El CGPJ, abocado a elegir a sus candidatos al TC con las nuevas reglas de Sánchez
El sector conservador volverá a proponer dos nombres el martes, pero los progresistas tienen una línea roja: Jose Manuel Bandrés
Pleno del CGPJ. | CGPJ/EFE
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantienen desde hace meses un intenso tira y afloja. En este particular juego de la cuerda cada sector atribuye al contrario la responsabilidad de los fiascos a la hora de nombrar a los dos magistrados que les corresponde en el Tribunal Constitucional. Uno de cada signo. Los conservadores han forzado otro pleno del órgano el martes, donde propondrán dos nuevos candidatos. Sospechan que sus colegas progresistas van a dilatar el proceso hasta que Pedro Sánchez rebaje las mayorías necesarias para garantizarse así la elección de su apuesta, José Manuel Bandrés.
El mandato del CGPJ lleva cuatro años caducado. La intención del Gobierno de rebajar el delito de sedición, aprobado este jueves de manera definitiva en el Senado, llevó al PP a suspender las negociaciones para la renovación de sus vocales en octubre. Una decisión que dinamitó también la sustitución de los cuatro magistrados del Constitucional que agotaron su mandato en junio.
El Ejecutivo ya ha decidido sus dos candidatos, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la que fuese directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez. Para ocupar su plaza en el tribunal de garantías necesitan que el CGPJ elija a su par, ya que la Constitución establece que este se renueva por tercios, esto es, de cuatro en cuatro.
Las mayorías del CGPJ
Sánchez ha intentado renovarlos por todos los medios. Incluso ha creado normas ad hoc para ello. El último intento ha sido introducir dos enmiendas en la reforma del Código Penal, un procedimiento inusual que el Constitucional ha detenido a petición del PP al considerar que vulneraba los derechos de la minoría parlamentaria.
Una de esas enmiendas buscaba modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar las mayorías necesarias en el CGPJ a la hora de elegir a sus candidatos en el tribunal de garantías. En la actualidad se requieren tres quintos, lo que supone 11 de los 18 votos en liza. Con los cambios sería suficiente una mayoría simple, por lo que saldrían elegidos los dos aspirantes más votados.
La fórmula beneficiaría a la minoría progresista en el órgano de gobierno de los jueces. Sus representantes denuncian que el sector conservador lleva meses bloqueando los nombramientos y que solo se ha puesto las pilas al conocer las intenciones del Gobierno para rebajar las mayorías necesarias. Su objetivo, insisten, es evitar que el candidato que eligieron en noviembre, José Manuel Bandrés, promocione. Lo ven demasiado cercano al nacionalismo catalán.
La maniobra del Constitucional no ha socavado la moral del Gobierno, que presentará una nueva proposición de ley con sus socios parlamentarios para concluir el camino iniciado: cambiar la mayoría que necesita el CGPJ para nombrar los dos candidatos que le corresponde en el tribunal de garantías. Ahora son los conservadores quienes critican la parsimonia de sus colegas progresistas. No tienen prisas porque saben que dentro de poco se modificarán los requisitos.
Dos nuevas propuestas
La pelota está ahora en el tejado de los vocales que llegaron al CGPJ a propuesta del PP. Se han apresurado a agilizar los nombramientos del Constitucional convocando dos plenos extraordinarias con solo una semana de diferencia. En el primer cónclave, celebrado el pasado martes, propusieron a los magistrados del Tribunal Supremo César Tolosa y Pablo Lucas, este último de tendencia progresista, no en vano este sector lo incluyó en una relación de nueve nombres en septiembre.
Ambos aspirantes obtuvieron 10 votos. Con un apoyo más, la propuesta habría salido adelante. Los progresistas se plantaron porque han marcado como línea roja la elección de Bandrés. No es negociable, por lo que piden a los conservadores que pongan el nombre de su candidato sobre la mesa para alcanzar un consenso. Su respuesta es una candidatura conjunta: un magistrado progresista, otro conservador.
