Laura Borràs denuncia en su juicio que es víctima de una «persecución política»
Borràs afronta una petición fiscal de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental
La presidenta de Junts, Laura Borràs. | Europa Press
La presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, ha asegurado este lunes en su juicio por adjudicar presuntamente contratos a dedo a un amigo que su labor al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) fue «correcta y legal» y ha denunciado que ha sido víctima de «persecución política».
Borràs, que únicamente ha respondido a su defensa, ha declarado este lunes durante cerca de una hora y cuarenta minutos en su juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el que afronta una petición fiscal de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental.
La dirigente de JxCat ha asegurado que nunca supo y ni tan siquiera imaginó que se la investigara, no solo porque ya era aforada cuando el caso trascendió -entonces era consellera de Cultura-, sino porque su labor entre 2013 y 2018 al frente de la ILC fue «correcta, legal y perfectamente razonable» y llevada a cabo siempre «con los criterios que marca la administración».
«Ni en el más remoto de mis sueños habría podido imaginar que sería investigada por delitos que no he cometido», ha exclamado Borràs.
Su abogada, Isabel Elbal, le ha preguntado entonces si sabía las razones por las que ha acabado sentada en el banquillo de los acusados, ante lo que Borràs ha denunciado que es víctima de la «lawfare» (guerra judicial) y de «persecución política».
En este sentido, ha detallado que su vinculación política fue posterior a su labor al frente de la ILC, por lo que si se repasa su trayectoria política en paralelo a los «hitos judiciales o de la investigación» se observa que van «vinculados».
«Entonces sí que lo veo perfectamente, porque se corresponden con todos y cada uno de los momentos de lo que llamamos ‘lawfare’ y persecución política», ha insistido.
En su declaración exculpatoria, Borràs también ha alegado que durante el año 2017 la ILC fue intervenida por el Gobierno, por lo que tenían que justificar todos los gastos, y que en 2018 fue cesada, a raíz de la activación del 155, por el ejecutivo de «M.Rajoy» (sic).
Asimismo, ha recordado que en las elecciones autonómicas de diciembre 2017 aceptó ir a las listas de JxCAT a petición del expresidente Carles Puigdemont, en unas «circunstancias excepcionales» por la intervención de la ILC ante la aplicación del 155, con el entonces conseller de Cultura Lluis Puig «en el exilio».
La dirigente de JxCat ha lamentado que durante años pesó sobre ella en este caso una acusación «gravísima» de malversación y fraude -de los que finalmente no se la juzga-, lo que, según su versión, no tenía «más objetivo» que vincular su nombre a la corrupción.
Borràs ha resaltado que con la defensa de los otros acusados encargaron una pericial conjunta, que pagó su marido por un valor de 1.815 euros, para desmontar la acusación por malversación y que también dejaba claro, a su entender, que no fragmentaron los contratos que adjudicaron a su entonces amigo Isaías H., ya que eran proyectos diferenciados.
En este sentido, ha denunciado que la defensa de Isaías H., que era la que tenía que presentar este informe en el juicio, no lo hizo tras su «pacto secreto» con la Fiscalía, por lo que Borràs lo ha sacado de una carpeta y lo ha mostrado a la sala, momento en que su abogada ha pedido al tribunal que lo aceptara.
Sin embargo, el tribunal, presidido por el magistrado Jesús María Barrientos, lo ha rechazado, al considerar que se tendría que haber aportado al iniciar la vista y no ahora.
