Piden debatir la incompatibilidad de Delgado para una plaza por su relación con Garzón
Un vocal del Consejo Fiscal solicita que se posponga la adjudicación del puesto de fiscal de Sala de Memoria Democrática al que aspira la exministra de Justicia
Dolores Delgado y Baltasar Garzón durante unas jornadas de Memoria Histórica Pontevedra. | Álvaro Ballesteros (Europa Press)
El posible nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática sigue levantando ampollas. Un vocal del Consejo Fiscal ha solicitado al Fiscal General del Estado que posponga la reunión del jueves en la que se adjudicará la plaza. La exministra de Justicia parte como favorita. Además, propone que en el encuentro del día 19 se introduzca un debate sobre la posible incompatibilidad con el puesto por un conflicto de intereses motivado por su relación sentimental con el exjuez Baltazar Garzón, que preside una fundación dedicada a combatir la impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos.
El magistrado creó la Fundación Internacional Baltazar Garzón (FIGBAR) tras ser expulsado de la carrera judicial en 2012. La actual pareja de Delgado fue condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel. Garzón también es el administrador único de un despacho de abogados, Ilocad.
El fiscal Salvador Viada, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha remitido este martes una carta al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, para pedirle que posponga el Consejo Fiscal e incluya un nuevo punto en el orden del día de la próxima reunión. Considera que el órgano, meramente consultivo, tiene que someter a deliberación el conflicto de intereses.
La pareja de Delgado
El representante de APIF subraya en el texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que el Consejo Fiscal tiene una «competencia decisoria» para dictaminar la concurrencia de incompatibilidades, según lo establecido en el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Viada sostiene que «está en juego» conocer si concurre un posible conflicto de intereses entre la aspirante al cargo y su pareja, que realiza una actividad que incluye las funciones que la ley atribuye al fiscal de Sala de Memoria Democrática. De hecho, destaca que Delgado es colaboradora habitual de la fundación de Garzón.
«Al acceder a las actividades de FIGBAR se observa su dedicación a un aspecto fundamental del derecho que, sin embargo, entra de lleno en el área de actividades que deberá desempeñar el fiscal de Memoria Democrática». Viada insiste en su carta que la fundación de la pareja de Delgado tiene como labor «procurar la lucha contra la impunidad de los crímenes gravísimos y la defensa de los derechos humanos». Incluye una decena de enlaces web publicados para corroborarlo.
El representante de APIF aconseja a García Ortiz, sucesor de Delgado en el cargo, disponer de unos días para que el Consejo Fiscal pueda «hacerse una idea de las eventuales consecuencias de que una plaza tan importante pudiera adjudicarse a una persona cuya plena imparcialidad en el ejercicio del cargo pudiera verse comprometida ante terceros». Viada también pide conocer la versión de la afectada.
Daño reputacional
«De no accederse a dicha solicitud entiendo que se estaría evitando que el Consejo Fiscal pudiera decidir sobre una de sus competencias más importantes», insiste el vocal de APIF. En su opinión, eso generaría «un enorme daño reputacional a la Fiscalía General del Estado».
El adelanto del pleno previsto para el 19 de junio al día 8 supuso una rebelión en la carrera fiscal. Siete de los 12 miembros del órgano consultivo han solicitado que no se celebre por sospechas de «interés personal» del fiscal general, que fue número dos de Delgado cuando ocupaba dicho puesto. García Ortiz se excusó explicando que otras predecesoras, María José Segarra y Consuelo Madrigal, ya realizaron nombramientos discrecionales con unas elecciones generales convocadas.
Al puesto de fiscal de Sala de Memoria Histórica y Derechos Humanos, creada con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, aspiran cuatro candidatos. La favorita es Delgado, que ascendió a la máxima categoría de la carrera fiscal en septiembre. Aunque en octubre debía reincorporarse a su plaza en la Audiencia Nacional, su sucesor en el cargo la promovió a fiscal de Sala del Tribunal Supremo, lo que generó un gran descontento en el Ministerio Público.
