El directivo de Caja Zamora que quiso ver a Sánchez, salpicado en un fraude con fondos UE
Cipriano García fue citado como testigo en la investigación judicial que se realiza sobre un proyecto de biorrefinería
Cipriano garcía y Víctor de Aldama, en una imagen de archivo.
El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, que pidió en noviembre de 2020 una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de varios proyectos en la provincia y cuya carta de respuesta terminó en manos de Víctor de Aldama, principal comisionista del caso Koldo, fue uno de los testigos que declaró, a petición de los denunciantes, sobre el presunto caso de fraude de fondos UE en la Biorrefinería Multifuncional de Barcial del Barco. Un caso que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de esta ciudad. Los denunciantes lo acusan de un posible delito de «tráfico de influencias», según las fuentes del caso consultadas por THE OBJECTIVE.
Esta entidad bancaria era el principal patrocinador del equipo de fútbol de la ciudad que dirigía Aldama, quien ya había ayudado a Air Europa en el primer rescate a Globalia -del 3 de noviembre de 2020- y que se encontraba a pocas semanas de que el Consejo de Ministros aprobase el segundo tramo de la ayuda para la aerolínea, que llegó el 16 de marzo de 2021.
Los empresarios citaron a declarar a Cipriano García, circunstancia ésta que se produjo el 15 de febrero de 2024, porque el mencionado directivo había aludido en comparecencias públicas a los posibles inversores de este polémico proyecto, así como su vinculación a los fondos europeos. Mientras, los propietarios de este modelo industrial estaban denunciando que se habían pedido subvenciones «en fraude» por parte de otras empresas, con la presunta connivencia del Ministerio de Transición Ecológica.
Pero el director general de la Caja Rural de Zamora no solo hacía referencia a este proyecto, sino también al proyecto de reapertura de la unidad militar Monte la Reina en la localidad zamorana de Toro que el Ministerio de Defensa había comprometido meses antes, así como en la conversión en autovía de la N-122 que une Zamora con la vecina Portugal. Justo los dos proyectos para los que justificó la necesidad de mantener un encuentro con el presidente del Gobierno.
Las fuentes del proyecto de Biorrefinería de Barcial del Barco consultadas por este periódico aseguran que «pedimos que fuera a declarar como testigo por presuntos delitos de tráfico de influencia. Vemos que podría formar parte de una serie de elementos que el juez tendrá que determinar si son constitutivos de delitos». El motivo de pedir su declaración eran unas declaraciones públicas de Cipriano García en las que hablaba del proyecto de biorrefinería, junto al de Monte la Reina y la autovía, y los propietarios de esta patente industrial se preguntaban por qué «habla de nuestro proyecto y lo vincula con fondos europeos y no forma parte del proyecto, ni tiene un mandato, ni forma parte de estos desarrollos».
La carta que envió Cipriano García a Moncloa en noviembre de 2020 fue respondida a las dos semanas por Iván Redondo, entonces jefe de gabinete de Sánchez. Redondo le da las gracias por el interés de Caja Rural de Zamora «en el aumento de las partidas presupuestarias destinadas a los mencionados proyectos» en un escenario económico «difícil», como consecuencia de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus. «El Gobierno», le advirtió Iván Redondo a Cipriano García, «está adoptando muy diversas medidas en distintos ámbitos e impulsando decisiones en la política nacional y europea, teniendo en cuenta las necesidades de nuestros ciudadanos, vivan donde vivan». La carta terminó en manos de Aldama, que se la llegó a enviar por correo electrónico a Koldo García, asesor de José Luis Ábalos.
El origen de la investigación judicial sobre la biorrefinería fue una información publicada por THE OBJECTIVE el 23 de marzo de 2023 bajo el título «La UE vigila seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción por los fondos». El periódico desvelaba la existencia de seis peticiones de información, por parte de la OLAF, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude español. Una de ellas, con fecha 22 de noviembre de 2022, se refería a «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla» y pedía una respuesta antes del 15 de diciembre de este año. Esta es la respuesta a la que quieren acceder los empresarios, ya que es consecuencia de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Europea el 11 de octubre de 2022.
Los impulsores de esta iniciativa llevan denunciando, tanto ante organismos comunitarios como la OLAF y la Fiscalía, y a los ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda, una «presunta trama corrupta». Sus acusaciones se concretan en que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegidos por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona», como así figura en el escrito de denuncia ante la Fiscalía europea, presentado el 11 de octubre de 2022 y que fue ampliado el 21 de abril de este año. Con anterioridad, el portavoz de este grupo empresarial, Vicente Merino, ya había denunciado el caso, en enero de 2022, a la Fiscalía Anticorrupción en España y el 7 de diciembre de 2021 ante el Juzgado número 6 de Zamora. El importe de la subvención, si ha llegado a concederse, podría alcanzar los 500 millones de euros.
