Ribera torpedea una investigación sobre fondos UE al entregar al juez informes parciales
Los demandantes se quejaron al juez y el Ministerio, dos años después, empieza a reconocer un expediente
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. | EP
La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se está mostrando muy reticente a colaborar con el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora, que investiga una supuesta «trama corrupta» en la adjudicación de fondos europeos a un proyecto impulsado por un grupo de empresarios de la zona. Tras reclamarle el juez varia documentación para intentar aclarar la querella presentada por los afectados, la ministra está entregando información parcial del caso. Esta circunstancia ha llevado a los demandantes a presentar un escrito el pasado día 12, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en el que acusa al ministerio de poner en marcha «una estrategia para dilatar los tiempos y no ceñirse a responder lo requerido por este órgano judicial». Tras ser apercibido el ministerio por el juez de «desobediencia», este viernes los demandantes han tenido conocimiento de una providencia del juez con fecha de 14 de este mes en el que le informa que el ministerio, dos años después, «reconoce la existencia de un expediente», asegura a THE OBJECTIVE, Vicente Merino, empresario que ha presentado la querella.
El departamento que dirige Teresa Ribera contestó el 29 de enero a un oficio del juzgado reclamando la «remisión de los expedientes e informes» relacionados con esta causa y, según el escrito de los afectados, «no existen en sus anexos expedientes o informe alguno». Además, «incluye documentación ajena a los proyectos interesados».
En cuanto al segundo oficio que contesta también el 29 de enero, el Ministerio al juzgado, que le pedía que «se informe sobre si existen solicitudes o expedientes de concesión de ayudas o subvenciones por parte de Acciona relativas a las anteriores manifestaciones de interés o proyectos vinculados (biorrefinería-bioetanol sostenible)», los empresarios denunciantes señalan que «se aporta únicamente una de las dos manifestaciones de interés a las que se hacía referencia en el citado exhorto, sin informe».
Además, en este oficio, el propio Ministerio, siempre según el escrito de los empresarios al juez, señala que «si existen solicitudes o expedientes de concesión de ayudas o subvenciones por parte de Biorrefinería Multifuncional Integrada Barcial«, pero subrayan que «esta exposición es incorrecta, pues el informe requerido hace alusión a Acciona y no a Biorrefinería Multifuncional Integral Barcial».
A la vista de estas respuestas, los afectados precisan en su escrito que «se producen en paralelo a la negativa de la OLAF, la oficina antifraude de la Unión Europea, a remitir el expediente y el intento de este organismo de que las peticiones sean derivadas a este ministerio nacional». En este sentido, denuncian que «es patente la existencia de una estrategia del ministerio para dilatar los tiempos y no ceñirse a responder a lo requerido por este órgano judicial y coincide con que la OLAF no proporcione la información que obra en su poder, quizá para tener un expediente paralelo a los efectos de ocultar la presunta adjudicación».
Los empresarios piden al juez que «se reitere oficio al Ministerio al objeto de que cumplimente el oficio en todos sus términos, que remita el informe solicitado sobre si existen subvenciones otorgadas a Acciona, todo ello con los apercibimientos oportunos».
El origen de esta investigación fue una información publicada por THE OBJECTIVE el pasado 23 de marzo bajo el título «La UE vigila seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción por los fondos». El periódico desvelaba la existencia de seis peticiones de información, por parte de la OLAF, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude español. Una de ellas, con fecha 22 de noviembre de 2022, se refería a «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla» y pedía una respuesta antes del 15 de diciembre de este año. Esta es la respuesta a la que quieren acceder los empresarios, ya que es consecuencia de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Europea el 11 de octubre de 2022.
Los impulsores de esta iniciativa llevan denunciando, tanto ante organismos comunitarios como la OLAF y la Fiscalía, como a los ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda, una «presunta trama corrupta». Sus acusaciones se concretan en que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona», como así figura en el escrito de denuncia ante la Fiscalía europea, presentado el 11 de octubre de 2022 y que fue ampliado el 21 de abril de este año. Con anterioridad, el portavoz de este grupo empresarial, Vicente Merino, ya había denunciado el caso, en enero de 2022, a la Fiscalía Anticorrupción en España y el 7 de diciembre de 2021 ante el Juzgado número 6 de Zamora. El importe de la subvención, si ha llegado a concederse, podría alcanzar los 500 millones de euros.
Este mismo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora dictó un oficio el pasado 10 de enero en el que recordaba al Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, que tiene que remitir al Juzgado los expedientes relacionados con programas de Reto Demográfico y Despoblación de 2020, así como el despliegue de renovables en 2021 y concesión de ayudas a Acciona o proyectos vinculados con biorrefinerías. El oficio recordatorio, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, es «con apercibimiento de desobediencia».
