Un error judicial anula la causa por corrupción del marido de la exdirectora de la Guardia Civil
La Audiencia de Sevilla concluye que la instrucción estaba caducada cuando el juez dictó la imputación de ambos
La exdirectora general de la Guardia Civil María Gámez | Álex Zea (Europa Press)
Un error judicial acaba con la causa de corrupción contra el marido de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez. Esta investigación la llevó a dimitir el 22 de marzo de 2023. Según informa el diario ABC, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un auto en el que estima el recurso presentado por Bienvenido Martínez Martínez, cuñado de Gámez y hermano de Juan Carlos Martínez -el marido de la antigua responsable del Instituto Armado-.
El auto iba contra la resolución del juez instructor, José Ignacio Vilaplana, en la que citaba a ambos como investigados por supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales. En concreto, el marido de Gámez estaba siendo investigado por el desvío de fondos públicos millonarios desde IDEA -la agencia de la Junta de Andalucía que pagaba las ayudas irregulares de los ERE- hacia una trama empresarial montada por él, su hermano Bienvenido y un tercer hermano, Manuel.
En la resolución a la que ha tenido acceso ABC, dictada el pasado 24 de octubre, el tribunal ha resuelto este recurso. De esta forma, concluye que el plazo de instrucción estaba ya caducado en febrero de 2023, cuando se dictó el auto de imputación, atendiendo al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este marca un sistema de plazos y prórrogas de las investigaciones penales para evitar que se alarguen indefinidamente.
Así, la Audiencia da la razón al cuñado de Gámez. Declara como «preconcluida la instrucción de la presente causa con fecha del 29 de julio de 2022», por lo que todas las pesquisas y resoluciones adoptadas después quedarían anuladas. Esto incluye la llamada al procedimiento de ambos como investigados y el informe pericial, por ejemplo.
La impugnación ha partido del mismo letrado que consiguió tumbar el caso de corrupción de Isofotón por otro defecto de forma. En este, otro juzgado estaba investigando a 37 ex altos cargos de la Junta y a la fotovoltaica malagueña que cerró tras recibir 80,5 millones de euros de dinero público de forma irregular cuando el PSOE gobernaba la comunidad.
