La Justicia reactiva el caso contra el director de la cárcel de Valdemoro al que protege Marlaska
Tras ser recusada, la juez remite a otro juzgado la causa contra el responsable del centro penitenciario por acusar sin pruebas de narcotráfico a cuatro funcionarios
Centro penitenciario de Valdemoro. | Europa Press
Se reactiva la investigación judicial contra el director del Centro Penitenciario Madrid III-Valdemoro por presuntos delitos de prevaricación, detención ilegal y falsedad documental. El Juzgado de Instrucción número 6 de esa localidad madrileña ha asumido la causa en la que se investiga la actuación de José Antonio Luis de la Iglesia y cuatro guardias civiles que participaron en la operación por la que funcionarios de esa prisión fueron detenidos y encarcelados durante cuatro meses sin pruebas suficientes.
Según un auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la juez que llevaba el caso ha remitido a ese juzgado las diligencias abiertas el pasado mes de septiembre para esclarecer si los querellados incurrieron en delitos de prevaricación, detención ilegal y falsedad. La magistrada María Concepción Azuara ha acordado apartarse finalmente de la causa contra el director de la prisión, quien se mantiene en el cargo a pesar de la querella en su contra y de que todos los sindicatos han solicitado su cese al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La juez se abstiene después de haber sido recusada por los querellantes, dos de los cuatro funcionarios de Valdemoro que fueron imputados por ella en junio de 2021 por presuntos delitos relacionados con la venta de droga en el centro penitenciario. Una causa que la magistrada acabó archivando en marzo del año pasado al entender que las acusaciones de la dirección de la prisión y la Guardia Civil contra ellos carecían de pruebas suficientes.
Las acusaciones se basaban únicamente en los presuntos testimonios de supuestos testigos protegidos que, como reveló en exclusiva este diario, negaron en sede judicial haber hecho las declaraciones que el director de la prisión y los investigadores habían utilizado como prueba para encausar a los funcionarios. Supuestos testimonios que hicieron que tres de los cuatro funcionarios detenidos por la Guardia Civil pasaran cuatro meses en prisión preventiva por orden de la misma juez.
Recusación de la juez
Dos de esos funcionarios de la prisión de Valdemoro, cuya querella ha provocado la apertura de diligencias previas de investigación contra el director del centro penitenciario y cuatro guardias civiles, habían solicitado su recusación. No entendían que la misma magistrada que envió a la cárcel a tres funcionarios durante meses, pese a reconocer finalmente que no había pruebas suficientes para imputarles delito alguno, estuviese a cargo de la nueva causa en la que se busca esclarecer si José Antonio Luis de la Iglesia y los cuatro agentes de la Benemérita incurrieron en delitos de prevaricación, detención ilegal y falsedad documental.
La juez tomó declaración el pasado mes de octubre a uno de los querellantes. Un interrogatorio en el que, según fuentes jurídicas, la magistrada se mostró contraria a apartarse del caso pese a su vinculación con los hechos investigados. Ese querellante y otro funcionario de la prisión Valdemoro, que se adhirió después a la causa con el beneplácito de la Fiscalía, habían sido imputados y después absueltos por la magistrada a instancias del director de la prisión y del Instituto Armado. Ante la negativa inicial de la juez a apartarse, ambos funcionarios pidieron en noviembre la recusación de la juez.
Finalmente, la propia juez dictó el pasado 25 de enero un auto en el que acuerda apartarse definitivamente de la causa y ordena remitir las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 6 de Valdemoro. Una abstención contra la que no cabe recurso, y que ha sido respaldada por la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid. Los magistrados de ese tribunal han estimado «justificada» la abstención de la juez instructora.
En su querella, interpuesta por el gabinete jurídico del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), los funcionarios de la prisión de Valdemoro alegan que les detuvieron sin orden de arresto y que los agentes «incumplieron en su deber de comprobar las supuestas informaciones que decían tener y que resultaron ser falsas». Fuentes de TAMPM consultadas por este diario a raíz de la reactivación de la causa muestran su voluntad de seguir ejerciendo su labor contra «todas las denuncias infundadas que se interpongan contra funcionarios de prisiones, a fin de preservar el honor de todos los trabajadores penitenciarios».
El director de la prisión de Valdemoro
La denuncia contra el director del centro penitenciario se basa en las declaraciones que prestó como testigo durante la investigación. En un primer interrogatorio, el 1 de junio de 2021, Antonio Luis de la Iglesia manifestó ante la Guardia Civil que tenía información de que, en el año 2018, el ahora denunciante «se dedicaba a introducir en el centro penitenciario alcohol y drogas». Sin embargo, un mes después, en sede judicial cambió su versión.
Durante su comparecencia ante la juez, el 16 de julio de 2021, el director del centro penitenciario exculpó a uno de los ahora denunciantes después de que su abogada presentara pruebas de que el encausado ni siquiera trabajaba en la cárcel de Valdemoro en 2018. Después de que la letrada le advirtiera de que si se ratificaba en su versión podía estar incurriendo en un delito de falso testimonio, De la Iglesia dijo que se había confundido y que los hechos que había atribuido al ahora denunciante, en realidad, los había cometido otro funcionario de prisiones que se llamaba igual.
«Como consecuencia de lo manifestado, el denunciante fue suspendido de empleo y sueldo durante seis meses, con la consiguiente pérdida de haberes, suponiendo un perjuicio económico que supera los 20.000 euros además de los daños causados a la familia», señala la querella admitida a trámite, firmada por Sánchez Navarro Abogados.
Los vídeos que desmontaron la acusación
THE OBJECTIVE destapó en primicia los vídeos de las declaraciones prestadas ante la juez por los testigos protegidos, internos, en los que la dirección de la prisión y la Guardia Civil habían basado sus acusaciones contra los empleados del centro penitenciario. Las declaraciones en sede judicial de estas tres personas, que habían cumplido o cumplían condena en el penal madrileño desmontaron prácticamente por completo la investigación en septiembre de 2021.
Los testigos afirmaron «no haber presenciado nada», «haber escuchado de oídas» e incluso que los investigadores «habían puesto en su boca palabras que no habían dicho». Ante estos testimonios, la perplejidad de los letrados y la jueza es tal que esta última, según puede apreciarse en las grabaciones, llega a decir: «¿Pero dónde está la cámara oculta?». Acto seguido decretó la puesta en libertad de los encausados y meses después cerró la investigación.
Las declaraciones en sede judicial de tres de los testigos demostraron que no tenían conocimiento alguno sobre los delitos que la dirección de la prisión de Valdemoro, dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, atribuía a los cuatro trabajadores. En el caso del primer testigo, su testimonio es claro: «Mi declaración no sirve de nada porque lo que declaré, lo declaré exclusivamente de oídas». «Lo único que vi es que iba una persona andando y dijo ‘Ahí llega mi paquete’. Y ahí dentro había muchos funcionarios», sostiene.
En la misma línea, otro de los testigos -un preso que cumplía condena por asesinato, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas- afirmó que «no llegó a declarar nunca» sobre las acusaciones contra los cuatro funcionarios; que solo era la Guardia Civil «la que le hacía preguntas» y él, en ningún caso, «declaraba» nada. El tercero de los internos que declaró ante la juez, parecía claramente desorientado y era incapaz de responder las preguntas de la juez, con respuestas inconexas que nada tenían que ver con el caso investigado.
