El PSOE se consuela tras perder la batalla en el TC: «No habríamos evitado la amnistía»
Moncloa y Ferraz creen que «Junts no habría rebajado su precio» aunque sólo hubieran necesitado su abstención
La ministra Portavoz y de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez. | Europa Press
Fin de la batalla judicial por el escaño perdido en Madrid. El PSOE acogió ayer con desazón la decisión del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso del PSOE sobre la reapertura de los votos nulos en Madrid. Una ofensiva que se ejecutó en Ferraz y que confiaron en ganar hasta el último minuto, cuando la magistrada ponente, Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa, desistió de su posición favorable a recontar los votos. Su cambio de posición fue determinante para la decisión del Tribunal Constitucional, y sorprendente, tanto para el PP, que solicitó su recusación, como para el grupo proponente, el PSOE, que había celebrado con júbilo la admisión a trámite del recurso tras las maniobras de Díaz para hacer un informe ad hoc por parte de quien fuera su número dos en Moncloa, el letrado adscrito a su ponencia, Fernando de la Peña.
La decisión adoptada por unanimidad en la corte de garantías supone la derrota del PSOE en su batalla por el escaño perdido en Madrid, el número once, que fue a parar al PP por apenas 1.300 votos, generando un malestar notable en el seno del partido. Según adelantó THE OBJECTIVE, en Ferraz estaban convencidos de que el TC admitiría a trámite el recurso, y confiados en que el recuento de los 30.000 votos nulos permitiría arañar al parlamentario perdido en la circunscripción de Madrid.
Jarro de agua fría en Ferraz
Por ello, la noticia cayó como un jarro de agua fría en el cuartel general de los socialistas, donde algunos calificaron de «vergüenza» la sentencia porque vulnera su derecho fundamental a la participación política. La sensación en Ferraz es que «el miedo a que llovieran futuros recursos» es lo que ha motivado una decisión con la que el Constitucional fija su doctrina sobre el fondo de la cuestión, sobre el cual no había jurisprudencia. A diferencia del partido, en el Palacio de La Moncloa asumen con serenidad esta decisión del tribunal porque, según las fuentes gubernamentales consultadas por este periódico, no aportan diferencias sustanciales en el terreno de la negociación con los independentistas.
En Moncloa admiten que, incluso si el PSOE hubiera recuperado el escaño en Madrid, «no habríamos evitado la amnistía» porque, llegado a este punto de las conversaciones con el Gobierno, ya no hay vuelta atrás. «Junts no habría rebajado su precio» a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez, pese a que un escaño más situaría al PSOE en los 172 apoyos y supondría no necesitar el voto a favor de Junts, sino tan sólo su abstención.
En el PSOE, también reconocen que «no habría cambiado nada» y que el Gobierno trabaja sólo con el escenario de tramitar una ley de amnistía cuyos plazos dependerán del «grado de compromiso» que demuestren los negociadores de Junts para asumir un compromiso por el ‘reencuentro’ y la ‘convivencia’ que proclaman en Moncloa. Pero el fondo de la cuestión está tan asimilado que incluso la portavoz del Ejecutivo apeló ayer a la búsqueda de una solución política cuando le preguntaron si «cree el Gobierno que [Puigdemont] tiene que seguir viniendo a España y rendir cuentas ante la justicia».
«Solución política» para Puigdemont
En una de las pocas novedades discursivas del Ejecutivo estas ultimas dos semanas, Isabel Rodríguez contestó con elocuencia: «El Gobierno mantiene el máximo respeto a la justicia y al poder judicial, pero al Gobierno le corresponde hacer política. Sobre eso hemos basado la acción del Gobierno estos 5 años. Resolver desde la política conflictos políticos». Y añadió que esta «respuesta desde la política y desde el diálogo que ha sido positiva por la convivencia en Cataluña y avalada también por la ciudadanía en las urnas en varios procesos electorales, entre ellos las últimas elecciones generales».
Es una novedad en el argumentario gubernamental desde que Pedro Sánchez abogara hace una semana por «pasar página» de lo ocurrido el 1 de octubre de 2017, con el referéndum ilegal y reclamara «valentía, determinación y audacia» para cerrar un acuerdo con sus socios independentistas que «se va a hacer». En privado, el Gobierno mantiene una cautela absoluta sobre el transcurso de la negociación con Junts y adelantan que ni trasladarán su propuesta sobre amnistía ni se sentarán «formalmente» hasta que no se produzca el fracaso de Alberto Núñez Feijóo en la primera sesión de investidura los días 26 y 27 de septiembre.
Con el objetivo de evitar que descarrile el acuerdo, el Gobierno ha pospuesto los contactos con las partes que considera menos fiables, o más proclives a filtrar aspectos que pudieran hacer fracasar las negociaciones. Por ejemplo, las de su socio minoritario, Sumar, con quienes aseguran que no han comenzado formalmente a negociar porque «es la parte más fácil y con ellos llevamos cinco años de rodaje» ejecutando la acción del Gobierno.
Pinchazo de la Diada
El único punto que sí airean desde Moncloa es su satisfacción por el «absoluto pinchazo» de las fuerzas independentistas en la Diada este lunes 11 de septiembre, porque consideran que el independentismo ha exhibido una merma de su apoyo social en Cataluña que le hace tener «una posición menos fuerte y boyante en la negociación». Fuentes gubernamentales sostienen que la Diada «es coherente con los resultados electorales porque van perdiendo apoyo», sostienen respecto a las formaciones independentistas que apenas cosecharon un 11% de votos en el caso de Junts y un 13%, en el de ERC.
«Lo que se vio ayer se corresponde con una bajada de la aceptación de los planteamientos independentistas, que es lo que hemos visto elección tras elección», se congratulan desde el Ejecutivo, donde abogan por «seguir intentando conseguir sus votos» sin descartar por completo la repetición electoral. Porque «con la situación que se ha vivido en España en los últimos años, nada es descartable, pero vamos a intentarlo».
