EEUU destaca las rebajas en la 'ley del solo sí es sí' en su informe anual sobre derechos humanos
El informe también señala que la UE instó al Gobierno «a trabajar con la oposición para renovar el mandato y la pertenencia de los miembros del CGPJ»
La ministra de Igualdad, Irene Montero. | Europa Press
El informe anual sobre derechos humanos que elabora el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos constata, en su capítulo sobre España, las rebajas de condenas que se han producido con la Ley de Libertad Sexual, promovida por la ministra de Igualdad Irene Montero, y «las protestas públicas y llamamientos a derogar o reformar la ley» por parte de víctimas y grupos feministas.
El informe sobre nuestro país consta de 46 páginas, y en el apartado seis, relativo a la discriminación y abusos que sufren las mujeres, refleja los efectos inesperados que provocó esta nueva ley, «conocida como la ley del solo sí es sí», a partir de noviembre: «En noviembre algunos acusados por agresión sexual bajo la nueva ley anterior presentaron y ganaron apelaciones para que sus sentencias fueran reducidas de acuerdo con la ley, provocando protestas públicas y llamamientos a derogar o reformar la ley».
El punto dedicado a esta norma explica también que, en un principio, «grupos feministas elogiaron la ley» después de que se aprobara la «eliminación de las disposiciones que permitían acusar a los infractores con delitos de menores si una superviviente no se defendía físicamente durante el asalto». No obstante, matiza que a partir de noviembre y ante las rebajas solicitados por los condenados se desencadenaron las «protestas públicas».
27% más de violaciones
El informe también destaca que en los primeros seis meses del año, «el Ministerio del Interior reportó 1.211 casos de violaciones, un aumento del 27% en comparación con el mismo periodo en 2021». Y destaca dos de los casos más mediáticos, como fue el «arresto» en mayo y julio de ese año «a cinco niños de entre 15 y 17 años y a un hombre de 18 años por las violaciones en grupo del 16 de mayo a dos niñas, de 12 y 13 años, en Burjassot (Valencia)».
El Departamento de Estado estadounidense considera que la existencia de «protocolos diferentes para gestionar casos de agresión sexual en todo el país» genera una suerte de incertidumbre en las víctimas de agresión sexual. «El Defensor del Pueblo citó problemas con la falta de evaluación de riesgo, monitoreo y la aplicación de medidas cautelares en casos de violencia de género. La falta de pautas claras significó que las sentencias por condena por delitos sexuales eran casi enteramente a discreción del juez y podría variar ampliamente», abundan a este respecto.
Aumento de la violencia de género
Otro de los datos que recoge es el informe anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2021, donde «los juzgados recibieron 162.848 denuncias por violencia de género, un aumento del 8% desde 2020». Y concreta que «las mujeres extranjeras representó casi un tercio de todos los denunciantes. Más del 71% de las 43.736 órdenes de protección solicitada fueron aprobadas por los tribunales».
Asimismo, y por lo que respecta al órgano de poder de los jueces, señalan la necesidad de renovación: «Durante una reunión de julio con la ministra de Justicia Pilar Llop, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, instó al Gobierno a trabajar con la oposición para renovar el mandato y la pertenencia de los miembros del CGPJ (…) en conformidad con las normas del Consejo Europeo, con una mayoría de miembros elegidos directamente por los jueces».
«El 14 de junio, el vicepresidente de la Comisión Europea y la comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourova, afirmó durante una visita a Madrid que las vacantes del CGPJ generaron «gran preocupación». Jourova reiteró la opinión de la Comisión de que la renovación debe seguir las normas del Consejo de Europa. En julio, la Comisión Europea publicó su evaluación anual del estado de derecho en el país, con recomendaciones de renovar el CGPJ, iniciar la reforma para permitir que la mayoría de los nombramientos para el cuerpo sean hechos por los propios jueces; reforzar la independencia del Fiscal General del Estado; y permitir la duración del mandato del fiscal de ser independiente del mandato del Gobierno».
