El TC aplazó su decisión sobre el recurso del PP tras el amago progresista de dejar el pleno
Los magistrados aseguran que solo pidieron más tiempo para deliberar y votar la impugnación de las enmiendas para acelerar la renovación del Constitucional
González-Trevijano preside un Pleno del Constitucional. | Isabel Infantes (Europa Press)
El Tribunal Constitucional aplazó hasta el lunes su decisión sobre el recurso del PP por el temor a una rebelión. Los magistrados progresistas amagaron con abandonar el Pleno celebrado este jueves si no contaban con más días para estudiar la impugnación a las enmiendas con las que Pedro Sánchez busca acelerar la renovación del órgano y que han sido aprobadas en el Congreso. Un escenario que habría impedido el quórum necesario para deliberar y votar. Los miembros del denominado sector progresista consultados por THE OBJECTIVE niegan tal extremo: «Solo pedimos más tiempo».
La posibilidad de un enfrentamiento en el Constitucional llevó a su presidente, Pedro González-Trevijano, a aplazar el cónclave. Para hacerlo obtuvo el beneplácito de sus compañeros. Las fuentes consultadas sostienen que ambas tendencias del tribunal de garantías consensuaron el miércoles convocar un Pleno de urgencia después de que el PP presentara un recurso para pedir medidas cautelarísimas que impidieran la votación que se ha producido este jueves en el Congreso.
La ponencia recayó sobre el magistrado Enrique Arnaldo. Los magistrados fueron encargando a sus letrados los informes pertinentes, que empezaron a llegar a última hora de la tarde del miércoles. Las redacciones se contradecían: unos se mostraban a favor y otros en contra de la suspensión cautelar.
La izquierda contrarresta al PP
Arnaldo es de los que estuvo a favor de paralizar la votación de las enmiendas parciales planteadas por el PSOE y Podemos en el marco de la proposición de ley por la que se reforma el Código Penal. En ellas, los partidos que conforman el Gobierno proponen pasar de una mayoría de tres quintos a una mayoría simple para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a sus dos candidatos en el tribunal de garantías en caso de seguir incumpliendo sus obligaciones constitucionales.
Los recursos de los partidos de izquierda solicitando rechazar la paralización preventiva de la tramitación parlamentaria llevó a los magistrados progresistas a solicitar más tiempo para «el estudio completo del asunto, a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión, y de los escritos que han sido presentados».
El Pleno, en el que se produjo un intenso debate debido a la discrepancia interna, tuvo que ser retrasado durante tres horas. Los magistrados estudiaron posibles soluciones, en algunos casos soliviantados por la solicitud de la formación morada, que pide que el presidente del Constitucional y el magistrado Antonio Narváez, ambos elegidos a propuesta del PP, se abstengan de la decisión o, en su defecto, sean recusados por «tener interés directo o indirecto en el pleito o causa».
Alegan que González-Trevijano y Narváez finalizaron su mandato de nueve años en el Constitucional en junio, por lo que, de paralizarse la reforma, saldrían beneficiados, ya que se mantendrían en el órgano. Las fuentes consultadas afirman que los magistrados progresistas no conocían los recursos de PSOE y Podemos, pero tampoco otro que presentó de Vox en la misma línea que el PP.
Más tiempo para votar
Una situación que, defienden los miembros progresistas, les llevó a demandar más tiempo para conocer los escritos y poder deliberar y votar con conocimiento. Lo hicieron con el argumento de que aplazar unos días la decisión sobre el recurso de amparo del PP y las medidas cautelarísimas que pide no cambiaba el escenario, un extremo que confirman a THE OBJECTIVE los expertos independientes consultados.
El vicepresidente del Constitucional, Juan Antonio Xiol, planteó a González-Trevijano que los cinco magistrados del bloque progresista necesitaban más tiempo para estudiar todos los recursos antes de poder deliberar y votar. La celebración del cónclave, previsto para las 10.00, se pospuso dos horas. Sin embargo, se inició pasadas las 13.00 en una atmósfera enrarecida.
Los representantes progresistas volvieron a trasmitir al presidente la necesidad de contar con más tiempo. Incluso amagaron con levantarse de la mesa sin votar, lo que impedía completar el quórum necesario (ocho de los 11 magistrados que conforman actualmente el tribunal de garantías). González-Trevijano pidió entonces que los magistrados dejaran constancia por escrito de la situación.
La magistrada María Luisa Balaguer fue la encargada de entrega una carta que el presidente rechazó por no plasmar «expresamente» que, si no se aplazaba el Pleno, se marcharían. La jueza volvió minutos más tarde con una segunda versión que reflejaba «la complejidad» y «relevancia» del asunto requería «un estudio completo» y que necesitaban más tiempo para «poder participar en la deliberación y votación».
González-Trevijano aceptó ese segundo escrito y accedió a aplazar el Pleno hasta el lunes. Pese a ello, los 11 magistrados se reunieron más de una hora para analizar la situación en conjunto. Los miembros progresistas consultados por este diario rechazan que amenazaran con abandonar el cónclave: «Solo pedimos más tiempo porque entraron varios escritos y no teníamos preparado los recursos».
«El mismo efecto»
Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, sostiene que puede resolverse el lunes con «el mismo efecto». La única diferencia estriba en que, en lugar de paralizar la votación en el Congreso, suspendería el trámite en el Senado. No obstante, el especialista advierte de que, aunque acaben aceptándose las medidas cautelarísimas, el fondo de la cuestión se resolverá más adelante y, posiblemente, con una mayoría progresista en el tribunal de garantías.
Una opinión que comparte Joaquín Urías, exletrado en el Constitucional. El también profesor en la Universidad de Sevilla considera que el aplazamiento de la decisión de los magistrados «no tiene consecuencias, salvo que podrán decidir con más conocimiento de causa». Reconoce que la decisión de aplicar medidas cautelarísimas no tiene precedentes y supondría «una intromisión en las funciones del poder legislativo, pero nunca hablaría de un golpe de Estado».
«Lo que más me ha extrañado es la premura del Constitucional en convocar el Pleno por los plazos a los que nos tiene habituados», reconoce Baldomero Gómez Oliver, profesor en la Universidad de Granada. Defiende que se haya pospuesto el plazo para decidir porque los magistrados «tienen que tener tiempo para estudiar toda la documentación para decidir».
