Jueces del Supremo ven encaje legal a la amnistía, pero la califican de «despropósito»
Los magistrados admiten su preocupación, aunque la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional
Carles Puigdemont flanqueado por el Tribunal Supremo y la Constitución. | Alejandra Svriz
La amnistía que exige Carles Puigdemont mantiene en vilo a la cúpula judicial. La consideran «un despropósito» que vulneraría uno de los principios fundamentales, el de igualdad, ya que supondría dar un trato privilegiado ante la ley a una parte de la ciudadanía. No obstante, reconocen que el debate es jurídico. El término no aparece en la Carta Magna y esta es interpretable. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre su aplicación, pero diversos jueces del Tribunal Supremo reconocen en privado que podría tener encaje legal.
Los jueces del Supremo están preocupados con la posibilidad de que Pedro Sánchez acepte una amnistía para asegurarse los votos de Junts en una hipotética investidura. Reconocen que, en ese escenario, no tendrían más remedio que acatar la decisión y aplicar la ley, aunque no descartan que la medida pueda ajustarse a la Constitución. Lo reconocen incluso algunos magistrados de reconocida tendencia conservadora.
El asunto sigue sin poner de acuerdo a los especialistas en Derecho Constitucional, divididos entre partidarios y detractores. La polémica está servida. Varios jueces del Supremo reconocen en privado que, aunque hay que estudiarlo a fondo, podría ser compatible con la Carta Magna, un texto «interpretativo». La última palabra en todo caso la tendrá el Tribunal Constitucional, con una abultada mayoría progresista.
La exigencia de la amnistía
Puigdemont exigió el martes desde Bruselas una amnistía y la figura de un relator para mediar en la negociación entre los secesionistas y el Gobierno. Esa es su oferta para apoyar la investidura de Sánchez. El expresidente catalán afirmó que estaba dispuesto a negociar siempre y cuanto el acuerdo no sea «un parche, sino un compromiso histórico». Desde el Supremo advierten de que ese acuerdo «legitima el intento de secesión».
La amnistía beneficiaría a los encausados por el procés, aunque podría alcanzar a más de 4.000 personas. Todas ellas independentistas con cuentas pendientes con la justicia, no solo políticos procesados (algunos de ellos ya indultados), sino también activistas que cometieron actos de vandalismo o quema de banderas, entre otras cosas.
Aplicar este instrumento jurídico que impide un procedimiento penal pondría en tela de juicio el trabajo que ha desarrollado durante estos cinco años y medio los jueces del Supremo, especialmente el instructor de la causa, Pablo Llarena. Algunos de sus compañeros son reacios a que se realice un indulto general, prohibido por la ley, aunque reconocen que se puede buscar una fórmula que salve ese obstáculo y que tenga los mismos efectos de desjudicialización.
El expresidente catalán salió de España en 2017. Aunque se activó una orden de detención europea, Llarena la retiró hasta que se pronunciaran los tribunales comunitarios, ya que Puigdemont es eurodiputado y, por el momento, disfruta de inmunidad parlamentaria. El Tribunal General de la UE (TGUE) se mostró hace semanas a favor de retirársela, pero aún está pendiente que resuelva la cuestión el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Podría hacerlo en octubre.
La amnistía de 1977
Otros magistrados cercanos a las tesis progresistas consideran que Puigdemont no es un prófugo porque no ha sido condenado y ni siquiera existe una orden internacional para su detención. Incluso hay fiscales que defienden la existencia de recovecos para aplicar la amnistía. Ponen de ejemplo la que se promulgó en 1977 para superar el franquismo porque, aunque entró en vigor antes de que se aprobara la Constitución, demuestra que existen mecanismos para desarrollarla.
Como avanzó THE OBJECTIVE, la defensa de Puigdemont ya tiene muy avanzada una propuesta legal para que no se produzcan «errores técnicos» y sea una realidad que beneficie al grueso del movimiento independentista y no solo a sus cabecillas, como denuncian que hicieron los indultos. El PSOE asegura que siempre estará bajo el «marco» de la Constitución en lo relativo a la amnistía. De hecho, en los últimos años varios dirigentes socialistas han declarado su inconstitucionalidad.
En noviembre de 2019, apenas una semana antes de que Sánchez ganara las elecciones, los independentistas catalanes ya propusieron la amnistía como solución para sacar de las cárceles a los líderes separatistas, que en aquel momento se encontraban en prisión. La respuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue contundente: «Todas las pretensiones que se formalicen tienen que ser en el marco de la Constitución y de la ley. No está reconocida».
Después de aquello, varios ministros se pronunciaron de manera similar. La exvicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, fue rotunda en abril de 2021 al afirmar en el Senado que la amnistía «no es planteable en un Estado constitucional y democrático» porque supondría «suprimir el poder judicial».
Las negativas del PSOE
Juan Carlos Campo, entonces ministro de Justicia y ahora magistrado en el Constitucional, afirmó en La Sexta que la amnistía para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 «no cabe en la Constitución». Lo aseveró solo un día después de que el Gobierno aprobase los indultos a los presos del procés. El debate sobre este instrumento jurídico llegó al Congreso en marzo de 2021. Entonces la Mesa de la Cámara, presidida por Meritxell Batet, la vetó.
El rechazo venía avalado por un informe de la Asesoría Jurídica que aconsejaba inadmitir a trámite la proposición de ley. Los letrados la consideraban un «indulto de carácter general» camuflado y, por tanto, contraria al artículo 62 i) de la Constitución. Entonces, solo los dos representantes de Unidas Podemos votaron a favor de dar luz verde a su tramitación. Años antes, el PSOE había recurrido al Constitucional la amnistía fiscal del PP y la corte de garantías la tumbó.
