Un empresario a la trama del PSOE: «¿Cuánto tengo que pagarte por seguir con mi obra?»
El inversor acudió al abogado Felipe Campos, asesor en la sombra del alcalde de Arona, para conseguir desbloquear un proyecto urbanístico previo pago
Un nuevo audio apuntala el modus operandi descrito por los exconcejales del PSOE que destaparon la presunta trama urbanística del partido en el sur de Tenerife. El protagonista de la grabación es el abogado Felipe Campos, asesor en la sombra del alcalde de Arona, José Julián Mena (PSOE). A él es a quien acude un empresario extranjero para intentar conseguir, previo pago de una cantidad económica, desbloquear un proyecto urbanístico que tenía paralizado porque Campos presentó alegaciones al convenio aprobado previamente.
En varios escritos remitidos a este diario exigiendo la eliminación de los artículos publicados sobre el caso Arona, Campos ha tachado como hechos «completa y absolutamente falsos» las afirmaciones de los exconcejales del PSOE recogidas en los últimos días. Sin embargo, en este nuevo audio reconoce lo que ya anticipaban los concejales socialistas rebeldes de Arona en las grabaciones publicadas por THE OBJECTIVE: los promotores que no contrataban a Campos veían paralizados sus proyectos urbanísticos como consecuencia de una catarata de recursos administrativos interpuestos por el abogado vinculado a Mena.
«Yo voy a seguir haciendo alegaciones a todos los convenios, no solo al tuyo, a todos los convenios, a todos, salvo los cuatro o cinco que son clientes míos», indica Campos en este nuevo audio, grabado durante un encuentro con un empresario de origen belga que tenía paralizada la construcción de una vivienda y un centro comercial en Adeje, un municipio turístico al suroeste de Tenerife donde el PSOE gobierna desde 1987. Su alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, repite como cabeza de cartel en las elecciones del 28-M.
Proyecto bloqueado
Durante la reunión, el empresario belga intenta saber cuál es el precio para que Campos retire sus alegaciones al proyecto urbanístico y él pueda seguir con su obra. A cambio de utilizar sus influencias políticas para conseguir convenios urbanísticos en los ayuntamientos gobernados por el PSOE, el abogado pedía importantes sumas de dinero. El empresario belga, según afirma en el audio, se había negado a pagarle 20.000 euros al abogado para que le gestionase el convenio.
Meses después, su proyecto se encontraba paralizado por culpa de una alegación de Felipe Campos a los Planes del Modernización y Mejora Turística del Gobierno de Canarias (PMM). «Primero, gracias por ponerme una alegación», le reprocha el empresario belga al inicio del encuentro.
El abogado pregunta sorprendido a su interlocutor el motivo de ese agradecimiento.«¿Qué significa gracias? ¿Gracias por qué ? Yo he puesto alegaciones a un montón de personas, no solamente a ti», aclara Campos. Reconoce que ha recurrido el PMM y que ha puesto alegaciones «a casi todos los convenios menos a la gente que son clientes míos. A todos. A ti, y a todos».
La conversación sube de tono y el empresario reconoce a Campos su desafortunada decisión de no pagarle los 20.000 euros que le pidió en una factura para que le gestionara el asunto. Ahora, según afirma el inversor en el audio, está dispuesto a abonar la cantidad que sea necesaria para seguir adelante con el proyecto. El abogado le previene de que ya es tarde.
«A ver, tú me pediste una factura por hacer un tema, un contrato comercial en Radio Paraíso y por hacer el convenio. Te pasé 6.000 y 6.000. Me llamaste otra vez diciendo que era muy caro y que no me contratabas. Perfecto», le explica Campos. El empresario trata de buscar una solución a la desesperada consciente de que, aunque hay otras formas de desenmarañar el problema, la más rápida es conseguir que retire la alegación previo pago.
El abogado afirma al inversor belga que puede mirarlo, ya que los presupuestos que le envió también se los mandó a un arquitecto con el que colaboraba. «Pero tú pregúntame ahora cuánto (dinero es necesario) para retirar la alegación para que yo pueda seguir con mi obra», le insiste el empresario. Está convencido de que, cuando pague la cantidad que le solicite, va a conseguir resolver todos los inconvenientes.
«Eso ya pasó. Tú firmaste el convenio. El convenio lo hiciste con Sebastián y con… Ese momento ya pasó. No se puede. En septiembre quedamos en tu casa, me pediste documentos, lo miré, te pasé un presupuesto, subiste a Santa Cruz a la plaza de (…); me hablaste del tema del centro comercial (…), te pasé un presupuesto por una cosa y otra. Me llamaste que no quieres… Y yo voy a seguir haciendo alegaciones a todos los convenios, no solo al tuyo, a todos los convenios, a todos, salvo los cuatro o cinco que son clientes míos», insiste Campos.
