Junts pide una Agencia Catalana de Inmigración para controlar flujos y cuotas
Los nacionalistas trasladaron al PSOE una propuesta para avanzar en el traspaso de estas competencias
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. | Europa Press
Junts per Catalunya ha relanzado su apuesta por gestionar la inmigración después de que el Congreso aprobara su proposición de ley para endurecer las penas contra la multirreincidencia, fenómeno que asocian a la llegada de algunos inmigrantes. Pese a las reticencias políticas y los escollos legales que hay para el traspaso integral de estas competencias, los posconvergentes aseguran que han mantenido varios encuentros con el grupo parlamentario del PSOE para abordar la cuestión y que pusieron sobre la mesa la propuesta para que Cataluña gestione estas competencias mediante la creación de una Agencia Catalana de Inmigración.
Según explican fuentes del partido a THE OBJECTIVE, un primer paso que valoran es impulsar una Agencia Catalana de Inmigración que gestione los aspectos relacionados con la llegada de inmigrantes y negocie de forma bilateral con el Gobierno central. Los de Carles Puigdemont aseguran que no tienen nada que perder, que es el PSOE quien debe hacer sus cálculos y responder a sus demandas. En el caso en cuestión, se trata, afirman, de cumplir con los acuerdos a los que el Ejecutivo se comprometió tras las elecciones del 23 de julio, como fue el traspaso de las competencias integrales de inmigración. «No es fácil, y menos ahora que el PSC gobierna la Generalitat, pero Cataluña lo necesita», detallan.
Negociar bilateralmente con el Gobierno
La forma de tratar con el PSOE, añaden estas fuentes, es avanzar en uno de los puntos -la Agencia- que ya llevaban en su programa electoral de los comicios autonómicos del 12 de mayo. Este nuevo ente se encargaría «de negociar bilateralmente con el Estado y de gestionar de forma integral todos los aspectos relacionados con la fijación de cuotas, con las condiciones de llegada, acogida e integración de los recién llegados», según reza su programa electoral.
Su propuesta es que sea de «ventanilla única» para tratar permisos de residencia temporales o permanentes. Y evitar situaciones como las que se dieron en las últimas semanas, cuando el Ministerio del Interior envió a 200 inmigrantes solicitantes de asilo a Tossa de Mar, un pueblo gobernado por Junts, sin avisarles. Esto generó un desencuentro entre el PSOE y Junts, que además tuvo que responder ante todos sus alcaldes que desde hace tiempo piden medidas para atajar la tensión migratoria que viven en sus municipios.
Quitar «presión» a los ayuntamientos
La dirección de Junts no esconde que trabajan para «quitar presión al mundo local» y que los ayuntamientos puedan contar con los «recursos profesionales y económicos» en «coordinación con la Agencia Catalana de Inmigración». De hecho, el día antes de que el Congreso diera luz verde a su proposición de ley contra la multirreincidencia, su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, se reunió de forma telemática con 200 alcaldes y líderes locales de Junts para abordar la cuestión.
Otro aspecto de su política migratoria es promover la contratación laboral en los países de origen para evitar los flujos migratorios sobredimensionados. En su programa electoral, lo explican de la siguiente forma: «Impulsaremos políticas activas de inmigración para atraer el perfil de personas que necesita el mercado laboral catalán, ya sea atrayendo estudiantes o facilitando contrataciones en origen, para garantizar una rápida incorporación al mercado de trabajo y unas condiciones respetuosas con los derechos de los recién llegados».
Este miércoles, además, el Centro de Estudios Sociológicos (CIS) daba a conocer que el tema migratorio ya es el principal problema de los españoles. En la misma línea, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmaba en el pleno del Congreso que el control de fronteras es «competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central», pero abría la puerta a que «muchos otros aspectos relacionados con la inmigración sí pueden ser competencia de las comunidades autónomas y en los que se puede trabajar» en el marco de la legislación española y el derecho europeo.
