Reunión urgente del Constitucional: ¿puede frenar el asalto a la Justicia de Pedro Sánchez?
No se va a estudiar la constitucionalidad de ninguna ley, sino el procedimiento parlamentario elegido por el Gobierno para acelerar la renovación del TC
Edificio del Tribunal Constitucional. | EP
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, ha convocado un pleno extraordinario para este jueves en el que sus once magistrados tenían que decidir dos cuestiones concretas. Por un lado, la corte de garantías dirimía si se admite a trámite el recurso presentado ayer por el PP. En caso de aceptarlo, y solo en ese supuesto, el Pleno, que tenía que haberse iniciado a las 10.00 horas pero que ha comenzado con tres horas de retraso, habría estudiado posteriormente si da luz verde a las medidas cautelarísimas solicitadas por la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, que pedía paralizar la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas introducidas por PSOE y Podemos para forzar y acelerar la renovación del TC, lo que finalmente no ha ocurrido tras su decisión de posponer la reunión al lunes, cuando tomará una decisión.
En ningún caso el tribunal de garantías puede tumbar las reformas planteadas por el Gobierno por la vía de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica con la que se pretende lograr la derogación del delito de sedición y su sustitución por otro delito de desórdenes públicos agravados. Una reforma del Código Penal y una batería de enmiendas que ni siquiera han sido aprobadas aún por las Cortes. El TC, simplemente, iba a decidir si admite a trámite el recurso del PP y si se paralizan cautelarmente las enmiendas parlamentarias por las que se modifica el sistema de elección de los magistrados del TC, se reducen las atribuciones de ese órgano para examinar la idoneidad de los candidatos y se rebajan las mayorías necesarias para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elija a los dos magistrados de la corte de garantías que le corresponde nombrar.
El recurso del PP se dirige contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, adoptado el pasado lunes y por el que se admitieron las enmiendas parciales número 61 y 62 planteadas por el PSOE y Unidas Podemos en el marco de la proposición de ley por la que se deroga el delito de sedición.
En este Pleno del TC «se resolverá sobre la admisión a trámite del recurso de amparo y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas solicitadas» por los diputados del PP, una ponencia que ha recaído sobre el magistrado Enrique Arnaldo, según indicaba la corte de garantías en un comunicado. Es decir, el debate no se centrará sobre el fondo o la constitucionalidad de las reformas planteadas por el Gobierno. Lo que se va a estudiar es si el trámite parlamentario elegido por PSOE y Podemos es el adecuado y, «en su caso», si se deben o no paralizar de forma cautelar las dos enmiendas impugnadas por el PP.
¿Qué ha recurrido el PP?
En concreto, el recurso del PP pide además la paralización cautelarísima de la tramitación de dichas enmiendas, que afectan al CGPJ y al TC. Por un lado, la enmienda presentada por el PSOE y Unidas Podemos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en caso de ser aprobadas por el Congreso, suprimiría la necesidad de que el CGPJ nombre a sus candidatos para el TC con una mayoría de tres quintos. Bastaría con una mayoría simple. Además, se establecería un mecanismo exprés que permitirá que en apenas 11 días estén elegidos sus dos nombres.
Moncloa trata así de acelerar el vuelco progresista en el TC y lograr cuanto antes los nombramiento de los dos candidatos designados por el Consejo de Ministros, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez. Y lo hacía por la vía de presentación de enmiendas a una reforma de la derogación de la sedición, que ha acabado convirtiéndose en un cajón de sastre donde se ha incluido, además, la malversación y una reforma a las leyes que regulan al CGPJ y al TC. Una reforma con la que, al ser tramitada como Proposición de Ley Orgánica en el Congreso y no como Anteproyecto de Ley por parte del Consejo de Ministros, el Gobierno pretendía eludir los informes preceptivos del Consejo de Estado y del CGPJ.
La vía parlamentaria elegida es considerada como «fraude de ley escandaloso» por algunos juristas, como el abogado y exmagistrado del Tribunal Supremo Javier Borrego. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, lo calificaba este jueves como una «prostitución del procedimiento legislativo». Para el PP, en palabras de Cuca Gamarra, las reformas planteadas por el Gobierno suponen un «ataque» del Gobierno al Poder Judicia.
En su recurso, el PP también impugna el acuerdo adoptado el pasado martes por el presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Sicilia, por el que decidió no convocar a la Mesa de dicha comisión para resolver la reconsideración que instaron los ‘populares’ frente al acuerdo de admisión a trámite de ambas enmiendas.
Las enmiendas de PSOE y Podemos
En dichas enmiendas, el PSOE y Unidas Podemos proponen pasar de una mayoría de tres quintos -que ahora requiere al menos 11 votos- a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales.
Además, contemplan que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, proponga y vote solo a uno, lo que garantizará que los dos más votados sean los aspirantes elegidos por cada bloque del Consejo (el progresista y el conservador). Además de solicitar que se anulen los dos acuerdos, el PP pide como medida cautelarísima que se suspenda la admisión a trámite de las dos enmiendas, independientemente del momento en el que se encuentre la iniciativa legislativa.
Si el Gobierno consigue sacar adelante su reforma, valdrá una mayoría simple en el CGPJ. No hará falta un quórum mínimo en la reunión en que se tome la decisión y la votación será a viva voz para que, quien no cumpla lo establecido, pueda ser procesado por un delito de desobediencia o prevaricación omisiva.
Renovación del TC
La actual renovación de los cuatro magistrados cuyo mandato caducó el pasado mes de junio corresponde a partes iguales al CGPJ y al Gobierno. Nunca ha ocurrido que el Pleno del TC se enfrente a una disyuntiva como la actual, con la que Moncloa pretende que sean nombrados dos y no cuatro magistrados al mismo tiempo. Una maniobra de difícil encaje constitucional, según diversos juristas consultados.
Cabe recordar que este jueves está previsto que el Congreso de los Diputados celebre un Pleno donde se espera que quede aprobada la proposición de ley –con sus enmiendas–, de modo que el próximo 22 de diciembre el Senado haga lo propio. Gamarra había urgido al TC a pronunciarse antes del debate parlamentario de mañana. PSOE y Unidas Podemos introdujeron estas enmiendas después de que las negociaciones en el seno del CGPJ para nombrar a sus dos candidatos al TC encallaran el pasado 2 de diciembre.
Como consecuencia, los vocales progresistas abogan ahora por esperar a que el nuevo sistema se apruebe en las Cortes Generales para votar ya con él, mientras que el bloque conservador ha lanzado dos candidatos -los también magistrados del Tribunal Supremo César Tolosa y Pablo Lucas- para intentar eludir esta reforma, en lo que supone un intercambio de roles respecto a las posiciones que las dos corrientes del CGPJ mantenían hasta ahora.
