Crean una asociación para defender a las víctimas arrepentidas de las 'leyes trans'
Un grupo de expertos pretenden reclamar indemnizaciones para las personas que se vean afectadas por los distintos efectos que derivan de la norma
Expertos se unen en una asociación para pedir indemnizaciones al Estado por las 'leyes trans'
El mismo día en que entró en vigor la ley trans en España, el pasado jueves, nació la Asociación de Víctimas de la norma, impulsada por la Fundación Zaballos. Su objetivo es proporcionar cobertura legal a las personas arrepentidas de su transición con arreglo a la norma preconizada por Irene Montero, pero también por las 14 regiones españolas en las que rige una similar. «Ahora mismo estamos en fase de agrupación, hablando con distintos expertos y colectivos, para crear un grupo de presión lo suficientemente potente como para que los poderes públicos tomen medidas», adelanta Emilia Zaballos a THE OBJECTIVE.
La misión de la asociación es «proporcionar amparo jurídico, asesoramiento, apoyo psicológico, visibilidad y acciones judiciales a todas aquellas personas que están afectadas por los múltiples efectos en los distintos ámbitos que provoca la llamada ley trans». Entre estos, los abusos que pueden producirse en casos de violencia de género donde el hombre cambie su sexo, en el deporte femenino o en las prisiones, donde la normativa no aplicará hasta que se analice debidamente su impacto.
Pero lo que más preocupa a la asociación son los efectos que la norma puede tener en «niños de entre ocho y 15 años que puedan tener una crisis de identidad». Así lo admite la impulsora de la iniciativa: «A esas edades no son conscientes de los efectos adversos y de cómo la hormonación les va a afectar para el resto de sus vidas. Es imposible porque muchas veces no saben ni a qué profesión se quieren dedicar. Habrá problemas de identidad que, mediante la terapia afirmativa, se gestionen mal y deriven en niños infelices de por vida. O que terminen suicidándose».
Los efectos en menores ‘trans’
Lo que plantea la abogada Emilia Zaballos no es una hipótesis descabellada, pues ya ha ocurrido en otros países -como Reino Unido, Finlandia o Suecia- que ya han reculado en sus leyes trans. Además, el pasado mes de febrero trascendió el caso de Susana, una joven trans arrepentida que ha denunciado a la Sanidad pública gallega por haberla empujado a un proceso irreversible que empezó con la hormonación y terminó con una doble mastectomía y la extirpación del útero y los ovarios.
Todavía no hay estudios a largo plazo que avalen el uso de los bloqueadores de la pubertad en jóvenes. Por lo pronto, los agonistas de la GnRH (hormona liberadora de la gonadotropina) y sus análogos -la triptorelina y la leuprorelina– están altamente desaconsejados por la Agencia Española de Medicamentos. La segunda, porque «no se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes pediátricos» y, por tanto, «no está recomendado en niños o adolescentes hasta que se disponga de datos de eficacia y seguridad». El uso prolongado en población pediátrica es experimental y se desconocen las consecuencias exactas.
Pero la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres presentó el pasado mes de agosto un informe pionero en este sentido. La plataforma que aglutina a centenares de colectivos feministas se hizo eco de un estudio publicado por Lesbians United, una organización lésbica con sede en Estados Unidos, que demostraba que los medicamentos que bloquean el desarrollo de la pubertad, y que son necesarios para la transición, tienen consecuencias muy negativas en la fisionomía de los menores.
Entre los problemas detectados destacan los ligados «al esqueleto, el sistema cardiovascular, la tiroides, el cerebro, los genitales, el sistema reproductivo, el sistema digestivo, tracto urinario, músculos, ojos y sistema inmunológico». Por si fuera poco, los agonistas de la GnRH «pueden ser perjudiciales para la salud mental y aumentar el riesgo de suicidio».
«Nos preocupa especialmente el aumento de suicidios en niños y niñas entre ocho y 15 años debido a la confusión que genera esta ley, las mujeres maltratadas cuyas parejas o exparejas se cambien de sexo para evitar ser juzgados bajo la Ley de Violencia de Género, las situaciones de desventaja o discriminación en el mundo de los deportes debido a dicha ley, así como los presos que cambian su género para evitar situaciones de violencia en las cárceles», zanja la Asociación de Víctimas de la ley trans.
La asociación
Por lo pronto, tal y como admite Emilia Zaballos a este medio, alrededor de 200 personas se han puesto en contacto con la Fundación Zaballos para sumarse al proyecto. Entre ellas, feministas y expertos de distintos ámbitos -tales como Javier Urra, el primer Defensor del Menor. Juntos elaborarán una nueva redacción de la norma para remitirla a las autoridades pertinentes, y se encargarán de gestionar las demandas a las distintas administraciones por parte de las personas afectadas.
La Fundación Zaballos, que no recibe subvenciones ni ayudas públicas, se fundó hace 27 años para la defensa de los derechos constitucionales. En este sentido, su presidenta aclara que una de las primeras iniciativas que llevarán a cabo será estudiar la posible inconstitucionalidad de la norma, que chocaría, entre otros preceptos, con el artículo 9.3, que recoge el principio de seguridad jurídica.
