'Tito Berni' pide que se investigue la presunta revelación de secretos del 'caso Mediador'
La juez que instruye la causa abre diligencias previas ante «las múltiples y continuadas publicaciones» en la prensa
El exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. | A. Pérez Meca (Europa Press)
El caso Mediador se ha convertido en un tema recurrente de conversación. Muchas de las andanzas de la presunta trama dedicada a cobrar mordidas a cambio de favores políticos han sido aireadas por la prensa. Los investigadores señalan al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, como uno de sus líderes. Su defensa ha solicitado que se investigue una presunta revelación de secretos ante «las múltiples y continuas publicaciones». El Juzgado de Instrucción numero 4 de Santa Cruz de Tenerife ha acordado de oficio abrir diligencias.
Como no podía ser de otra manera, las actuaciones se han declarado secretas. En el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres sostiene que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de revelación de secretos por particular, que el artículo 199 del Código Penal castiga con una pena de uno a tres años de prisión.
«No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados, ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente (…) incoar las correspondientes diligencias previas y practicar aquellas necesarias para determinar concretar tales datos y, en su caso, el procedimiento aplicable», afirma el texto, firmado el pasado 24 de marzo.
La trama del mediador
La juez del caso Mediador investiga si un grupo presuntamente encabezado por dos cargos públicos (Fuentes Curbelo y su sobrino, el exdirector general de Ganadería de Canarias Taishet Fuentes) y un general de la Guardia Civil (Francisco Espinosa) cobraba sobornos de empresarios para lograr contratos públicos y subvenciones o impedir inspecciones y sanciones.
La causa se desarrolló bajo secreto de sumario hasta el 14 de febrero, día en el que fueron detenidos 11 de los 12 investigados (en ese momento, Fuentes Curbelo todavía era diputado en el Congreso y la juez se abstuvo de tomar ninguna medida contra él, más allá de consignar en autos los indicios que lo señalaban).
El 13 de febrero, Lorenzo-Cáceres dictó un auto en el que ordenaba que, una vez practicadas las detenciones, se levantara el secreto de sumario y que las diligencias se entregaran a todas las partes. Hasta ese momento solo las conocían el Ministerio Fiscal y los equipos de la Policía y la Guardia Civil al cargo del caso.
En este mes y medio la causa ha seguido su camino. Se ha tomado la declaración en calidad de imputados a Espinosa; Antonio Navarro Tacoronte (conocido como el mediador de la trama) y se ha acordado que testifiquen Adelaida Pérez, que figura en el sumario como amante del general, y Luis Monzón, empresario que formaba parte de un chat bautizado como «equipo A».
La Fiscalía Europea
La juez ha librado una orden internacional a Bélgica para que colabore con la investigación. Según consta en los audios, Espinosa abrió una cuenta en ese país para, presuntamente, cobrar las mordidas que recibía la red a cambio de mediar entre la Administración Pública y los empresarios. Lorenzo-Cáceres también dirigió la semana pasada un escrito a la Fiscalía Europea para que rastreo un posible desvió de fondos europeos.
Hace unos días, la magistrada determinó aunar las acciones populares del caso bajo una misma dirección letrada «ante la complejidad de la causa y su volumetría». Su objetivo es «evitar dilaciones y contradicciones». Ha citado a las seis partes interesadas en el juzgado de Tenerife este jueves a las 10.00 horas, aunque los partidos se resisten a compartir abogado. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y Vox ya han recurrido el auto y otros, como PP y PSOE, se lo piensan.
