Los funcionarios de Justicia denuncian que el Gobierno impone servicios mínimos «abusivos»

Los funcionarios de Justicia cumplen su amenaza. Más de 45.000 profesionales están llamados este jueves a unos paros de 24 horas que se repetirán los martes, miércoles y jueves de las dos próximas semanas. Los sindicatos denuncian que el Ministerio de Justicia ha fijado unos servicios mínimos «abusivos». La escalada de presión no quedará ahí. Los representantes de los trabajadores enviarán la próxima semana una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que cese a Pilar Llop. Hace unos días ya exigieron a la ministra su dimisión tras unas declaraciones «desafortunadas» en la feria de Sevilla.

La falta de acuerdo para conseguir la mejora salarial que demandan les ha llevado a «endurecer las medidas de presión». Los funcionarios de la Justicia airearon sus reclamaciones con paros diarios de tres horas entre el 17 y el 25 de abril, pero no bastaron para que Llop les propusiera una oferta económica.

Entre los trabajadores se instaló «un profundo malestar» que se agudizó con las palabras de la ministra en la feria de Sevilla, donde afirmó que no era el momento de ir a la huelga. Llop aludió a una crisis económica para negar un aumento salarial que sí concedió a los letrados de la administración de Justicia. Para más inri, el Gobierno ha ofrecido este miércoles a jueces y fiscales 44 millones de euros para evitar la huelga que han anunciado a partir del 16 de mayo.

Huelgas en Justicia

A los funcionarios de Justicia ni siquiera les presentaron una oferta económica. Optaron por endurecer las movilizaciones, que se desarrollarán este jueves y continuarán los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo. La resolución dictada este miércoles por el departamento de Llop establece como servicios esenciales aquellos que «ineludiblemente deben estar en funcionamiento en cualquier situación para garantizar un servicio público que evite perjuicios irreparables».

El Ministerio de Justicia determina que debe tener esa consideración el Registro Civil, las causas con preso, las medidas cautelares y «todas aquellas actuaciones en las que venza un plazo preestablecido en la ley o cuyo incumplimiento pueda suponer pérdida o perjuicio de derechos». En esta categoría también incluye los juzgados y fiscalías que actúan en servicio de guardia, los juzgados de Violencia sobre la Mujer, los de atención al ciudadano y aquellos relacionados con los institutos de medicina legal, toxicología y forenses.

«En algunos casos, el Ministerio de Justicia ha establecido más personal como servicios mínimos que el número de efectivos con los que cuentan los órganos afectados. En otros casos, la determinación de estos servicios obliga a todo el personal a estar en la oficina sin que puedan ejercer su derecho fundamental a la huelga», han denunciado los representantes sindicales en un comunicado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Consideran que los servicios mínimos decretados son «abusivos». «Incluyen algunos servicios que no son esenciales», afirma Luis Calero, de CCOO. En su opinión, el Gobierno «no quiere proteger los derechos de la ciudadanía, si no que la huelga quede desvirtualizada». Sostiene que las funciones que se llevan a cabo en el Registro Civil, por ejemplo, no deberían entenderse como servicios esenciales. Pero así lo ha considerado Justicia, que no ha tenido en cuenta sus indicaciones tras dos reuniones.

Servicios esenciales diferentes

«Propusimos que se determinaran servicios mínimos similares a los estados de alarma, cuando se suspendieron los plazos procesales», insiste Calero. No obstante, el representante de CCOO reconoce que Justicia ha reducido el personal esencial de los registros civiles durante la huelga de un 50 a un 30% y que el personal de apoyo será uno por cada tres juzgados en lugar de uno por cada sede judicial.

Calero explica que «en las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas se han dictado servicios mínimos diferentes. No deja de ser increíble». Lamenta que algunas, como la Comunidad Valenciana, «se han negado a negociar». José Luis Fernández Alaya, del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), admite que los servicios mínimos que ha impuesto el Gobierno «son excesivos porque muchas actuaciones no son perentorias ni urgentes».

«Justicia intenta desactivar la huelga», subraya Fernández Alaya. Una posición que secunda Victoria Carrero, de UGT. En su opinión supone «un escándalo» porque «quieren imponernos las mismas funciones que realizamos diariamente». Lo hacen, insiste, con «un argumento kafkiano» ya que arguyen la experiencia que tuvieron durante los dos meses que duró la huelga de letrados de la administración de Justicia. Y concluye: «Se está vulnerando el derecho a la huelga».

Los sindicatos denuncian que «mientras que los servicios esenciales de los letrados de la administración de Justicia se resumían en siete apartados en lo que podríamos denominar servicios esenciales low cost, los servicios mínimos para el resto de la oficina judicial abarcan 26 apartados donde casi todo es ahora esencial cuando hace apenas dos meses no lo era».

Los funcionarios de Justicia prometen dar guerra. No descartan convocar una huelga indefinida si el Gobierno sigue sin presentarles una oferta económica. Además, están ultimando una carta que registrarán la próxima semana en el Palacio de Moncloa para solicitar a Pedro Sánchez que cese a la ministra del ramo, a la que pidieron la dimisión hace unos días por sus «indignantes declaraciones» en la feria de Sevilla.

Llop, ataviada con un traje de flamenca, afirmó que no era el momento de ir a la huelga y aludió a una crisis económica para negar el aumento salarial. «Lo que pido es que miren por el buen servicio público de la justicia, no perjudicar a los ciudadanos y que seamos honestos». La ministra aseguró que la administración que dirige «es una especie de agujero negro; todos los recursos que le echamos se los come porque tenemos una organización muy ineficiente».

Esas palabras y el lugar donde se entonaron indignaron a los sindicatos, que convocaron el día siguiente una rueda de prensa para informar de las nuevas medidas adoptadas (un aumento de las protestas) y solicitaron al unísono la dimisión de Llop. Si no se producían, avisaron, pedirían su cese al presidente. «Ya hemos tenido suficiente paciencia con ella y con el Gobierno. Si no se mueven la Justicia va a colapsar y ellos serán los únicos responsables», admite Javier Jordán, del CSIF.