Para la reunión de la próxima semana mantienen la candidatura de Tolosa, su hombre de confianza. A Pablo Lucas lo sustituyen por María Luisa Segoviano, que también estuvo en la selección inicial de los progresistas. El objetivo de los conservadores es que algún vocal cambie de bando. Les basta un voto para sacar adelante su propuesta.
Si esa estrategia no funciona insistirán, como hace una semana, en apartar de la votación a Clara Martínez de Careaga por ser la esposa de Cándido Conde-Pumpido, uno de los favoritos para presidir el Constitucional tras su renovación. Su abstención propiciaría la elección de los dos candidatos que proponen los conservadores. La vocal progresista volverá a revolverse contra esa petición. El martes pasado llegó incluso a acusar a sus colegas de estar incurriendo en «coacciones».
Corrección: ni Gobieno.
1-El mandato del CGPJ no caduca, pues siguen actuando regularmente con cuatro magistrados en prórroga de mandato.
2-Desde 1985 se ha nombado de forma inconstitucional a los miembros de CGPJ. Ni PP no gobieno tienen que nombrarlos. La competencia reside en las Cortes. Corresponde a Batet -Congeso- y a Gil -Senado- comenzar el proceso. Y el nombamiento nunca puede ser por cuotas políticas -es decir, porcentaje de escaños de cada partido-. El resto es INCONSTITUCIONAL, aunque lo hayan hecho duante tantos años.
Por favor, empecemos de una vez a pedir que se cumplan las leyes .
3-Los nombamientos del Gobieno son como minimo de poca ética política.
4-La efoma planteada;:, aparte de su manifiesta inconstitucionalidad, el disparate jurídico que se intenta perpetrar es de tal calibre que uno no comprende cómo el Gobierno, que tiene a su servicio a suficientes asesores jurídicos pagados con el dinero de todos los españoles, haya podido instar y tutelar tamaña iniciativa.
–Eliminar la mayoría de 3/5 es inconstitucional , su función de control del legislador prácticamente desaparecería.
–Es una auténtica aberración, pues se rompe de manera clara el principio de colegialidad, pues por mandato constitucional, no es elegir a uno, sino a los dos magistrados del Constitucional, Es al Consejo, como órgano, y no a “sus vocales”, al que la Constitución (art. 159.1) le atribuye esta competencia de proponer “dos” magistrados constitucionales.
–En tercer lugar, las reformas son inconstitucionales por la ruptura del sistema de renovación del Constitucional por tercios, ya que, frente al claro mandato de la Constitución, la enmienda permite que esa renovación sea por sextos.
–El Tribunal, por ser supremo intérprete de la Constitución, ha de tener la competencia de supervisar, con carácter previo al nombramiento, si quienes van a acceder a él reúnen los requisitos que la propia Constitución ha establecido. Eliminar esa facultad y trasladarla, como la enmienda pretende, a los propios órganos políticos que realizan las propuestas, significa, aparte de un menosprecio al Tribunal, dejar sin control jurídico independiente el cumplimiento de tales requisitos.
——–
El retraso , aunque pudiera ser entendido como una deslealtad constitucional achacable a la parte que origine el retraso, no impide, como hemos comentado, que el Tribunal pueda seguir actuando regularmente con cuatro magistrados en prórroga de mandato.
Así ha ocurrido siempre en ocasiones anteriores (con retrasos en la renovación que, en la mayoría de los casos, tuvieron una duración más larga que la actual de seis meses). Basta un ejemplo: la sentencia más importante que ha pronunciado nunca el Tribunal, la del Estatuto de Autonomía de Cataluña, se dictó con cuatro magistrados (entre ellos presidenta y vicepresidente) con una prórroga de mandato que duraba ya dos años.
Fuente: Manuel Aragón, ‘Ataque fontal al TC y al Estado de Derecho’. El Mundo.
Fue catedático de Dcho. Constitucional, magistrado del TC nombrado por Zapatero.
Está considerado uno de los mejoes, si no el mejor. constitucionalista español.
Descaradamente y sin pudor, se habla de magistrados conservadores y progresistas.
Esto por definición hace que todo el tribunal sea ilegítimo ya que su voto está condicionado por un partido político.
Esto se llama corrupción.