'Mediador' amenazó a empresarios con dejarles sin ayudas «si no entraban en el juego»
La trama llegó a enviar agentes del Seprona a varias ganaderías para inspeccionarlas y obligar a sus propietarios a pagar las comisiones impuestas
Un empresario, el mediador de la trama y el general de la Guardia Civil. | The Objective
Los miembros de Mediador se sentían fuertes. La presunta trama de extorsión a empresarios de Canarias consiguió que hasta siete ganaderos les pagaran con la promesa de obtener subvenciones o archivaran sus sanciones. Para conseguirlo les amenazaban con dejarles sin ayudas «si no entraban en el juego». La red, valiéndose de que uno de sus cabecillas era general de la Guardia Civil, llegó a enviar agentes del Seprona a varias ganaderías para inspeccionarlas. De esa forma sus propietarios se veían obligados a pagar las comisiones impuestas, según subraya el sumario, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
La trama Mediador cobraba comisiones en efectivo y con transferencias de 5.000 euros a través de una cuenta de la Asociación Deportiva Vega Tahir, de la que es presidente el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, otro de los cabecillas. Para ganarse la confianza de sus víctimas les ofrecían una visita al Congreso. Luego se iban a almorzar y de fiesta. El montante, que solía superar los 3.000 euros, era abonado por los empresarios.
El mediador de las operaciones, que da nombre al caso, Antonio Navarro Tacoronte, aseguró en su declaración policial que el diputado del PSOE, su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez (entonces director general de Ganadería del Gobierno de Canarias), el abogado Plácido Alonso Peña Fumero y Miguel Ángel Robayna se encargaron de que siete queserías y ganaderías de la región pagaran las comisiones.
El papel del mediador
Navarro Tacoronte reveló que Fuentes Curbelo y el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas se encargaban de la vía política y empresarial respectivamente. El agente es el único investigado en prisión. Las funciones de ambos era conseguir licitaciones o contratos para los empresarios, aunque muchos de ellos se cansaron de esperar el retorno económico y amenazaron con llevar el asunto a la justicia para recuperar el dinero invertido.
Espinosa Navas, que llegó a ocupar la jefatura de la Comandancia de Las Palmas entre 2008 y 2012, prometía a sus potenciales víctimas contratos con empresas potentes como Lopesan, Eulen y las de su «amigo» Miguel Ángel Ramírez, que preside el Grupo Ralons y la Unión Deportiva Las Palmas. Incluso tenía un proyecto para instalar placas solares en Mozambique y Cabo Verde por 35 millones de euros. El general se llevaría el 10% del montante por gastos de representación para asegurarse su jubilación.
Sin embargo, es Fuentes Curbelo el que pide al mediador que encuentre una empresa para instalar placas solares en las granjas y ganaderías de Canarias. Navarro Tacoronte afirma en su declaración que propuso a Antonio Bautista Prado, que se encontraba «tramitando una empresa en la zona llamada Clean Energetic». Fue uno de los empresarios que más pagó a la trama, hasta 20.000 euros.
«Para presionar a los ganaderos canarios, el general Espinosa consiguió que se enviase al Seprona a varias ganaderías a inspeccionarlos», insistió el mediador. De esa manera se veían obligados a pagar las comisiones, ya que se les advertían con ser sancionados en caso de no hacerlo. Para los propietarios estas amenazas resultaban creíbles, ya que si se negaban aparecían los agentes: «Se personaban para crear un problema y solucionarlo después».
Influencias políticas y empresariales
Uno de los casos a los que alude es el de Leche Sandra, a quienes se acusó «de pasarse en un centímetro en un concurso», según el sumario. Un informe de la Guardia Civil determina que con estas relaciones poderosas de un político y un general estaba «todo organizado para obligar a los empresarios a pagar comisiones si querían optar a contratos, subvenciones o servicios».
Fuentes Gutiérrez, entonces director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, cargo en el que relevó a su tío cuando partió rumbo al Congreso, fue quien puso en contacto al mediador con Alberto Montesdeoca. El objetivo era plantearle las influencias políticas y empresariales del entramado para rebajar o archivar un expediente.
El empresario quesero les envió ese mismo día la notificación del Servicio de Reintegro de Subvenciones del Gobierno canario. El sumario subraya que pocas horas después se activaron dos líneas de actuación, una política y otra empresarial, para «que fuesen teniendo constancia de la captación de un empresario necesitado, de quien en pocos días comenzarían a obtener beneficio».
Montesdeoca pretendía la mediación del general retirado para la venta de sus productos en la cadena de supermercados Spar, de cuyos dueños presumía de ser amigo Espinosa Navas. El mediador llegó a señalar al empresario que «había llegado el momento de que usted hable con los dueños de Spar por teléfono, a través mía y del general. Pagan bien, son serios».
A raíz de aquella conversación, el ganadero realizó una transferencia a la empresa de Robayna por importe de 2.000. Navarro Tacoronte le pidió 500 euros más «para comprar algo a la niña, que llevo sin verla 15 días». Una semana más tarde, el mediador le volvió a pedir dinero y Montesdeoca realizó otra transferencia, en esta ocasión 1.722 euros.
Los pagos se hacían en efectivo. El general Espinosa Navas llegó a cobrar de 1.500 a 3.000 euros de diferentes empresarios en mano, aunque su método prioritario eran las tarjetas prepago de Correos. Otra fórmula era a través de la asociación deportiva que presidía el exdiputado socialista.
El sumario confirma diferentes pagos, entre ellos los de quesería Montesdeoca, Mec Suministra y Asesoramiento y Servicios de Drones. En todos ellos la cantidad recibida fue de 5.000 euros. Los empresarios también abonaban los gastos de las fiestas, las facturas expedidas por las compañías aéreas y los establecimientos hoteleros en los que se hospedaban.
