Sánchez traicionó al PNV pactando con Bildu una promesa incumplida a Ortuzar 

El Gobierno ha llegado a un pacto político con Bildu «innecesario», a juicio del PNV, que ya logró el traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra el 30 de diciembre de 2019. Según el documento del acuerdo de investidura entre el PSOE y el PNV al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Pedro Sánchez se comprometió hace casi tres años a «proceder en 2020 a traspasar las competencias de tráfico a la Comunidad Foral en el plazo de seis meses, con el mismo contenido y extensión que las realizadas en su momento al País Vasco. Una reclamación histórica del PNV que «se incumplió reiteradamente», según fuentes del grupo parlamentario vasco, y que motivó muchas iniciativas parlamentarias y preguntas escritas por parte de la formación nacionalista. 

Un año y cuatro meses después de este compromiso, el PNV mandó una primera pregunta escrita al Ejecutivo a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE . El 5 de abril de 2021, el diputado Mikel Legarda preguntó al Ejecutivo por este retraso en la transferencia de competencias, a lo que el Gobierno contestó: «El Gobierno mantiene actualmente abierta una interlocución con el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra a fin de iniciar, negociar y culminar los traspasos correspondientes». 

La respuesta del Ejecutivo es la versión oficial que manejaban en Unión del Pueblo Navarro, habida cuenta de que esta exigencia ya había sido propuesta por la formación navarra en acuerdos previos con el PP, como deslizó este miércoles la vicepresidenta Nadia Calviño. Sin embargo, desde UPN ponen de relieve que su petición consistía en la coexistencia en carreteras de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Foral, con la salvedad de que fuera el cuerpo policial autonómico quien recaudara el dinero de las multas de tráfico para las arcas públicas navarras, como ocurre en el país Vasco. 

Hace tan solo cuatro meses, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, volvió a insistir sobre el particular en el Debate del Estado de la Nación del pasado mes de julio. El portavoz peneuvista reprochaba a Sánchez el «descuido de sus socios e incumplimiento de lo acordado». Asimismo, le recriminó: «Hay cosas que no se cumplen, cosas firmadas por usted en el acuerdo de investidura». Citó expresamente el traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral, y finalmente, añadió: «Si no cuida sus relaciones, ¿con quién piensa alcanzar la Moncloa las siguientes elecciones?».

El PNV: «mercancía averiada»

El reciente acuerdo alcanzado por el Gobierno y Bildu para arrebatar a la Guardia Civil las transferencias de tráfico ha generado un gran asombro en el PNV. «Es mercancía averiada», dicen desde la formación, rescatando las palabras empleadas en varias ocasiones por su presidente, Andoni Ortuzar, porque «no es la primera vez que el PSOE hace algo así». Los formación jeltzale estaba plenamente informada de las conversaciones entre el Gobierno de  Sánchez y el de Maria Chivite. Es más, incluso se retrotrae hasta octubre de 2018, durante el mandato de la expresidenta navarra, Uxue Barcos. «Era un acuerdo que estaba encauzado y no era necesaria ninguna enmienda», aunque esta contemple un plazo de tres meses para su cumplimiento.

Un acuerdo adquirido que sufría retrasos «por problemas técnicos, como todos los traspasos de transferencias» y que el Gobierno ha querido rescatar para concederle a Bildu una posición de «socio estratégico» en cuestiones que trascienden de las políticas sociales con las que la formación heredera de Batasuna ha pretendido blanquearse en esta legislatura. 

Según fuentes de UPN, la trasferencia de las competencias de tráfico era una «reivindicación pacífica» que UPN incluso planteó y pactó con el PP. Pero lo relevante aquí no es el qué sino el quién: «Bildu no puede conceder nada que afecte a la Guardia Civil porque su objetivo es perverso y conocido: que se vayan». Una idea que defendió de forma encendida el exdiputado de UPN adscrito en el Grupo Mixto, Carlos García Aduanero, quien calificó de «política de miserables» un acuerdo que «es un insulto» para las víctimas de ETA, entre las que se cuentan centenares de guardias civiles. Desde la formación recuerdan incluso el «punto macabro» de que la primera víctima de ETA, José Antonio Pardines, fuera un agente de la Benemérita destinado en el Departamento de Tráfico de San Sebastián. 

El estatuto fantasma 

Desde el Ejecutivo, se denuncia la «demagogia» por las críticas al pacto con Bildu que se enmarcan en el cumplimiento de la Constitución y los estatutos de autonomía. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió en estos términos en la comparecencia posterior a la Cumbre Hispano-Rumana en Castellón, como una obligación de «desarrollar los estatutos de autonomía en el caso de la comunidad foral de Navarra». En la misma línea se pronunció previamente el portavoz socialista, Patxi López, defendiendo la necesidad imperiosa de cumplir con lo que fijan «el estatuto y la Constitución».

Sin embargo, fuentes de UPN denuncian la falta de información del Gobierno, primero porque «nosotros no tenemos estatuto». Su lugar lo ocupa una Ley, la Ley Orgánica de Mejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna), que en su artículo número 51 se refiere al funcionamiento de la Policía Foral «bajo el mando supremo de la Diputación Foral»; y, en el punto dos del citado articulo se contempla que «Navarra podrá ampliar los fines y servicios de la Policía Foral en el marco de lo establecido en la correspondiente Ley Orgánica». Según las citadas fuentes, «ni hay estatuto, ni obliga a a nada, ni había una obligación de proceder a este traspaso, pero lo grave, más que su ejecución, es que se le confiera a Bildu un papel activo en el hostigamiento a la Guardia Civil, en tanto en cuanto se trata de una reivindicación histórica de la banda terrorista ETA.