Los funcionarios de Justicia amenazan con una huelga indefinida en plena campaña del 28-M
Los sindicatos se quejan de que el Gobierno aún no les ha propuesto ninguna oferta económica y denuncian una diferencia de trato con jueces y fiscales
Funcionarios de Justicia durante una protesta ante la sede del ministerio. | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
Los funcionarios de Justicia apuestan por redoblar las protestas. Los cuatro sindicatos se reúnen este miércoles con la intención de convertir los paros de 24 horas previstos para esta semana y la que viene en una huelga indefinida. Un escenario que coincidiría con la campaña electoral del 28-M. Este giro de guion se debe a la diferencia de trato que perciben con otros trabajadores. Mientras ellos continúan sin recibir una propuesta económica del Gobierno, jueces y fiscales han obtenido una que ronda los 50 millones de euros.
El objetivo de los funcionarios de Justicia es conseguir una subida salarial «en línea» con la que lograron los letrados de la administración de Justicia finales de marzo. El mismo mes en el que ellos comenzaron unas movilizaciones que, de momento, no han resultado fructíferas. «No es una huelga política. No hubiésemos llegado hasta aquí si el Gobierno se hubiera sentado a negociar en su día», reconoce Javier Jordán, del CSIF.
Los sindicatos reclaman un aumento salarial de entre 350 y 430 euros al mes. Además, piden que se paralice la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que plantea el Ejecutivo porque «impone nuevas condiciones laborales sin negociación previa a los 45.000 funcionarios». El Comité de Huelga, que integran CSIF, UGT, CCOO y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), se reunirán este miércoles a partir de las 9.00 horas para «dar continuidad» a sus reivindicaciones.
Guerra en Justicia
La gota que ha colmado el vaso es que aún no cuentan con una oferta económica del Gobierno. Contrasta con la situación que viven jueces y fiscales, que tras convocar una huelga para el 16 de mayo recibieron una propuesta de 44,6 millones de euros que fue rechazada. También desestimaron una segunda oferta, que incluía un aumento de dos millones. Este miércoles se reunirán de nuevo con el departamento que dirige Pilar Llop y con el Ministerio de Hacienda para acercar unas posturas que continúan alejadas.
La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria, reclama 74 millones, casi el doble de lo que ofrece Justicia, mientras que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido 67. Las asociaciones progresistas de jueces y fiscales son partidarias de aceptar la propuesta del Gobierno. A este escenario se une el aumento salarial de 450 euros que consiguieron los letrados de la administración de Justicia a finales de marzo tras dos meses de huelga.
Los funcionarios de Justicia están «cabreados». Consideran que la inexistencia de una oferta supone que existan «trabajadores de primera y de segunda», recalca Jordán. En esa dirección se pronuncia José Luis Fernández Alaya, para quien resulta «increíble» que «un gobierno progresista dialogue con los que tienen las retribuciones más altas y no con los que la tienen más bajas». E insiste: «Sería especialmente significativo demostrar durante la campaña electoral cómo se maltrata a la clase trabajadora».
«Nos parece una discriminación absoluta porque en la oficina judicial trabajamos todos encadenados. El incremento retributivo debe ser para todos», subraya Victoria Carrero, de UGT. Los representantes sindicales tratan de «intensificar las medidas de presión». Una decisión que hay que tomar al menos 10 días antes de hacerla efectiva para, entre otras cosas, informar a las autoridades y establecer servicios mínimos. Consideran que los actuales, previstos para los paros de 24 horas de esta semana y la que viene, son «abusivos».
Carta a Pedro Sánchez
Los sindicatos han enviado este martes una carta a Pedro Sánchez para solicitarle que intervenga en el conflicto. Le piden que dé instrucciones a sus ministras para que se sienten a negociar con ellos. Además, le recuerdan que su Gobierno cerró el 28 de marzo un acuerdo con los letrados de la administración de Justicia que se sitúa «al margen de la mesa de negociación y con desprecio absoluto a la función que atribuye la Constitución a los sindicatos y a las normas vigentes en materia de representación sindical».
No obstante es otra carta, en esta ocasión enviada por los letrados de la administración de Justicia a la ministra Llop, la que ha levantado ampollas en el sector. El texto, firmado por tres asociaciones, denuncia lo que en su opinión supone una diferencia de trato con los colectivos en conflicto. Además, advierten de que no permitirán «ninguna nueva discriminación salarial».
«No podemos permitir que la brecha retributiva con el resto de grupos de nuestra misma categoría se siga incrementando y que cada vez se vaya estrechando más respecto a las inferiores. Es injustificable que se rompa el equilibrio retributivo entre grupos. Tenemos claro que cualquier incremento en el complemento general del puesto o en cualquier otro concepto que se practique (…) tiene que aprovechar también necesariamente a los letrados», reza la misiva.
Una palabras que han hecho especial mella entre los funcionarios de la Justicia, que este miércoles emitirán un comunicado de respuesta. Para Victoria Carrero, de UGT, «es un escándalo» que vuelvan a pedir un aumento salarial tras un incremento «de más de 600 euros en un solo año, tras el acuerdo con el Gobierno y los 200 euros que consiguieron con el complemento específico en la mesa de negociación».
«Una misiva mezquina»
«Es una misiva mezquina», lamenta Javier Jordán, de CSIF, que señala a las tres asociaciones que la han redactado porque «creemos que la mayoría de los trabajadores no se sienten representados». José Luis Fernández Alaya, de STAJ, tilda la carta como «desafortunada». En su opinión, esta deja claro que los letrados de la administración de Justicia «no tienen interés en regular los problemas públicos, sino los suyos propios».
El malestar también ha alcanzado a las asociaciones de jueces y fiscales. Teresa García Villanueva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), afirma que la carta habla por sí sola y que les ha sorprendido. Prefiere no hacer valoraciones y centrarse e «un momento histórico» porque, después de 20 años, por fin el Gobierno ha convocado una mesa de negociación para actualizar las retribuciones. Eso sí, recuerda que, en su momento, su organización apoyó la huelga de los letrados de la administración de Justicia porque «era legítima».
