El responsable de compras de Ábalos fue fichado luego por Montero para Hacienda
Javier García, director de Presupuestos, era responsable de la residencia oficial donde se negociaron los contratos
Pedro Sánchez y María Jesús Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fichó en marzo de 2022 a Javier García, hasta entonces director general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para ocupar la Dirección General de Presupuestos. Este alto cargo tenía, entre otras competencias, «la adquisición de los recursos materiales del Ministerio», entre ellos las polémicas compras de mascarillas con las que el asesor de Ábalos presuntamente se lucró. Fuentes del citado ministerio han asegurado a THE OBJECTIVE que «lo sabía todo» y apuntan que también a su cargo estaba la casa donde vivía Ábalos y en la que presuntamente se negociaron las comisiones de la venta de las mascarillas.
Antes de formar parte del equipo del ministro José Luis Ábalos, Javier García estuvo trabajando en la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, de la Intervención General de la Administración del Estado, según explicaron en el departamento que dirige Montero en el momento de su nombramiento.
Esta circunstancia ha adquirido una importancia relevante después de las declaraciones del exministro en La Sexta este sábado cuando, sin nombrar a la ministra Montero, se refería a unas declaraciones realizadas el día anterior en la que le venía a decir que entregara el acta de diputado. Concretamente, María Jesús Montero afirmó, a la pregunta de si Ábalos debería dimitir: «Yo sé lo que yo haría. Es una decisión que le corresponde a él».
Un día después, José Luis Ábalos en una entrevista señaló: «Me llama tremendamente la atención que quienes están presionando son quienes llevan a sus espaldas situaciones o hechos mucho peores que este mismo«. Hasta entonces la única voz de su partido que había insinuado que debería entregar el acta era la ministra de Hacienda.
Funcionarios que durante la época de Ábalos trabajaron en el Ministerio de Transportes no descartan que Ábalos apuntara a este alto cargo de Hacienda, Javier García, que estaba en el epicentro de la compra de mascarillas, sobre el que aseguran que «sabía todo lo que pasaba en la casa. Si el que estaba allí lo recoge Montero, lo estás premiando». En este sentido, insisten que «a la hora de justificar las compras, tiene que haberlo visto todo, aunque no tengan nada que ver. Y a posteriori se ha enterado seguro». Las compras muy elevadas eran responsabilidad del secretario de Estado o ministro y el resto del director general, aunque «todo lo conocían ambos perfectamente».
Una de las competencias del que era director de Organización del Ministerio de Trabajo eran los servicios de la residencia oficial donde vivió José Luis Ábalos cuando ostentaba el cargo de ministro. Siempre según la versión de funcionarios del Ministerio de Transportes, este alto cargo tuvo que gestionar un problema que se planteó con la contrata de limpieza de esta residencia.
Precisamente, en esa vivienda oficial, THE OBJECTIVE ha desvelado que se cerraron algunos de los presuntos negocios en los que participó Koldo García, asesor del ministro. Los contratos de mascarillas adjudicados a la empresa zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, investigados por Anticorrupción, se negociaron desde el piso oficial en el que Ábalos residía en Madrid antes de ser destituido por Pedro Sánchez como ministro.
En ese inmueble, ubicado en la madrileña calle de Balbina Valverde, Ábalos se reunía «de manera habitual» con Koldo García y con uno de los empresarios detenidos por el presunto cobro de comisiones ilegales, cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos a la empresa zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL. Se trata de Víctor de Aldama, presidente del Zamora C.F. y uno de los presuntos responsables en la sombra de la compañía aragonesa que recibió 53 millones de euros en adjudicaciones a dedo de los ministerios de Transportes y de Interior, así como de los gobiernos autonómicos presididos por el PSOE en Canarias y Baleares, pese a no tener experiencia previa en la importación de material sanitario desde China ni haber registrado casi ingresos en el año previo al estallido de la covid-19.
