Políticos en el Constitucional: rara avis en España, pero habitual en el resto de Europa
El PP denuncia «el último asalto» de Pedro Sánchez, mientras el comisario europeo de Justicia afirma que en otros países hay exministros en el órgano
Miembros del Tribunal Constitucional en Francia. | Conseil constitutionnel
La elección del Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional ha desatado un terremoto. La oposición no ve con buenos ojos promocionar al exministro socialista Juan Carlos Campo y a la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez. Considera que cuentan con un marcado perfil político, algo poco usual en España, pero habitual en el resto de Europa. El PP ha llevado a Bruselas «el último asalto» de Pedro Sánchez al tribunal de garantías. Una denuncia que no ha causado el efecto deseado en las instituciones comunitarias. Incluso el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha afirmado que en otros países hay exministros que ejercen en el órgano de control constitucional.
«Cada tribunal es distinto. Nuestros modelos son Alemania e Italia, donde es normal haber pasado por la política. En España los jueces tienen prohibido tener carné de partido, pero los miembros del Constitucional sí pueden tenerlo. Es un caso curioso», explica Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. En su opinión, el problema no es la politización, sino que alguien que ha sido ministro dé el salto al tribunal de garantías apenas un año y medio después.
Tajadura sostiene que existen políticos en el Consejo Constitucional francés, aunque este no es el modelo a seguir. «El tribunal se creó en 1958 para proteger al Gobierno», reconoce el experto. Francia es el país que más políticos integra en el órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes. Siete de sus nueve miembros actuales han tenido cargos institucionales y dos, incluso, han sido primer ministro: Laurent Fabius y Alain Juppé.
El Consejo Constitucional
El socialista Fabius fue primer ministro con François Mitterrand entre 1984 y 1986. También presidió la Asamblea Nacional durante siete años divididos en dos etapas. Incluso llegó a ser primer secretario del Partido Socialista Francés. Lideró la cartera de Exteriores de 2012 y 2016, año que François Hollande le nombró presidente del Consejo Constitucional. Juppé fue varias veces ministro y lideró el gobierno entre 1995 y 1995 con la Unión Movimiento Popular (UMP) de Jacques Chirac.
No son los únicos magistrados franceses que han pasado por la política. Antes de llegar al Consejo Constitucional, Jacques Mèzard fue parlamentario, senador y ministro, primero de Agricultura y luego de Cohesión Social. De este último cargo saltó al tribunal de garantías nombrado por el presidente de la República, Emmanuel Macron. El mismo caso que Jacqueline Gourault, que dio el salto desde el Ministerio de Cohesión Territorial, aunque en 2022.
François Pillet formó durante años parte del Senado, que lo designó en 2019. François Séners y Veronique Malbec fueron durante años asesores del gobierno. En el último caso, del mismísimo Ministerio de Justicia. Otros, como Nicole Belloubet, hicieron del camino inverso. La magistrada dejó el Tribunal Constitucional francés para convertirse en ministra de Justicia de Macron en 2017.
«En Francia el mandato es de nueve años. Tres magistrados son elegidos por el presidente de la República, tres por el de la Asamblea y otros tres por el del Senado. La particularidad es que aquí todos los Jefes de Estado son miembros natos del Consejo Constitucional», especifica José María Morales, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla.
Históricamente, el tribunal de garantías galo ha estado integrado por ministros: Leon Noël, Gaston Palewski, Roger Frei, Robert Badinter, Roland Dumas o Jean-Louis Debré. Todos presidieron el Consejo Constitucional. También hay precedentes en Italia, donde el presidente de la Corte Costituzionale hasta septiembre, Giuliano Amato, ha sido primer ministro en dos ocasiones. Sergio Mattarella, actual presidente de la República, también ocupó diversos cargos políticos antes de ser magistrado.
La normativa de Bélgica
La Corte Costituzionale, creada en 1948 y que marcó el camino a otros tribunales, está constituida por 15 jueces. Su mandato se extiende durante nueve años y son nombrados, como en España, por tercios. Lo hace el presidente de la República, el Parlamento y el Senado en sesión conjunta por mayoría de tres quintos y las magistraturas supremas, tanto ordinarias como administrativas.
En su actual composición solo hay dos miembros que han pasado por la política. Luca Antonini tan solo fue asesor del gobierno, mientras que Augusto Antonio Barbera ocupó un escaño como diputado entre 1976 y 1994, primero por el Partido Comunista Italiano (PCI) y más tarde por el Partido Democrático. Incluso llegó a ser ministro sin cartera para las relaciones con el Parlamento en 1993.
