Los expertos reclaman al PP que renuncie a cerrar la Oficina Anticorrupción de Baleares
La fundación Hay Derecho considera que se trata de una iniciativa partidista que carece de evaluación
Marga Prohens en su investidura como nueva presidenta de Baleares. | Isaac Buj (Europa Press)
Los expertos reprochan al PP que maniobre para cerrar la Oficina Anticorrupción de Baleares. Hay Derecho reclama a la formación que preside Alberto Núñez Feijóo que retire la proposición de ley que registró a principios de mes en el Parlamento regional para eliminarla. Afirma que se trata de una iniciativa partidista que carece de evaluación. Los populares, que gobiernan las islas con apoyo de Vox, alegan que el órgano duplica funciones de otros organismos y que se creó sin consenso político. Pretenden que, en su lugar, la Cámara autonómica cree un registro de actividades, intereses y patrimonio de los cargos públicos.
El PP de Baleares registró el pasado 9 de octubre una Proposición de Ley de Transparencia y Control de cargos público que incluye el cierre de la Oficina Anticorrupción. La portavoz parlamentaria adjunta, Marga Durán, esgrimió que llevaban meses trabajando en el documento porque su partido «siempre ha defendido» el cierre «por su coste desorbitado» y «para evitar duplicidades». El órgano tuvo el año pasado un presupuesto de 1,3 millones de euros.
Durán alegó durante su comparencia que la Oficina Anticorrupción se ha utilizado desde su creación en 2016 «como herramienta política para hacer daño a un partido», en referencia al PP. No obstante, negó que la proposición de ley se registrara a consecuencia de que el órgano haya acusado al director general de Emergencias del Govern, Sebastià Sureda, de liderar una presunta trama de corrupción urbanística en la localidad mallorquina de Campos desde 2015.
El PP y la falta de consenso
Hay Derecho, una fundación sin ánimo de lucro que trabaja en favor del Estado de derecho y contra la corrupción, reconoce que le resulta «paradójico» que una de las primeras medidas del PP tras recuperar el Gobierno de Baleares (con el apoyo externo de Vox) sea la de eliminar «instituciones clave para la lucha contra el fraude, la corrupción y la promoción de la ética en el sector público y privado».
«La lucha contra el fraude y la corrupción no puede estar al albur de cada vaivén político. Este es un asunto de máxima importancia para el interés general. Si es mejorable la oficina debe hacerse sobre una evaluación técnica de su funcionamiento y las medidas dirigirse a su mejora, no usar excusas políticas para suprimirla», indica Safira Cantos, directora general de Hay Derecho. Considera que, en interés del buen uso de los fondos públicos, no pueden eliminarse sin más los organismos de control.
Irene Noriega, responsable del estudio contra la supresión de la Oficina Anticorrupción de Baleares, sostiene que el PP ha justificado la medida como una mejora de la eficiencia administrativa «por las supuestas duplicidades con las funciones de otros organismos» Algo que, afirma, no es cierto. «No hay duplicidad porque en la ley de esta oficina está que cuando el asunto competa a la Fiscalía debe remitirlo a ella», insiste la investigadora.
En su opinión, suprimir el órgano acabaría con «décadas de avance» en la lucha contra la corrupción. Considera que el PP ignora las obligaciones legales internacionales, como la directiva europea 2019/1937, que aboga por el establecimiento de sistema de protección específicos para los informantes de corrupción. «De ser suprimida esta oficina, quedarían huérfanos de uno de los mecanismos de protección, ya que la autoridad nacional aún no ha sido creada».
Cinco oficinas autonómicas
El Gobierno central realizó la transposición en marzo, así que tiene hasta el verano del próximo año para crear una estrategia nacional contra la corrupción. En España existen cinco entidades autonómicas que lucha contra esta lacra: en Cataluña, en Valencia, en Andalucía, en Navarra y la citada de Baleares, que vive sumida en la incertidumbre. El PP le da tres meses de vida una vez que entre en vigor su proposición de ley.
Algunas de estas entidades han sido pioneras en la lucha contra la corrupción. En el caso de Baleares vio la luz en 2016. Noriega recuerda que su director se elige por mayoría cualificada del Parlamento, esto es, tres quintos, lo que supone «una garantía de independencia». Su equipo lo conforman un grupo de funcionarios públicos independientes. Otro de los argumentos del PP para acabar con el órgano es que se creó sin consenso político.
Noriega niega la mayor. En su opinión, a los populares les mueve «un interés partidista» porque estas oficinas son «incómodas para los gobiernos». El órgano iniciada investigaciones de oficio y de forma independiente a través de informaciones de ciudadanos anónimos, en muchos casos funcionarios, a los que las normativas obligan a proteger. Suprimir la Oficina Antifraude de Baleares, insiste la investigadora, sería dejarles «huérfanos» de los mecanismos de protección.
«Una medida de esta trascendencia debería, al menos, ser sometida a debate público y basarse en evidencias sólidas, máxime cuando se trata de garantizar la lucha contra la corrupción en general y el buen uso de los fondos públicos en particular», afirma Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho. En esa línea se muestra Cantos, para quien «es evidente que esta iniciativa no responde a una voluntad de mejorar la eficacia de la administración en la lucha contra la corrupción».
La Generalitat Valenciana, gobernada por PP y Vox, ya eliminó en agosto la Oficina de Recuperación de Activos, un órgano que hacía seguimiento de los procedimientos judiciales que supusieron un perjuicio económico a la región. Desde su creación hasta enero de este año, el órgano había conseguido recuperar para el erario público más de ocho millones de euros. La justificación del Gobierno regional es que el expresidente Ximo Puig se arrogó competencias que correspondían a la Abogacía de la Generalitat.
