presentan indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y malversación denunciados, y se ha opuesto a todas las diligencias solicitadas por las acusaciones populares.