El Gobierno se aferra a la recusación de dos magistrados para doblegar al Constitucional

Pedro Sánchez cuenta con un as en la manga para la trascendental votación de este lunes. El Tribunal Constitucional aplazó hasta entonces la decisión sobre el recurso del PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma de dicho órgano. Los partidos que conforman el Gobierno también se personaron para evitar que se suspendiera la votación del jueves en el Congreso. Podemos fue un paso más lejos al solicitar que dos miembros, el presidente Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, se abstengan por «tener interés directo o indirecto en el pleito». Es la baza a la que se aferra el Ejecutivo.

La recusación planteada por Podemos abre una vía para que la reforma impulsada por el Gobierno se apruebe. El texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, solicita que González-Trevijano y Narváez, ambos conservadores, se abstengan de votar el recurso presentado por el PP. La formación morada pide que, si no lo hacen, sean recusados porque entiende que tienen interés en que no se apruebe la reforma del órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes.

Los dos magistrados que incluyen los diputados Jaume Assens y Txema Guijarro en su escrito finalizaron su mandato de nueve años en junio. Podemos sostiene que, de paralizarse la reforma legal, saldrían beneficiados, ya que podrían mantenerse en el Constitucional. La intención del Gobierno es sustituirlos por el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez a través de dos enmiendas incorporadas a la proposición de ley para reformar el Código Penal. Un procedimiento inusual que ha levantado una ola de indignación.

La baza del Gobierno

El recurso de Podemos es la principal baza del Gobierno para impedir que la mayoría conservadora del Constitucional, seis de los 11 magistrados que lo conforman, admita las medidas cautelarísimas reclamadas por el PP. Si González-Trevijano y Narváez no participan en la deliberación y en la posterior votación, los conservadores, dispuestos a paralizar la tramitación parlamentaria según ha podido saber este diario, quedarían en minoría y fracasarían en su intento.

Si los magistrados señalados no se apartan de la causa de forma voluntaria, se abre un incidente de recusación que tiene un efecto suspensivo sobre el conjunto del procedimiento hasta que quede resuelto. La tramitación contempla plazos de varios días, un paréntesis que favorecería la aprobación de las enmiendas en el Senado, que celebra un pleno este jueves. Para que eso suceda, es fundamental que las recusaciones se aborden en el cónclave del lunes, aunque el asunto no figura en el orden del día.

El único punto pasa por abordar el recurso del PP: su admisión a trámite y las medidas cautelarísimas que plantea, lo que puede paralizar la reforma que pretende el Gobierno. En sus enmiendas, PSOE y Podemos proponen que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pase de una mayoría de tres quintos a una mayoría simple para elegir a los dos candidatos que le corresponden en el Constitucional y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo esa obligación, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales.

Los expertos difieren en las cuestiones que debe abordar el pleno del Constitucional este lunes. Algunos sostienen que las recusaciones solicitadas por Podemos deben abordarse tras la resolución del recurso del PP y antes de debatir la cautelerísima. Otros especialistas afirman que el carácter especialmente urgente de las medidas es razón suficiente para que se resuelva antes de discutir las recusaciones.

Paralizar el trámite parlamentario

Esta fórmula abriría las puertas a paralizar el trámite parlamentario. Los expertos consultados por THE OBJECTIVE sostienen que sería el mecanismo más lógico, ya que la petición de apartar a González-Trevijano y Narváez se hace en un escrito donde Podemos solicita personarse en un procedimiento en el que no es parte.

«Su solicitud es una consecuencia de la petición que hacen otros», explica un prestigioso constitucionalista que prefiere mantener el anonimato. En ese caso, se paralizaría el trámite parlamentario en el Senado, lo que daría al traste con las intenciones del Gobierno.

La polémica está servida, ya que algunas voces hacen hincapié en que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional avala la suspensión, total o parcial, de los efectos de las decisiones recurridas «siempre y cuando no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los efectos fundamentales o libertades de otra persona».

Otros expertos recalcan que, en sus más de 40 años de historia, el tribunal de garantías nunca ha impedido discutir y votar en las Cortes Generales, por lo que sería una medida inédita que provocaría «una perturbación grave» por la injerencia en el poder legislativo. «Al Constitucional no le compete inmiscuirse en la función legislativa. Su función es velar por la constitucionalidad de las leyes», sostiene Baldomero Oliver, profesor en la Universidad de Granada.

«No solo es un ataque a la Constitución, también al Tribunal Constitucional. La situación es tan inédita que sus magistrados se sienten legitimado para la autodefensa», admite Javier Tajadura, profesor en la Universidad del País Vasco. Joaquín Urías, ex letrado en el tribunal de garantías y profesor en la Universidad de Sevilla, reconoce que lo que pide el recurso del PP «nunca se ha hecho y no se debería hacer» porque sería «una intromisión en las funciones del poder legislativo».