Los saharauis denuncian trabas del Gobierno para poder establecerse en España
El Ministerio del Interior afirma que el año pasado se concedieron 901 estatutos de apátrida, el 91% de las solicitudes
Protesta saharaui el pasado noviembre contra la política del Gobierno. | David Canales (Zuma Press)
Miles de saharauis desconocen qué significa la palabra hogar. Viven en campos de refugiados en mitad del desierto desde que España abandonó su país en 1976. Carecen de patria y la única fórmula que disponen para regularizar su situación en España es el estatuto del apátrida. Denuncian trabas del Gobierno para disponer de un documento que les otorga el derecho a la educación, la sanidad y a trabajar. «No dan citas desde hace un año. Estamos en un limbo y es una decisión política», denuncian los perjudicados. El Ministerio del Interior afirma que el año pasado se concedieron 901 documentos, el 91% de las solicitudes.
El activista Taleb Alisalem denunció este lunes en la red social X (antes Twitter) que el Gobierno de Pedro Sánchez «persigue a los saharauis». A primera hora de la mañana acudió a la Oficina de Asilo y Refugio (que cambió de ubicación hace apenas un mes) para preguntar por el expediente de su tía, que lleva más de dos años esperando que el Gobierno le reconozca como apátrida. Una vez allí se topó con una sorpresa: no existen funcionarios asignados.
«Siento decírtelo así, pero estáis en un limbo», asegura Alisalem que le dijo un policía que custodiaba el edificio. El activista saharaui asegura en una conversación telefónica con THE OBJECTIVE que no da crédito a que la oficina haya dejado de funcionar dejando a miles de compatriotas «desamparados». E insiste: «Llevamos casi un año solicitando una cita. Hemos mandado decenas de emails, pero nunca recibimos respuesta. Ahora me lo explico todo: no se aceptan nuevas solicitudes».
El giro del Gobierno
Una escenario que confirma Fatma El Galia, secretaria de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (Aprase). La abogada cifra en 1.500 las solicitudes varadas. Los aspirantes a apátridas esperan una media superior a los tres años para regularizar su situación en España. Sin el documento «no pueden viajar, ni trabajar ni tienen derecho a la educación ni a la sanidad». El Gobierno insiste en que el año pasado se concedieron 901 estatutos, mientras que 85 fueron rechazados.
«Muchos solicitantes ni siquiera saben que su petición ha sido resuelta porque no tienen acceso al expediente. Regresan a los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) y no pueden volver a salir porque el consulado de Argel no les contesta, por lo que no puedan sellar su documentación», lamenta El Galia. La abogada reconoce que los teléfonos de los 11 profesionales que conforman Aprase no dejan de sonar, pero que no pueden hacer nada.
Llevan desde abril enviando correos electrónicos a la Oficina de Asilo y Refugio, pero siempre reciben una respuesta automática. Les informan de que, por motivos organizativos, no se conceden nuevas citas. «Es una cuestión política», sostiene El Galia. En su opinión, la situación se agravó en marzo de 2022, tras el giro histórico de España respecto a su antigua colonia.
El cambio de padecer lo anunció Marruecos, que hizo pública una carta en la que el presidente Pedro Sánchez reconocía a Mohamed VI que su plan de autonomía para el Sáhara, planteado ante la ONU en 2007, constituía «la base más seria y realista» para lograr una solución al conflicto, enquistado desde hace medio siglo. España se retiró tras la Marcha Verde. Desde entonces, el reino aluí ocupa gran parte del territorio, bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas.
Referéndum de autodeterminación
Los organismos internacionales no reconocen los Acuerdos de Madrid y consideran a España como potencia administradora y, por tanto, la encargada de organizar un referéndum de autodeterminación. La mayoría de los saharauis rechazan el pasaporte marroquí. Optan por un documento de tránsito argelino para viajar y, una vez en España, solicitan el estatuto de apátrida. Lo necesitan para poder trabajar, así que aquellos que no viven con familias españolas de acogida deben volver a los campos de refugiados.
El Artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a tener una nacionalidad. El estatuto de apátrida reconocido en 1954 establece que toda persona que no sea considerada como nacional por ningún Estado, como en este caso los saharauis, puede hacer efectivo dicho reconocimiento, aunque para ello deberá cumplir los requisitos y procedimiento previstos en el Reglamento de reconocimiento del Estatuto de Apátrida.
Obtener ese estatus supone tener reconocido diferentes derechos, como residir en España y desarrollar actividades laborales y mercantiles conforme a lo dispuesto en la normativa de extranjería. Además, podrá acceder a la sanidad y a la educación. El apátrida reconocido también tendrá derecho a la reagrupación familiar, según el artículo 17.1 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros y su integración social.
A principios de siglo, España concedió un número bajo de estatutos de apátrida. Las resoluciones comenzaron a dispararse en 2007, tras una sentencia del Tribunal Supremo. En los últimos seis años se han concedido más de 6.000 estatutos, la mayoría a favor de los saharauis, que son de los pocos ciudadanos que carecen de patria en el mundo. El récord de concesiones tuvo lugar en 2016, con un total de 1.873 beneficiarios.
Provincia española
El Sáhara Occidental se convirtió en provincia española mediante un real decreto en 1958. Sus ciudadanos pasaron a considerarse «españoles de pleno derecho», condición que perdieron después de que nuestro país abandonara la colonia. En febrero del año pasado, el PSOE fue el único partido en el Congreso que votó en contra de la proposición de ley de Podemos que proponía conceder la nacionalidad española a los saharauis que nacieron mientras era provincia española.
La abogada El Galia explica que los saharauis que nacieron antes de 1976 tienen una partida de nacimiento en un registro civil español, libro de familia y DNI. Considera que, como todavía el Sáhara no ha completado su proceso de descolonización, se les debe considerar españoles de pleno derecho. «No se hace por una sentencia del Supremo en mayo de 2020 que considera que el Sáhara nunca fue territorio español». La resolución fue recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