El empresario interrumpe a su interlocutor: «Vale, no necesitamos hablar más. Dime cuánto puedo pagarte ahora». Campos le explica que ya pagó por el convenio «a Sebastián y la chica esa», pero deja una puerta entreabierta. «Me estás diciendo para retirar el convenio, ¿la alegación?». El inversor le responde afirmativamente y le pide que ponga una cifra, que la va a pagar. El abogado le asegura entonces que no tiene nada personal contra él.
«Me estás preguntando y parece que yo he puesto alegaciones solamente a tu convenio. A ver, yo recurrí el PMM y he hecho alegaciones antes incluso de conocerte. Y he seguido haciendo alegaciones». Lo hace, asegura Campos, desde 2016, y que desde entonces siempre ha elevado recursos excepto cuando eran clientes suyos. El empresario le apremia a darle una cifra porque «no tenemos mucho tiempo» y el abogado se despide de él prometiéndole que le va a llamar.
Campos es conocido en Tenerife por sus batallas urbanísticas, pero especialmente por los carnavales de Santa Cruz, que trató de parar por exceso de ruido. Distintos empresarios denuncian que les ofrece asesoramiento y mediación para resolver proyectos, especialmente en Arona, donde se parapeta en la hermana del alcalde, Jennifer Mena, con la que aseguran que acude a las reuniones y mantiene una relación.
Hace años ya fue vinculado con una presunta trama de extorsión. El exconcejal de Urbanismo de Arona Luis García informó en 2020 a la Fiscalía de una red en la que también participaría Nicolás Jorge, jefe de gabinete del regidor. Lo hizo poco antes de ser expulsado del PSOE y pasar a convertirse en edil no adscrito de la tercera localidad más poblada de la isla de Tenerife. El Ministerio Público acabó archivando el caso.
‘Caso Arona’
Entre las prácticas ilícitas denunciadas se encontraba la amenaza de presentar un aluvión de reparos y demandas contra los proyectos urbanísticos de quienes se negaban a contratar sus servicios. «O pagas o te someten a un calvario judicial y administrativo que paraliza las inversiones», reconocían algunos de estos empresarios. Estos denunciaron entonces que su tarifa estaba establecida en 50.000 euros por persona.
Campos sostiene que «todos los hechos expuestos son completa y absolutamente falsos». La intervención de este abogado en una denuncia interpuesta por otro exconcejal del PSOE de Arona en 2007 fue fundamental para destapar una trama de extorsión en la localidad. El exalcalde José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, y seis de sus concejales fueron condenado a 17 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación urbanística. Para entonces, el Tribunal Supremo ya había anulado el Plan General de Ordenación porque contenía modificaciones respecto al que había aprobado el Gobierno de Canarias.
RECTIFICACIÓN DE FELIPE CAMPOS
En relación a la noticia publicada el 6 de mayo de 2023 bajo el titular “Un empresario, a la trama del PSOE: “¿cuanto tengo que pagarte por seguir con mi obra?”, Felipe Campos Miranda ha remitido una carta a este medio en el ejercicio de su derecho de rectificación solicitando que sea publicado el siguiente texto: “Se pretende falsamente relacionar a este letrado con el PSOE o con el alcalde de Arona. No tengo ni he tenido ninguna relación con el PSOE ni con ningún partido político. Asimismo, tampoco tengo ninguna vinculación con el alcalde de Arona. No soy asesor ni he prestado ninguna servicio laboral profesional con ese Ayuntamiento. No ostento ni he ostentado ningún cargo público. Soy un particular que desarrolla de forma privada su labor de letrado. Por lo expuesto, mi labor como letrado ninguna relación tiene ni con el PSOE ni con el Ayuntamiento de Arona o su alcalde. Por ello, el vídeo que aportan de una conversación privada de un letrado con un posible cliente, relativa a un asunto particular del mismo y de un municipio distinto a Arona, ninguna relación puede tener con la existencia de una trama en Arona. El vídeo que se aporta se corresponde con una conversación entre un letrado y un posible cliente. Sin perjuicio de que se trata de una reunión privada de un particular, lo acontecido, en modo alguno, reviste carácter ilegal, por cuanto es el posible cliente el que insiste en pagar a cambio de no hacer alegaciones a un Convenio Urbanístico, a lo cual nunca accedió este letrado”.