La lista de magistrados alemanes que han pasado previamente por la política es más amplia. De sus 16 miembros divididos en dos Cámaras, seis han pasado por las instituciones públicas. Tres, como asesores: Heinrich Amadeus, Doris Rey y Astrid Wallrabenstein. Otros tres han ocupado cargos relevantes, entre ellos el presidente del Bundesverfassungsgericht, Stephan Harbarth, que fue diputado del CDU entre 2009 y 2018. Peter Huber llegó a ser ministro de Interior en el lander de Turingia y Peter Müller, primer ministro del Sarre.
El caso de Bélgica es el más llamativo. Su Tribunal Constitucional no solo está integrado por antiguos políticos, sino que incluso así lo exige la normativa. De sus 12 miembros, seis hablan neerlandés y otros seis son francoparlantes. La mitad de ellos deben haber sido parlamentarios más de cinco años. Es el caso de Joséphine Moerman, Sabine de Bethune, Yasmine Kherbache, Thierry Detienne, Thierry Giet y Danny Pieters. Algunos incluso llegaron a ser ministros. Esta fórmula alcanza al Tribunal de Justicia de la UE, donde ejerce François Biltgen, que ocupó la cartera de Justicia en Luxemburgo.
El caso español
En España es una fórmula menos frecuente, pero también hay casos de ministros que alcanzaron el Constitucional. El Gobierno de Adolfo Suárez designó en 1980 para el recién creado tribunal a Aurelio Menéndez, que además de tutor de Felipe VI fue ministro de Educación de UCD durante la Transición. Apenas desempeñó como magistrado unos meses. Tres lustros más tarde el socialista Felipe González nombró a Manuel Jiménez de Parga, ministro de Trabajo entre 1977 y 1978, que llegó a presidir el órgano.
La polémica en torno a la designación del exministro Campo tiene precedentes. La elección de Andrés Ollero en 2012 también causó controversia, ya que había sido diputado del PP entre 1986 y 2003. Los populares consiguieron introducir en 2013 en el tribunal de garantías a Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, y a Francisco José Hernando. Aunque no habían pasado directamente por la política tenían vinculación con el partido de Alberto Núñez Feijóo. O la de Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
¿ Quieren decir que nuestro régimen actual es » homologable»?
El periodismo debería hacer un esfuerzo para adaptarse a los nuevos tiempos , olvidarse de lo anterior que no es homologable y ayudar a esta evolución democrática para que nuestra democracia tenga el nivel de calidad del resto de miembros..
Creo que, actualmente , ante el reto del cambio hacia una justicia independiente hay dos grupos de jueces, como , por ejemplo, de políticos y de periodistas. Los partidarios de continuar con un régimen parecido al que tienen en Polonia y Hungría y los que lo son de conseguir una justicia independiente del poder político como tienen el resto de países de la UE
La posición de los jueces ,que están luchando por la independencia judicial , esta justificada por la necesidad de cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática para continuar en ella. La ocupación de las entidades como si fueran un botín de los vencedores en su propio beneficio ha sido escandalosa y un precedente de la intención del ejecutivo y del sector informativo que siempre ha encontrado motivos para justificar el proceso hacia el autoritarismo.
En los últimos años hemos tenido 4 elecciones generales, con cambios enormes en las cuotas de los partidos y los que vienen pueden ser hasta más radicales.
Hay que tener en cuenta que la actual “tranquilidad social” obedece principalmente a que se está cubriendo el exceso de gasto social sobre los ingresos públicos con crédito exterior pero esto tiene un límite, un coste y un fin, como lo están señalando todos los economistas e instituciones más solventes.
Es previsible que, cuando llegue la hora del ajuste de gastos y la gente vea cómo se le reduce otra vez su renta y su futuro, la reacción social dé lugar a otra época de convulsión política y de cambios importantes.
¿Sería deseable, para evitar la falta de legitimación de los nombrados que, con el cambio “de la radiografía social” después de cada elección y con el correspondiente cambio de composición de las Cortes Generales, el CGPJ se adapte en cuotas a la composición del nuevo Parlamento o será más útil para los ciudadanos y la calidad de nuestro sistema judicial, que los jueces y los fiscales, tengan independencia de la clase política, como denuncia la Comisión Europea?
Y si «la radiografía social» cambia ¿ que legitimación tendrán los nombrados por cuotas , cuando estas se reducen o desaparecen .? ¿ Estarán obligados a defender los principios de los que les han nombrado aunque por su abuso de poder, incompetencia y/o corrupción han sido borrados del mapa electoral o presentarán su dimisión?.
Estamos en la UE y gracias a ello ,podemos los ciudadanos evitar que España se convierta en un régimen autoritario con un estado fallido..
«Una vez más subrayamos que es muy importante reducir la influencia del poder legislativo y el ejecutivo sobre el judicial en aras a reforzar la independencia( Hipper, )y también, Reyners,y el Informe sobre la situación del estado de derecho en la UE» hay que llegar a un acuerdo que acerque la justicia española a a los estándares europeos». Quieren decir que el régimen actual es » homologable».