La Fiscalía recurre la inadmisión de una querella en Barcelona por torturas durante el franquismo
El Ministerio Público ha actuado en coordinación con la nueva unidad de Memoria Democrática y Derechos Humanos
Sede de la Fiscalía General del Estado. | EP
La Fiscalía de Barcelona ha recurrido directamente en apelación ante la Audiencia Provincial la decisión del Juzgado de Instrucción Número 18 de la ciudad condal de inadmitir la querella presentada por el sindicalista Carles Vallejo por las torturas que habría sufrido en 1970 y 1971 durante su detención en la Prefectura Superior de Policía de Vía Laietana, según ha informado el Ministerio Público.
La Fiscalía de Barcelona ha actuado en coordinación con la nueva unidad de Memoria Democrática y Derechos Humanos, a cargo de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, que emitió un informe a favor de recurrir la inadmisión.
Dicho informe argumenta que la nueva Ley de Memoria Democrática (LMD) establece la obligación del Estado de investigar para satisfacer el derecho de las víctimas a saber, según las fuentes fiscales consultadas por Europa Press.
En un comunicado, el Ministerio Público ha explicado que esta inadmisión «resulta prematura, puesto que, tras la entrada en vigor de la LMD, no cabe el rechazo de plano de la querella, sino que es necesario llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto para poder adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento«.
La Fiscalía «recuerda, además, que la doctrina jurisprudencial alegada en el auto recurrido corresponde a un marco jurídico anterior a la LMD». Ahora, se trata de aplicar «el derecho a la justicia integradora» y «una interpretación con enfoque de Derechos Humanos y respetuosa con los principios vertebradores del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los Tratados y Convenios sobre la materia».
Cabe recordar que esta fue la primera querella presentada después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, por la que se creó la plaza de fiscal de sala especializado en esta materia y en Derechos Humanos, cargo que ocupa Delgado.
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), una de las entidades memorialistas que apoya a Vallejo en esta batalla judicial, destaca asimismo que a raíz de este caso la Fiscalía se posicionó por primera vez a favor de la admisión a trámite de una querella por los crímenes del franquismo.
El escrito, presentado hace casi un año con el apoyo de Irídia y Òmnium en el marco de la campaña ‘Via Laietana 43, fem justícia, fem memòria’, se dirigía contra seis agentes de la Brigada Político Social por sus presuntas agresiones a Vallejo, «en un contexto de tortura y maltratos generalizados y sistemáticos contra una parte de la población», según informó CEAQUA.
La campaña subraya que esta querella «tiene un fuerte componente simbólico para la lucha memorialista de la ciudad de Barcelona, ya que las torturas se produjeron en la Prefectura de Vía Laietana 43, que es uno de los símbolos más emblemáticos de la topografía del terror de la ciudad, definida por el propio afectado como ‘el agujero negro de la represión franquista'».
Para Vallejo, estos hechos constituían un crimen de lesa humanidad en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero la titular de dicho juzgado inadmitió la querella al considerar, por contra, que no puede enmarcarse en esta categoría, apuntando además que el presunto delito estaría amparado por la Ley de Amnistía de 1977 y, en todo caso, prescrito.
«Un paso atrás para la Justicia»
‘Via Laietana 43’ entiende que esta decisión judicial «supone un paso atrás para la Justicia en el Estado español», contraponiéndola a «los últimos precedentes positivos, entre los cuales se cuenta la admisión a trámite y el inicio de las investigaciones de la querella de Julio Pacheco por hechos similares en Madrid».
Las entidades memoralistas que conforman la campaña denuncian que «la negativa a investigar los crímenes del franquismo supone una vulneración del derecho a la verdad, la justicia y la reparación», así como «la continuidad y permisibilidad del modelo de impunidad basado en el silencio y el olvido aún vigente en el Estado español».
En este sentido, indican que «la querella de Carles se une a una lista de más de 100 denuncias inadmitidas», si bien avanzan que «continuarán insistiendo en que el derecho a la justicia y a la reparación de las víctimas de crímenes del franquismo debe llevarse a cabo en los tribunales y que éstos deben interpretar las leyes de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos».
