El TC demoró tres horas el pleno para estudiar si recusa a dos miembros como pide Podemos
La formación morada solicita que el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez no participen en la votación
Pedro González-Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional. | Isabel Infantes (Europa Press)
El Congreso aguardaba expectante la decisión del Tribunal Constitucional. Los magistrados debían decidir si admitían a trámite el recurso presentado por el PP contra las dos enmiendas que buscan acelerar la renovación del órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes. En caso de aceptarlo, estudiarían dar luz verde a las medidas cautelarísimas solicitadas. Para saberlo hubo que esperar más de lo previsto. El cónclave, que debió comenzar a las 10.00, se pospuso para valorar las recusaciones de dos de sus miembros tras un recurso presentado por Podemos. Finalmente, se inició a las 13.00 horas.
El texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, solicita que el presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, ambos conservadores, se abstengan de la decisión o, en su defecto, el Pleno los recuse por «tener interés directo o indirecto en el pleito o causa». Ambos finalizaron su mandato de nueve años en junio, por lo que Podemos sostiene que, de paralizarse la reforma legal, saldrían beneficiados, ya que podrían mantenerse en el órgano.
La formación morada pide en el recurso de amparo, que consta de 10 páginas, «que no se adopte medida cautelar alguna en relación con la tramitación de la Proposición de Ley de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la UE y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso».
Las razones de Podemos
La modificación del Código Penal incluida en la tramitación parlamentaria que vota este jueves el Congreso, ha soliviantado a la oposición y a buena parte de la opinión pública. Compromís, uno de los socios de investidura de Pedro Sánchez, ha anunciado que se abstendrá en la votación sobre la rebaja de las condenas por malversación, aunque apoyará la rebaja de mayorías en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para elegir candidatos en al tribunal de garantías y completar así su renovación, por lo que la medida saldrá adelante con seguridad.
Podemos argumenta que la suspensión prevista en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional configura la suspensión «como una medida provisional de carácter extraordinario y de aplicación restrictiva, admitiéndose excepcionalmente cuando la ejecución del acto impugnado produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder su finalidad al amparo». Algo que en esta ocasión no se produce porque el procedimiento legislativo no ha concluido.
Los diputados firmantes, Jaume Assens y Txema Guijarro, sostienen que para adoptar una medida cautelar el solicitante debe «alegar, probar o justificar que no son reparables o son de difícil reparación los perjuicios si prosiguiera la ejecución del acto impugnado». E insisten: «Dado que los recurrentes han anunciado un eventual recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley, una vez aprobada, el Constitucional podrá pronunciarse respecto tanto al fondo de la misma como al procedimiento seguido en el Parlamento».
PSOE y Podemos han presentado sendos recursos para evitar que el Constitucional paralice la votación en el Congreso. El tribunal de garantías no puede tumbar las reformas planteadas por el Gobierno por la vía de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica con la que se pretende lograr la derogación del delito de sedición y su sustitución por otro delito de desórdenes públicos agravados. Una reforma del Código Penal y una batería de enmiendas que ni siquiera han sido aprobadas aún por las Cortes.
¿Qué decide el Constitucional?
El Constitucional simplemente va a decidir este jueves si admite a trámite el recurso del PP y si paraliza cautelarmente las enmiendas parlamentarias por las que se modifica el sistema de elección de los magistrados del órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes. La propuesta de PSOE y Podemos reducen sus atribuciones para examinar la idoneidad de los candidatos y se rebajan las mayorías necesarias para el CGPJ elija a los dos magistrados que le corresponde nombrar.
Algunos magistrados sostienen que es difícil que el recurso del PP prospere porque la doctrina del Constitucional es contraria a conceder medidas cautelarísimas. Hay precedentes, como la solicitud que realizó Vox para suspender de manera cautelar la reforma laboral, rechazada por unanimidad. Finalmente, la modificación legislativa salió adelante por un solo voto, el de un diputado popular que falló.
Quien no ha recibido respuesta aún sobre la solicitud de una medida cautelar es el diputado de Podemos Alberto Rodríguez, al que el Congreso retiró el acta tras una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. El dirigente canario solicitó la fórmula hace casi un año. Para ciertos magistrados, que se haya convocado un Pleno de manera urgente (a última hora de la tarde del miércoles) para debatir este caso supone una «injerencia» sobre el poder legislativo.
