La Audiencia Nacional ordena la detención del exjuez Presencia por no acudir a declarar
El exmagistrado se encuentra investigado por dos posibles delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes
El ex juez Fernando Presencia. | Alberto Ortega (Europa Press)
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez que ordene la búsqueda y detención del exjuez Fernando Presencia después de que éste no se haya presentado tras ser citado como imputado por el instructor Joaquín Gadea. Todo ello en el marco de la investigación que se sigue por la actividad «delictiva» de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP).
El Ministerio Público pide también la detención por incomparecencia al llamamiento judicial de Lidia Reina, Alejandro Diges y Álvaro Arteaga, colaboradores de la presunta organización delictiva por no haberse presentado ante el magistrado. Con respecto a los tres que sí han comparecido en calidad de investigados -Alberto y Santiago Royuela y Juan Martínez Grasa-, que según fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias sólo han respondido a su defensa y al juez, la Fiscalía solicita la prisión provisional comunicada y sin fianza.
Según informa el Ministerio Público, los delitos atribuidos a los investigados en una primera calificación jurídica son contra el honor, contra las altas instituciones del Estado, delitos de organización criminal o grupo criminal, estafa agravada o delito de apropiación indebida agravada, delitos de falsedad y delito de asociación ilícita. Señala que la prisión provisional se justifica por el riesgo de fuga, la posibilidad de que oculten fuentes de prueba y el riesgo de comisión de otros hechos delictivos.
ACODAP
Presencia, presidente de la ACODAP está siendo investigado por la Audiencia Nacional porque el juez aprecia «indicios suficientes y racionales» de que esa asociación es ilícita y se ha constituido «con la sola finalidad de delinquir», utilizándola como un mero instrumento para el lucro de los miembros de la organización criminal. Señala que el líder de la misma es Presencia, del que subraya que ha hecho de la maquinaria delictiva de ACODAP su único ‘modus vivendi’.
Esta asociación ha sido utilizada, según la investigación, para difundir denuncias mendaces contra altas instituciones del Estado con el objetivo de desprestigiarlas. Esas denuncias falsas habrían encontrado altavoz además en redes sociales afines. La comparecencia de este miércoles se producía días después de que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, en línea con el informe de la Fiscalía, acordara también la suspensión cautelar de actividades de ACODAP al considerar la medida «idónea, pertinente y proporcionada».
En su auto del pasado 23 de junio, el juez ponía el foco en que Presencia usaba ACODAP para ganar dinero mediante aportaciones de personas que creen estar luchando contra la corrupción y señalaba que tras un año de investigación se constata la reiteración delictiva por parte de los investigados «en la afectación permanente de los bienes jurídicos que se están viendo lesionados en este procedimiento».
Las cuentas corrientes
La resolución recogía también las conclusiones de los informes de la UCO que acreditan la falsedad de la trama delictiva, que consistía en atribuir cuentas corrientes en el extranjero a diferentes personalidades, muchos de ellos magistrados del Tribunal Supremo.
El estudio de los metadatos permite comprobar, según el auto, en relación con los documentos elaborados de datos de una cuenta corriente, que se trata de un documento elaborado íntegramente por unos de los investigados, Alberto Royuela. Se puede comprobar, añadía el magistrado, que es el mismo formato de extracto bancario aportado por la entidad Morabanc para otras tantas personas y el mismo formato usado para otras informaciones bancarias de otras entidades.
La UCO señalaba en su informe que el formato es el mismo con independencia de la entidad bancaria que lo emita, sin que en dicho documento aparezca ni el sello de la entidad ni el email, número de teléfono o dirección postal. «El hallazgo de esta evidencia nos sitúa ante una plantilla o modelo en formato ‘Word’ creados para fabricar los documentos bancarios que se acompañan a las denuncias donde se imputa a diferentes personas la titularidad de depósitos en entidades bancarias situadas en paraísos fiscales», indicaba.
Por otro lado, el magistrado señalaba que pese a los esfuerzos por mitigar la difusión de denuncias de ACODAP la organización investigada sigue operando cada día «con total impunidad». Indicaba además que después de un año de iniciar el procedimiento «la mecánica criminal se encuentra plenamente operativa, sin que los reiterados intentos por impedir la comisión delictiva hayan dado sus frutos».
En este sentido, Gadea incluía un oficio de la UCO que advertía de que se había detecctado nuevo dominio, ‘ACODAP.UE’, vinculado a la asociación investigada y que sirve a los mismos fines. Apuntaba el juez que este nuevo dominio permite constatar la existencia de un nuevo reclamo de aportaciones económicas facilitando para ello una cuenta corriente de Lituania, y añadía que los miembros de la organización siguen con la misma estrategia de publicación de denuncias falsas, entre ellas, «las que se dirigen contra el presidente y otros magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». De hecho, esa reiteración delictiva es la que daba pie al magistrado a señalar en su auto que se imponía la adopción de medidas cautelares «encaminadas a poner fin(…) a esta situación».
