La juez del 'caso Mediador' deja en libertad con cargos al exdiputado socialista Fuentes
La presunta red estaba «perfectamente definida y coordinada», indica el fiscal, que sitúa en su «vértice superior» a Juan Bernardo Fuentes Curbelo
El diputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes. | Europa Press
La juez de Santa Cruz de Tenerife que instruye el llamado caso Mediador ha dejado en libertad al exdiputado del PSOE en el Congreso Juan Bernardo Fuentes Curbelo, aunque con cargos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Fiscalía -la única acusación personada en el caso por el momento- no ha pedido prisión para Fuentes Curbelo porque no aprecia riesgo de fuga ni considera que exista peligro de que destruya pruebas.
De los trece detenidos por esta trama de presunta extorsión a empresarios del ámbito ganadero y alimentario a cambio de recibir tratos de favor en las inspecciones o en el trámite de ayudas europeas, solo ha ingresado en prisión el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa.
La trama ‘Mediador’, que estaría encabezada por los mencionado ex diputado y general de la Guardia Civil, además del empresario canario Antonio Navarro Taraconte, pedía un «peaje económico» de 5.000 euros a los empresarios a los que captaba bajo la promesa de «obtener privilegios» en materia de contratación pública, se reunían con ellos en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar «seriedad» y acababan en «grandes fiestas» en clubes y hoteles con una media de gasto de unos 3.000 euros, según el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press.
Una trama formada por autoridades y altos cargos públicos
En un informe, la Fiscalía habla de «la existencia de una trama formada por autoridades, altos cargos públicos y otras personas intermedias de aquellas que ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otras manifestaciones o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios». La presunta red estaba «perfectamente definida y coordinada», indica el fiscal, que sitúa en su «vértice superior» a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, entonces diputado socialista; su sobrino Taishet Fuentes, director general de Ganadería, y a Francisco Espinosa Navas, general de división de la Guardia Civil. Junto a ellos, la Policía Nacional, en otro informe, coloca al empresario canario Marco Antonio Navarro Tacoronte, que realizaría funciones de «mediador» entre los supuestos cabecillas y los empresarios captados.
Los informes explican que «el primer paso» que los empresarios interesados debían dar era pagar 5.000 euros, como «peaje económico», a la Asociación Deportiva Vega Tetir, que estaba presidida por el exdiputado socialista. Según la declaración del «Mediador», el propio Bernardo Fuentes les hacía la petición de que ingresaran esa cantidad en la citada Asociación de forma «sutil y cariñosa» asegurando que era para «los niños».
No obstante, el «mediador» asegura que se trataba de una especie de «impuesto revolucionario». «Si no se paga no hay acceso a contrato o se le quita la subvención a las granjas», precisó en su declaración, alegando que todo lo que decía se encontraba reflejado en los móviles que entregó a la policía. «Curbelo ponía el número de cuenta cada 30 minutos hasta que se equivocó y puso una del Openbank», exclamó ante el juez. Además, relató que el pago de 5.000 euros lo habían realizado seis empresas de Canarias, entre las que cita una quesera, una granja de vacas, una ganadería, una empresa de drones y otra de placas solares: «Todos pagaron para hacer trabajos para la consejería de Ganadería y Agricultura».
El «mediador» aclara también que a los empresarios de Madrid les cobraban 18.000 euros a través de la gestoría Tetir, del hijo de Bernardo Fuentes, por tramitar el régimen fiscal canario, que les facilitaba la adjudicación de subvenciones y ayudas porque prevalecen las empresas que están dentro del régimen fiscal canario. Y posteriormente, para lograr esos contratos, asegura que el diputado y él mismo, cobraban «una comisión en efectivo», además de los 5.000 euros de peaje inicial.
Fiestas con cocaína, prostitutas y viagra
El propio Navarro Tacoronte declaró en sede judicial el 22 de febrero de 2022 que despachaba con el exdiputado cada 15 días en Madrid. Se alojaban en el Hotel Victoria 4. Iban de «visita» al Congreso con empresarios, donde se hacían fotos, luego a almorzar «y seguían de fiesta el resto del día, una media de entre 3.000 y 3.500 euros por noche» que pagaban los empresarios con interés en invertir en Canarias. «En estas fiestas eran protagonistas el consumo de alcohol, de cocaína, la contratación de prostitutas y el consumo de Viagra«, según relata en la declaración judicial.
En el informe de la Fiscalía también detalla que el General de la Guardia Civil Espinosa Navas se encargaba de «recibir» a los empresarios captados y, en su caso, se los llevaba a «dependencias en la Comandancia General de la Guardia Civil con sede en la calle Guzmán El Bueno, en Madrid, lo cual era fundamental para poder dar una apariencia de seriedad y poder a la trama delictiva y generar confianza«. La trama se centraba en «empresarios con expectativas de negocio en la Zona Especial de Canarias, caracterizada por sus especiales beneficios fiscales», de acuerdo con el Ministerio Público. «No estamos cometiendo ningún delito, pero estamos sobornando«, le llegó a decir Navarro Tacoronte a uno de los «empresarios peninsulares» que habrían captado, Antonio Bautista Prado, en una conversación mantenida el 12 de noviembre de 2022.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada, en diciembre de 2021, por el hasta hace pocos días director de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña, que alertaba de cargos fraudulentos en su tarjeta bancaria por importe de 2.575 euros. Pérez Peña, que dimitió de su cargo el pasado 31 de enero alegando motivos personales, denunció entonces esos cargos en su tarjeta. A partir de ahí, la Policía los investigó y determinó que los había realizado Navarro Tacoronte, que era el titular de las tarjetas prepago, lo que desembocó en su detención en enero de 2022.
Navarro Tacoronte aseguró en sede judicial que Pérez Peñas estaba al tanto de los cargos que había denunciado, pues tenía su «aquiescencia, además de ser el beneficiario real y final de las compras denunciadas». Y para demostrarlo, dijo tener conversaciones de WhatsApp mantenidas entre ambos y entregó dos teléfonos móviles, que son el «origen de la trama», sostiene el informe policial. También en su declaración, el presunto conseguidor manifestó tener pruebas contundentes respecto a «numerosos delitos» relacionados con la corrupción que habrían cometido «diferentes cargos políticos de Canarias». «A resumidas cuentas, se habrían organizado en un grupo reservado para enriquecerse ilícitamente», recoge la Policía.
