Izquierda Española da un paso más que Díaz y Podemos y pide que Ábalos deje el escaño
Del Valle habla de opacidad del Gobierno y que el «caso concreto» de los contratos en pandemia obligan a actuar
Guillermo del Valle en la presentación de su libro en Sevilla
Izquierda Española, el partido que se estrenará en las próximas elecciones europeas y que lidera Guillermo del Valle, cree que en el asunto presuntamente delictivo que involucra al exasesor de José Luis Ábalos por la compra de mascarillas en plena pandemia se aclaren todo tipo de «responsabilidades políticas». En conversación con THE OBJECTIVE, Del Valle sostiene que existe una «cuestión moral» que obliga al exministro socialista de Transportes a dar un paso a un lado. El nuevo partido de izquierda antinacionalista va más lejos que Yolanda Díaz y Podemos, que han tachado de «gravísimo» el asunto, pero intentan circunscribir a Koldo García Izaguirre el escándalo, sin exigir la salida del Congreso de Ábalos, pese a que ejerció durante años de su asesor de referencia hasta promoverle como consejero de Renfe.
La cuestión atañe a cómo se estipularon los contratos durante la pandemia, a quien ejerció de mediador en los mismos y cuáles son las responsabilidades políticas en todo el asunto. Del Valle se muestra partidario de guardar la cautela en todo lo que atañe a la cuestión penal, salvaguardando la presunción de inocencia de los involucrados en la investigación de la UCO, pero también plantea el alejamiento del ministro socialista. En su ministerio trabajaban algunos de los arrestados, entre ellos su mano derecha y miembros de su equipo de escoltas.
«Nosotros no creemos en esta tendencia de la nueva política en la que cada vez que se inicia una investigación penal tiene que producirse una dimisión en cascada de todo el mundo. En términos generales, lo que supuso fue una utilización espuria de la justicia. Podemos y Ciudadanos cometieron ese error de la nueva política, que es la confusión demagógica y el solapamiento de la responsabilidad jurídica y la política. Pero otra cosa son los casos concretos», explica Del Valle.
Dimisión de Ábalos
«Este es un caso concreto con diferentes elementos: el primero es el momento histórico, de pandemia mundial, de muerte de gente, salimos a aplaudir a los sanitarios, pero el mejor aplauso es ser escrupulosos en defensa del estado social, de la buena financiación de la sanidad pública y también del buen uso del dinero público. Y en este caso concreto, sí que se deben derivar responsabilidades políticas y efectivamente pueden concretarse en la necesidad que dimita el exministro Ábalos», sostiene el líder de Izquierda Española.
Del Valle afirma que existe una «responsabilidad in vigilando, de control y fiscalización» por parte del exministro. Y además cree que hay una «responsabilidad del ministerio y del Gobierno de saber a quién se contrata, a quién se tiene como asesor y mano derecha o personas encargadas de cuestiones tan importantes como la contratación». Según Del Valle, el Ministerio de Transportes y el Gobierno tout court no han sido transparentes en la gestión de la contratación de las mascarillas durante la pandemia.
La investigación de la Guardia Civil apunta a que empresas vinculadas a la presunta trama firmaron contratos con ministerios y otras entidades públicas por más de 50 millones. Esas compras, realizadas a partir del mes de marzo 2020, en el peor momento de la pandemia y con centenares de muertos diarios, derivaron comisiones también millonarias para los involucrados de la presunta trama, quienes empezaron a invertir el dinero en compras de pisos y parcelas ahora descubiertas por los investigadores.
«Muchísima opacidad»
«Aquí se ha actuado con muchísima opacidad. Hay indicios delictivos y hay que ser muy respetuosos con la presunción de inocencia, pero sí creemos que puede haber responsabilidades política porque ha habido una cuestión muy turbia y porque hay una cuestión moral. Sobre el dinero público la izquierda debe tener una responsabilidad aún mayor y ser críticas con las utilizaciones privadas para la rentabilidad personal, los amiguetes y el negocio», lanza Del Valle.
Del Valle ya argumentó en un encuentro que mantuvo en Madrid con los exdirigentes socialistas Nicolás Redondo y Soraya Rodríguez (ahora eurodiputada europea) que el llamado caso Koldo debía tener una derivada política. Sin embargo, en conversación con este diario el líder de Izquierda Española ha detallado que esta responsabilidad debe recaer directamente sobre el exministro Ábalos. Y pide aclarar si existe otra responsabilidad de todo el Gobierno de Pedro Sánchez. Tal y como informó este diario, la empresa de la trama entregó mascarillas al ministerio del Interior y a comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.
El pasado jueves, Díaz también comentó con cierta dureza lo ocurrido en la investigación de la Guardia Civil. La lideresa de Sumar habló de hechos «gravísimos» y apuntó a un «modus operandi» proprio de casos de corrupción. Díaz tardó un día en reaccionar, pero evitó señalar directamente a la parte socialista del Gobierno, con quien dijo mantener una comunicación fluida. Y menos aún a Ábalos, que no mencionó. Podemos hizo declaraciones parecidas. Algunos ministros socialistas, entre otros la vicepresidenta María Jesús Montero, sin embargo, ya van más lejos y sugieren que Ábalos debería dejar el acta en el Congreso.
En el segmento político de Sumar, la formación que está mostrando más contundencia es el sector valencianista de Compromís. Este partido ha reaccionado de inmediato apuntando a que Ábalos podría verse involucrado en el escándalo y que, de ser así, no podría seguir «un minuto más» en el Congreso. Compromís ha obligado a Díaz a manifestar su rechazo por lo ocurrido, tal y como publicó este diario, entre otras cosas porque considera que existe una oportunidad estratégica para atacar a los socialistas en su región (Ábalos fue un hombre fuerte del PSOE de Valencia), y porque en la operación de presunto blanqueo de dinero el asesor del ministro compró al menos dos pisos y otras tres parcelas en Benidorm. Es decir, corrupción y especulación edilicia en una misma trama.
En el PSOE es palpable, por otro lado, la preocupación por lo ocurrido. Fuentes socialistas admiten desconocer el alcance de la investigación de la UCO y hasta dónde puede llegar. Además de Montero, la ministra de Defensa Margarita Robles ha mostrado contundencia en sus declaraciones públicas, apuntando también a una dimisión de todos aquellos que se pueden ver salpicados por el asunto. Izquierda Española, que insiste en mantener la prudencia, cree que existen ya indicios suficientes para que Ábalos se aparte de su escaño, y que se garantice una investigación lo más transparente posible. El alejamiento del exministro debe también enfocarse en la posibilidad de que, todavía gracias a su posición de poder, pueda entorpecer la investigación.
